Alcaldes y CCAA liquidan más de 3.000 'chiringuitos' desde la crisis financiera

El proceso de ajuste del sector público continúa. En particular, en el ámbito de la Administración local y autonómica. En el caso de los ayuntamientos, más de 2.300 entes y empresas públicas han sido cerrados desde 2009. El ajuste está siendo de tal calibre que el número total de entidades dependientes de los ayuntamientos –lo que se ha denominado en muchas ocasiones, no en todas, chiringuitos, ya que en muchos casos respondían a una necesidad racional y objetiva, se ha situado en niveles de 1997, lo que da idea del proceso de jibarización de la Administración local, cuyo tamaño se multiplicó a partir de ese año al calor del fuerte crecimiento que registró la economía española. La crisis financiera de 2008 truncó ese crecimiento y desde entonces se ha ido achicando el sector público local, que incluye a las diputaciones y cabildos.

Algo parecido ha sucedido en el caso de las comunidades autónomas, que siguen cerrando entes públicos. Hasta el punto de que su número se sitúa en el mínimo de la serie histórica, por debajo del nivel existente en 2004, cuando se decidió que se publicara su evolución, número y características. En total, a 1 de julio de 2023, quedan 1.790 entes, lo que significa 739 menos que en 2011, que marca un récord histórico. Sumando con los cerrados en los ayuntamientos, hoy hay 3.000 entes menos que en los años del boom económico.

Como sucede con los ayuntamientos, a partir del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de crédito se inició una fuerte caída que fue fruto de lo que se decidió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que obligó a los presidentes regionales a aprobar en un plazo de tres meses un plan de racionalización de las estructuras de sus respectivos sectores públicos, administrativo y empresarial. Ese proceso continúa hasta hoy, aunque ya no con las premuras del pasado.

Entes públicos

En el caso de los ayuntamientos, los datos del cierre de 2023 muestran, en concreto, la existencia todavía de 4.251 entes públicos vinculados a los municipios a través de las diversas formas jurídicas o administrativas con las que operan las administraciones, de los que más de la mitad son sociedades y organismos autónomos. El resto lo constituyen fundaciones, asociaciones, consorcios y una parte residual de entidades públicas empresariales.

En casi todos los casos, el descenso ha sido vertiginoso, salvo en las entidades públicas empresariales, cuya cifra, lejos de reducirse, se ha mantenido prácticamente igual: 55 en la actualidad. Las entidades públicas empresariales tienen personalidad jurídica propia y a ellas se les encomiendan determinadas funciones. Habitualmente se rigen por el derecho privado.

Hacienda ha estimado que el ajuste ha supuesto un ahorro en términos de gastos de explotación y no financieros equivalentes a 1.343 millones de euros. Esto se debe a que una parte de esos entes arrastraban importantes pérdidas. En concreto, de las 1.543 entidades eliminadas desde 2013, casi la tercera parte (el 32%) estaban en números rojos. Entre los entes liquidados se encuentran sociedades dedicadas a la promoción de municipios y comarcas, infraestructuras teatrales de difícil justificación, publicaciones o desarrollo del enoturismo con pobres resultados, además de otras más variopintas cuya naturaleza fundacional había quedado obsoleta, por ejemplo diversas conmemoraciones.

A destacar, en este sentido, el cierre de fundaciones vinculadas a los ayuntamientos, que en los años del boom económico llegaron a ser más de 900. Hoy, sin embargo, ha descendido hasta los 723. El año 2011, ya en plena segunda recesión de la economía española, fue el ejercicio en el que se suprimieron más entes públicos, pero en los últimos años se ha producido una clara desaceleración. En el primer semestre de 2023, por ejemplo, solo desaparecieron cuatro entes autonómicos de los 1.794 existentes gasta entonces.

Cataluña, a la cabeza

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el margen para cerrar entes públicos está muy condicionado por el tamaño de los municipios. Los datos de Hacienda muestran que entre los seis municipios con más de 500.000 habitantes hay de media 25 entes dependientes por ayuntamiento, mientras que entre los de menos de 5.000 el número medio se sitúa en apenas 1,2 por municipio. Barcelona, Sevilla y Málaga son los ayuntamientos con más entidades dependientes: 53, 36 y 22, respectivamente.

El número de entes autonómicos varía mucho en función de cada región. Esto tiene que ver en parte con las competencias de cada Gobierno. Así, por ejemplo, el inventario de entes públicos de Cataluña refleja la existencia de 365 entes, mientras que la Comunidad de Madrid, con un PIB ligeramente superior, tiene 125. La segunda región que cuenta con más entes es Andalucía, 194, seguida del País Vasco, 152.

El caso de Cataluña es singular, debido al elevado número de consorcios y fundaciones con los que cuenta la Generalitat. Nada menos que 114 en el primer caso y 97 en el segundo. También destaca el número de sociedades mercantiles, 65. Los consorcios son entidades dotadas de personalidad jurídica propia cuya finalidad principal es la realización de actividades o prestación de servicios de forma asociativa, por lo que en ocasiones participan otras administraciones o empresas del sector privado.

En todo caso, la fórmula más utilizada por los gobiernos regionales para esquivar los corsés administrativos son las fundaciones, que representan prácticamente la tercera parte (544) del total de entes públicos. El caso más llamativo, al margen de Cataluña, es el de Andalucía, con 69 fundaciones.