La jefa de ordenación de la Seguridad Social deberá abstenerse por conflicto de interés

La Oficina de Conflictos de Interés ha detectado incompatibilidades de la nueva directora general de ordenación de la Seguridad Social, Marta Morano Larragueta, nombrada por el Consejo de Ministros el pasado 16 de enero, y procedente del sector privado. Morano es la esposa de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresas, desde el 29 de diciembre de 2023, cuando tomó la cartera en sustitución de Nadia Calviño.

Morano ya ha sido advertida por la Oficina de Conflictos de Intereses sobre posibles incompatibilidades de su nuevo cargo. El departamento dependiente de Función Pública, bajo control ahora de José Luis Escrivá, ya "ha comunicado a la citada directora general los asuntos o materias sobre los que deberá abstenerse durante el ejercicio de su cargo", según consta en documentación oficial remitida esta semana.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz confirman la incompatibilidad y señalan que "se insta a la abstención en decisiones referentes a la mutua donde trabajó los dos años anteriores". Desde el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, departamento del que depende la Oficina de Conflictos de Intereses, también confirman que ya se han dirigido a Marta Morano para indicarle (como exige la Ley 3/2015, de 30 de marzo) las obligaciones que tiene en relación a su régimen de abstención.

De Fremap a la Seguridad Social

Morano fue nombrada directora general en Seguridad Social después de cinco años como subdirectora general de Medio en la mutua Fremap. El nombramiento despertó suspicacias en la oposición. Desde el Partido Popular señalan que una de las competencias de la citada directora general es el conocimiento y evaluación de la gestión y situación económica financiera de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

Teniendo en cuenta que hasta enero Morano fue responsable del departamento de contabilidad, tesorería, presupuesto y contratación pública de la mutua Fremap, el principal grupo de la oposición se pregunta "si pudiera existir alguna circunstancia que pudiera comprometer su desempeño como directora general respecto de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, ya que tuvo responsabilidades económicas financieras en una de ellas".

El Gobierno explica que "a la vista de la declaración de idoneidad y del curriculum vitae de la sra. Morano es notorio que su anterior experiencia profesional constituye un activo valioso para desempeñar el cargo de Directora General de Ordenación de la Seguridad Social".

"Morano es miembro del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social. La mayor parte de su carrera profesional se desarrolla en el área de presupuestos, primero en la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, como vocal asesora de la Subdirección General de Política Presupuestaria y después en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social como Subdirectora de Seguimiento Económico del Sistema. Posteriormente, en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal forma parte del equipo de la División de Análisis Presupuestario y desde 2019 asume la Subdirección General de Medios en Fremap Mutua colaboradora de la Seguridad Social, como responsable del departamento de contabilidad, tesorería, presupuesto y contratación pública", señaló Moncloa tras su nombramiento.

Respecto de las potenciales incompatibilidades, el Gobierno recuerda que "la citada Ley 3/2015, de 30 de marzo, como la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el propio Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, establecen un estricto régimen de prevención de conflictos de intereses, imponiendo obligaciones de abstención para el supuesto en el que se pudiera plantear alguna situación, real o aparente, de conflicto de intereses del alto cargo con las actividades desempeñadas anteriormente".

A este respecto, el Ejecutivo explica el modus operandi de la Oficina de Conflicto de Intereses. De acuerdo con la información suministrada por el alto cargo en su declaración de actividades, se le informará acerca de los asuntos o materias sobre los que, con carácter general, deberá abstenerse durante el ejercicio de su cargo.

El papel del ministro

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participó en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el real decreto por el que se nombró a su mujer alto cargo del Gobierno. Así lo muestran las actas del Consejo de Ministros que adoptó esa decisión. Sin embargo, fuentes próximas al ministro señalan que no había posibilidad de abstenerse porque los reales decretos de nombramientos que se aprueban en Consejo de Ministros no tienen carácter deliberante, por lo que no se da el cuestionamiento de si debería inhibirse por conflicto de interés.

En el pasado, en asuntos con deliberación, otros miembros del Consejo de Ministros con conflictos de interés han optado por abstenerse. Este fue el caso, por ejemplo, de Soraya Sáenz de Santamaría. La que fuera vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia en el anterior Ejecutivo, decidió por voluntad propia no intervenir en una deliberación que afectaba a su marido, Iván de la Rosa, tal y como se recogió en documentación oficial. Otro ejemplo más reciente es el del 2 noviembre de 2021, cuando el gabinete aprobó un real decreto para regular la concesión de subvenciones a fundaciones ligadas a partidos políticos con representación en las Cortes Generales. Entonces, tanto el presidente Pedro Sánchez como todos los ministros con carné de partido se abstuvieron, por razones de conflicto de interés.

La Ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado define en su título Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades, artículo 11, que se considera "que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar (…) pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos".

La norma también aclara que por "intereses personales" se entienden no solo los propios del alto cargo, sino también "los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad", entre otros supuestos.