La cesión de tributos a las CCAA es un lastre más al crecimiento económico de España

La pérdida de posiciones de España en los rankings económicos globales evidencia los graves problemas de crecimiento que sufre el país. Los países del Este de Europa están adelantando a España en PIB per cápita y en los próximos años dejará de ser una de las quince mayores economías del mundo, según ha avanzado el FMI. Uno de los factores que más afecta a la capacidad de crecimiento de España es la fragmentación del mercado interior por la proliferación de regulaciones autonómicas y locales en las últimas décadas. La Comisión Europea pide sistemáticamente a España corregir esta deriva, pero lejos de haber terminado, está todavía desplegándose.

El PSOE ha aceptado hacer nuevas concesiones en materia tributaria a Cataluña. Junts negociará con el futuro gobierno la cesión del 100% de los tributos que se recauden en Cataluña, y el País Vasco se garantiza que cualquier modificación legal a nivel estatal que pueda afectar a su región necesite el apoyo del PNV y más cesiones en el concierto económico. Con estos acuerdos, dos de las comunidades más ricas de España conseguirán limitar su contribución a la solidaridad nacional y ganan capacidad normativa para fijar sus propios tributos y la cuantía de los ya existentes.

En definitiva, se trata de trocear, aún más, el sistema fiscal español. Es previsible que otras comunidades autónomas reclamen los privilegios que pueda conseguir Cataluña, en especial Madrid, que es la región que más contribuye a la solidaridad nacional. Y, por tanto, la que más tiene que ganar si se limita la redistribución de rentas entre territorios.

Para las empresas son nuevas trabas al crecimiento, ya que incrementa los costes burocráticos de extenderse a otra comunidad autónoma. Para los trabajadores se trata de un desincentivo a la movilidad geográfica, o un incentivo a irse allí donde los impuestos sean más bajos. Una carrera en la que las comunidades ricas siempre saldrán victoriosas porque recaudan más y, por lo tanto, pueden reducir su presión fiscal.

Las advertencias de la UE

La Comisión Europea ha advertido en numerosas ocasiones que el sistema regulatorio de España es uno de sus principales enemigos ante el crecimiento económico. "La fragmentación del mercado en España sigue siendo un obstáculo importante para el aumento de la productividad", señalaba la Comisión Europea en su informe sobre España de este año 2023. Además de añadir que se han realizado pocos avances hacia la unidad de mercado.

Para una pyme, o un autónomo, extender sus operaciones a una nueva comunidad autónoma implica grandes costes burocráticos para adaptarse a la regulación. Uno de los investigadores que más ha estudiado el impacto de la regulación sobre el crecimiento económico es Juan Mora-Sanguinetti. La conclusión es que "un incremento de un 1 % en el volumen de regulación se relaciona con un 0,05% menos empresas". Desde finales de los 70 la regulación se ha multiplicado por cuatro, lo que implica un aumento del 500%, lo que se deriva en un gran impacto sobre el establecimiento y el crecimiento de las empresas.

Una de las principales conclusiones de sus investigaciones es que en España hay todo un ejército de pymes y autónomos especializados en la regulación de cada territorio y que obtienen así una ventaja competitiva respecto a otras empresas que llegan desde fuera. Se aprovechan de que han crecido adaptándose a una normativa, y en muchas ocasiones, también conociendo a los políticos que han adoptado esas normas. Estos pequeños negocios son muy competitivos en su territorio, pero no tienen capacidad de crecimiento porque cuando salen a otras CCAA pierden su ventaja competitiva de la especialización en una regulación territorial.

Este es el reverso tenebroso de la fragmentación autonómica que está en la base de muchos de los problemas económicos de España. Las pymes tienen niveles bajos de inversión, lo que se deriva en poca innovación y productividad; sus empleos son precarios, lo que se deriva en trabajadores pobres; y su capacidad de crecimiento es muy limitada o nula. Así lo explica la Comisión Europea. "La baja productividad en España podría explicarse en parte por las dificultades a las que se enfrentan las pymes a la hora de expandirse", reconoce la Comisión Europea.

Ricos contra pobres

El discurso de la infrafinanciación de las comunidades autónomas esconde el reverso de la lucha de clases. Cataluña tiene una financiación por habitante que se sitúa en línea con la media nacional. Es muy similar a la de Madrid y superior a la de las regiones con peor reparto, como Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha. En este artículo se detallan las diferencias de financiación por CCAA.

Aunque los ciudadanos de Cataluña no tienen menos recursos que la media nacional, muchos se sienten infrafinanciados porque son contribuyentes netos a la solidaridad nacional. Aportan más de lo que reciben, esa es la realidad. Lo que pretenden es que esta cuantía sea inferior, como ya hacen País Vasco o Navarra gracias a sus sistemas forales.

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Se trata de un conflicto recurrente entre ricos y pobres por el reparto de la renta. Cataluña podría pagar menos impuestos y tener los mismos recursos si redujese su aportación a las regiones más pobres. Las rentas altas saldrían ganando, ya que son quienes actualmente son contribuyentes netos (pagan más impuestos de lo que reciben en prestaciones sociales y bienes y servicios públicos).

La concesión de mayor autonomía fiscal a las comunidades autónomas genera dos problemas para las regiones pobres: complica su convergencia y les deja en una posición de desventaja ante un proceso de competencia fiscal. En el caso de la convergencia: si tienen menos recursos públicos, tendrán menos capacidad para invertir en educación, sanidad, infraestructuras, etc. En el caso de la competencia fiscal, las CCAA más ricas pueden competir a la baja en impuestos, ya que sus bases imponibles son mayores.

La concesión de mayor autonomía fiscal a las comunidades autónomas genera problemas para las regiones pobres

Es precisamente lo que hace la Comunidad de Madrid con su capacidad normativa. Como los salarios y los precios son más altos, los impuestos recaudan más con tipos impositivos más bajos. En paralelo, la bajada de impuestos permite atraer población y actividad económica de otras regiones que tienen impuestos más altos.

El Gobierno abre ahora un proceso de negociación con Junts para ceder más tributos a las comunidades autónomas, lo que abre la puerta a aumentar la competencia fiscal entre territorios. En Europa, la competencia fiscal ha derivado en bajadas de impuestos, sobre todo a las empresas. Los países europeos han desmontado progresivamente la tributación sobre las sociedades en las tres últimas décadas para atraer inversión. Lo único que han conseguido es deteriorar su capacidad fiscal sin conseguir avances en inversión, porque cuando todos bajan los impuestos, solo ganan los que pueden llegar más lejos (como han sido Irlanda y Luxemburgo).

A nivel internacional se están impulsando iniciativas para establecer niveles mínimos en los impuestos, tanto en el marco de la OCDE como de la Unión Europea. Esta búsqueda de acuerdos para armonizar los impuestos y evitar la competencia fiscal a la baja va en el sentido opuesto de la fragmentación que se deriva de los acuerdos de legislatura firmados por el PSOE. Un escenario difícil de encajar con el objetivo de redistribución que persigue el Ejecutivo.

En el País Vasco las rentas del cuarto quintil de renta (quienes se sitúan entre el 60% y el 80% de más renta) reciben más de lo que aportan al sector público. Se trata de ciudadanos con una renta que va desde 52.000 hasta 81.000 euros anuales. Según los cálculos de Julio López Laborda, Jorge Onrubia y Carmen Marín, de Fedea, este grupo tiene un beneficio fiscal neto equivalente al 3,8% de su renta.

Se trata de una excepción, en pocas CCAA el cuarto quintil de renta recibe más de lo que paga. En Madrid, por ejemplo, este mismo grupo hace una aportación neta equivalente al 11.4% de su renta y en Cataluña paga el 2,9% de su renta. Es el resultado del concierto económico, ya que al conseguir una relación fiscal favorable respecto al resto del país, la comunidad tiene recursos suficientes como para que la mayoría de los ciudadanos reciban más de lo que aportan. Esto no ocurre en el resto de comunidades ricas y es lo que quiere evitar Cataluña. Ahora es su momento para conseguirlo, porque el sistema de financiación autonómica está en rebajas.