España aumenta la presión fiscal en la última década y reduce a la mitad la brecha con la UE

La presión fiscal en España (incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social) se sitúa en un nivel medio respecto de la Unión Europea –puesto doce de veintisiete países–. Lo singular, sin embargo, es su evolución. España, desde 2012, que marca un antes y un después debido a que entonces comenzó a normalizarse la economía tras la crisis financiera de 2008, ha sido el segundo país donde más ha crecido la relación entre recursos totales del Estado y PIB, hasta el punto de que ha recortado a la mitad la distancia con la UE. En 2022, en concreto, la distancia se situó en 2,5 puntos de PIB, lejos de los 6,9 puntos de distancia que existían una década antes, cuando la economía comenzó a sacar la cabeza después de la doble recesión.

Los datos los acaba de publicar Eurostat y recogen ya información de 2022, último año para el que existen estadísticas completas sobre las tendencias impositivas en Europa, y lo que ponen de relieve es que los más de cinco puntos que ha subido durante ese periodo han llevado a que la presión fiscal represente ya el 37,7% del PIB. La cifra, de hecho, contrasta con lo que ha sucedido de media en la UE, donde la suma de los impuestos y de las cotizaciones sociales (presión fiscal en el sentido más amplio y no sólo los recursos tributarios) respecto del PIB ha crecido en apenas 0,9 puntos porcentuales.

Los dos extremos los marcan Irlanda, el portaaviones de las empresas tecnológicas de EEUU a cambio de una baja tributación, donde la presión fiscal ha caído en nada menos que 7,4 puntos, y Eslovaquia, donde, por el contrario, se ha incrementado en 6,2 puntos de PIB.

La causa del aumento de la presión fiscal en España tiene que ver, fundamentalmente, con la evolución de los ingresos tributarios, aunque también la recaudación por cotizaciones sociales se ha incrementado de forma significativa. En este segundo caso, debido a un doble efecto: creación de puestos de trabajo (más cotizantes) y bases de cotización más elevadas, lo que aumenta los ingresos de la Seguridad Social. Las contribuciones sociales, en concreto, representaron en 2022 un 12,8% del PIB, lo que supone 1,1 puntos más que en 2012. Este incremento contrasta con lo que ha sucedido en la UE, donde su peso ha retrocedido tres décimas, hasta el 12,9%. Eso quiere decir que las cotizaciones a la Seguridad Social se sitúan ya en España en la media de la Unión Europea respecto del PIB.

¿Qué ha pasado con los impuestos directos? Es decir, con tributos como el IRPF o el de Sociedades, que gravan los beneficios empresariales. Pues que el incremento ha sido mayor. En 2012, la recaudación por impuestos directos representó el 10,4% del PIB, pero una década más tarde ya alcanzó el 12,7%. Es decir, una subida de más de dos puntos que supone algo más del doble de lo que han crecido en el conjunto de los países de la Unión Europea. Sólo en Lituania, Países Bajos y Luxemburgo se produjo un incremento mayor. Ahora bien, España vuelve a situarse en el nivel medio (puesto doce) respecto de la media comunitaria en presión fiscal sobre los impuestos directos.

La subida, como en el caso de las cotizaciones sociales, tiene que ver con un doble factor. Por un lado, por el aumento del empleo (algo más de 3,1 millones de ocupados desde entonces) y, por otro, por la no deflactación de las tarifas del IRPF para adecuarla a la inflación, lo que supone una subida de la presión fiscal en frío, sin que lo note el contribuyente. Cabe recordar que desde entonces los tipos impositivos sólo se han tocado marginalmente.

El comportamiento de los impuestos directos, en todo caso, ha sido muy parecido al de los indirectos (IVA), cuya recaudación se ha incrementado en la última década en 1,8 puntos porcentuales de PIB. De nuevo, muy por encima de la UE, donde el incremento ha sido de apenas una décima. España, en este caso, no en el resto, es uno de los países con menor presión fiscal sobre el consumo, como pone de relieve el que ocupa el puesto 19 de 27. Esto se debe, al margen de fenómenos como la economía sumergida, a la amplia base de artículos que tributan por debajo del tipo general (21%), muy superior a otros países europeos. Suecia saca a España nada menos que algo más de nueve puntos de PIB, mientras que, en el lado opuesto, vuelve a situarse Irlanda, donde apenas el 6,4% del PIB procede de la recaudación por IVA, la mitad que España.

La Agencia Tributaria estima que el tipo medio efectivo sobre la renta y el gasto (el que realmente se paga tras las deducciones y desgravaciones) se situó en 2022 en el 15,5%, un porcentaje similar al del año anterior. Ahora bien, con una importante diferencia. El tipo medio efectivo de las rentas se incrementó en un 4,3% por el aumento del tipo en salarios y pensiones. Esto fue consecuencia del incremento de sus rentas medias, y, un año más, por la pérdida de peso en las rentas de los hogares de las prestaciones por desempleo con tipo cercano a cero. Por el contrario, el tipo medio asociado al gasto –fundamentalmente IVA– disminuyó un 5,5% debido a las rebajas de los tipos impositivos para hacer frente a la escalada de la inflación en los productos básicos.

El año 2022, en todo caso, y para el conjunto de la Unión Europea, fue un ejercicio extraordinario en términos de recaudación gracias, sobre todo, a la inflación. Se recaudaron 6,38 billones de euros –récord histórico–, lo que supone un incremento del 8% respecto del año anterior.

Ahora bien, los ingresos procedentes de los impuestos sobre el capital aumentaron un 12,5% como consecuencia de los “crecientes beneficios” de las empresas, como sostienen los técnicos de la Comisión Europea. Los ingresos por impuestos al consumo, por su parte, crecieron un 6,9% respaldados por el aumento del gasto en consumo privado y una inflación galopante. Por último, los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales aumentaron un 6,8%, sostenidos por el continuo crecimiento del empleo. Como consecuencia de ello, los ingresos por impuestos al trabajo representan ya el 50,6% de los ingresos tributarios totales, los ingresos por impuestos al consumo suponen el 27,3% y el 22,1% restante se obtuvo de impuestos al capital.