La Comisión Europea ve falta de independencia en la Oficina de Conflictos de Intereses

La Oficina de Conflictos de Intereses, que examinará las presuntas incompatibilidades de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa, debe mejorar su independencia y autonomía. Así lo detalla el último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en España, del pasado mes de julio, donde advierte de las carencias de este organismo, adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.

El escrito señala los deberes de la oficina en el apartado sobre la lucha contra la corrupción y algunas particularidades a subsanar sobre su actividad. "Las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración no se aplican suficientemente", dice.

Y acto seguido indica las lagunas detectadas pese a las advertencias del propio organismo comunitario y del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, en el informe del año anterior, que advertía de la misma circunstancia. "Aunque tanto el GRECO como el Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 hacían referencia a la necesidad de reforzar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses, las normas que rigen su independencia y autonomía permanecen inalteradas", asevera la Comisión.

La Oficina de Conflictos de Intereses, que dirige Flor María López Laguna, es la encargada de supervisar las posibles incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos del Estado en el ejercicio de sus funciones, entre otras cuestiones. El ente determinará ahora, a instancias de una denuncia del PP, si Sánchez debió inhibirse o ausentarse en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate millonario de Air Europa en 2020, habida cuenta de los vínculos de su mujer, Begoña Gómez, con Globalia, el holding propietario de la compañía aérea. Como desveló El Confidencial, la empresa patrocinó las actividades de Gómez como directora del Instituto de Empresa (IE) Africa Center.

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El PP pide inhabilitar a Sánchez hasta 10 años por una "falta grave", recogida en la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Los populares, que ya han registrado la denuncia, señalan los "vínculos de naturaleza económica y profesional" de Globalia con Gómez y citan el artículo 11.b de la norma, que considera intereses personales los de "familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad".

Fuentes populares muestran su "confianza" en que la Oficina de Conflictos de Intereses actúe con "criterios de independencia y objetividad" pese a depender del ministerio de José Luis Escrivá. "Esperamos que esta oficina no se guíe por las mismas actitudes sectarias que ya rigen en el CIS o la Fiscalía General del Estado", subrayan en Génova.

El PSOE, sin embargo, hace una interpretación muy distinta del mismo artículo y cuestiona el fondo de la denuncia. Los socialistas, que acusan a los populares de utilizar la oficina para "intoxicar" y "manipular", aseguran que no tiene ningún recorrido jurídico porque el mismo artículo 11 de la ley establece que el familiar en cuestión debe ocupar un puesto de dirección, de asesoramiento o de administración en la empresa. Ferraz, incluso, asegura que la Oficina de Conflictos de Intereses ya ha desestimado una denuncia en "términos similares" de un ciudadano anónimo. Este periódico ha preguntado sobre este procedimiento, pero la formación no ha aclarado los detalles ni cómo ha tenido acceso a la resolución.

El informe de la Comisión Europea del pasado verano también advierte de que urge un nuevo mecanismo para aplicar las eventuales sanciones y mejorar el cumplimiento de la ley. "La Oficina de Conflictos de Intereses, encargada de supervisar las normas sobre conflictos de intereses y el sistema de declaración de patrimonio de altos cargos y miembros del Gobierno, todavía no ha elaborado un manual de procedimientos para hacer frente mejor a las posibles infracciones", añade el escrito sobre otra de las recomendaciones de ejercicios anteriores.

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López Laguna lleva al frente de la oficina desde 2007 de forma ininterrumpida y fue avalada por Pedro Sánchez en septiembre de 2018. Este respaldo ya despertó algunos recelos en la oposición, que apuntaron al bajo número de sanciones o resoluciones negativas en los últimos años. La pasada legislatura, Ciudadanos preguntó en comisión parlamentaria por qué solo habían rechazado el 2% de los miles de solicitudes de incompatibilidad, a lo que la directora de la entidad contestó que los implicados ya saben "qué se puede hacer y qué no". López Laguna, además, siempre defendió la "independencia" de los funcionarios.

El nivel de decisiones contra miembros del Gobierno o altos cargos de la Administración se mantiene estable y sin un aumento significativo. La Oficina de Conflictos de Intereses solo ha resuelto diez expedientes en ese sentido en los últimos 10 años, según los balances anuales publicados hasta el pasado 31 de diciembre. El siguiente se conocerá en junio.