Lo viejo, lo nuevo y lo incierto: radiografía económica del acuerdo para reeditar la coalición

Una de las palabras más repetidas en el texto del acuerdo para reeditar la coalición de gobierno entre el PSOE y Sumar es seguiremos (22 veces). Continuaremos aparece en más de una decena de ocasiones, culminaremos en cinco y consolidaremos o mantendremos también forman parte del repertorio. Decía el dramaturgo Jacinto Benavente que una cosa es continuar la historia y otra, repetirla. Con el permiso del expresident fugado Carles Puigdemont, los partidos que apoyan al Ejecutivo parece que quieren hacer ambas cosas en esta nueva legislatura.

Las 48 páginas del acuerdo conocido este martes dibujan una obra continuista con la política económica del que, en 2020, se convirtió en el primer Gobierno de coalición en la historia de la joven democracia del 78 (y, probablemente, uno de los más escorados a la izquierda). Pero también despiertan un cierto déjà vu a quien haya seguido los consejos de ministros de los últimos cuatro años: hay medidas que simplemente se repiten, o bien porque en la legislatura anterior ya entraron en vigor y ahora se prorrogan, o incluso se vuelven a vender debido a su escaso éxito, o bien porque el Ejecutivo las aprobó, pero el Congreso de los Diputados no llegó a refrendarlas debido al adelanto electoral decretado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Entre las novedades, que también las hay, el endurecimiento del impuesto de sociedades y la reducción de la jornada laboral, que fue el principal escollo que retrasó el acuerdo entre ambos partidos, han acaparado los titulares. Sin embargo, no está del todo claro hasta qué punto se podrán materializar en la práctica. Lo viejo, lo nuevo y lo incierto se entremezclan en el plan del PSOE y Sumar para la legislatura que comienza.

La reducción de la jornada laboral

Las dos medidas estrella del acuerdo entran en el terreno de lo incierto. Los socios de la coalición han pactado reducir la jornada laboral obligatoria de las 40 horas establecidas por ley desde 1983 hasta las 38,5 horas en 2024 y las 37 horas en 2025. A partir de ese año, estipula el documento, "se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal, teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas". Los sindicatos ya han dicho que su intención es acabar la legislatura en las 35 horas, mientras que la patronal ha tachado la propuesta de "atropello constitucional".

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Más allá de las dificultades en el seno del diálogo social y en el Parlamento —la medida exige una modificación del Estatuto de los Trabajadores, para lo que es necesario el apoyo de las derechas vasca (PNV) y catalana (Junts)—, lo cierto es que para que un anuncio así surta efecto es necesario mucho más que dictar una ley. Se ha visto con muchas otras regulaciones en el ámbito laboral aprobadas durante los últimos años, como las del teletrabajo o incluso el registro horario. ¿A cuántos trabajadores les paga su empresa la silla y el aire acondicionado de su vivienda? ¿Qué porcentaje de los empleados de hostelería ficha cada día al llegar y al salir del bar?

Los inspectores de Trabajo advirtieron este martes de que, sin un refuerzo de la plantilla, será imposible conseguir que las empresas apliquen la nueva norma. Además, la oposición de las tres grandes patronales del país (CEOE, Cepyme y ATA) demuestra que la cultura empresarial está muy lejos del punto que plantea el Gobierno. Según los datos de Eurostat, el número medio de horas trabajadas en los contratos a tiempo completo se situó en el primer trimestre en 39,2 semanales, a pesar de que, según los datos del Ministerio de Trabajo, la inmensa mayoría de los convenios del sector privado recogen jornadas inferiores a esa cifra, mientras que en el sector público ya se sitúan, con carácter general, en 37,5 horas. Los trabajadores fuera de convenio serían, por tanto, los principales beneficiados.

La reducción de la jornada implica un incremento automático de los costes laborales en el país con más paro de la Unión Europea

PSOE y Sumar alegan que esta medida servirá para mejorar la productividad, tras dos décadas estancada, aunque la patronal advierte de que su efecto variará mucho en función de los sectores. No es lo mismo una cadena de montaje, donde se pueden ajustar los procesos para intentar ganar un poco de eficiencia y hacer lo mismo con una jornada un poco más corta, que un comercio, donde es muy difícil que se venda lo mismo con media hora menos de tiempo abierto cada día. Un reciente estudio sobre el impacto de un programa piloto para la jornada de cuatro días en Valencia demostró que las tiendas que abrían un día menos no recuperaban sus ventas en las demás jornadas.

Las empresas que no sean capaces de organizar mejor el tiempo, que es el objetivo que persigue la medida, incurrirán en costes en forma de nuevas contrataciones o el pago de horas extraordinarias. De hecho, la reducción implica un incremento automático de los costes laborales en el país con más paro de la Unión Europea: al pagar lo mismo por 2,5 horas menos de trabajo a la semana, las empresas asumirán un 6,6% de retribución extra. Eso, en caso de que apliquen la medida. Existirán, por tanto, tres tipos de compañías: las que no la lleven a cabo —en su mayoría pymes, con un poder sindical más reducido y un menor control de la Inspección de Trabajo—, las que la implanten y consigan ganar productividad por hora trabajada —por tanto, no notarán el efecto—y las que no lo consigan y verán incrementados sus costes laborales. Del impacto que tenga cada una de estas tres situaciones en el agregado dependerá el éxito de la reducción de jornada.

El nuevo impuesto de sociedades

En cualquier caso, se trata de una medida relativamente sencilla de diseñar —ya lo hizo Francia a principios de siglo—, por lo que su incertidumbre depende más del efecto que del procedimiento. No así en el caso del endurecimiento del impuesto de sociedades, que pretende equiparar la tributación real de las grandes empresas con la teórica. Es decir: recaudar el mínimo del 15% que acordaron los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque este se refería al pago que tiene que afrontar cualquier multinacional en el conjunto de las jurisdicciones donde tributa, no en un único país.

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Actualmente, las compañías pagan en España por la base imponible del impuesto, no por su resultado contable, que es la propuesta de la coalición. Como sucede con cualquier tributo, existen una serie de reducciones de la misma. Dos ejemplos: las empresas pueden descontarse las pérdidas de años anteriores y no tienen que pagar por los beneficios conseguidos por sus filiales si estas ya satisficieron su obligación fiscal en el país de origen.

Se trata de estándares internacionales, que España se arriesgaría a incumplir si obliga a tributar por la cuenta de resultados del ejercicio, como se explica en este artículo. De hacerlo, estaría violando principios básicos como el de doble imposición, que impide gravar dos veces un mismo hecho en dos naciones distintas, o el de capacidad económica, que quedaría en entredicho si no se permiten las bases negativas para compensar las pérdidas. Para recaudar los 10.000 millones de euros adicionales que establece el documento, el Ejecutivo deberá diseñar con muchísimo tino su medida, y, en cualquier caso, se podría enfrentar a una notable litigiosidad por parte de las empresas y generar dudas que retraigan la inversión en el país.

La reforma fiscal

PSOE y Sumar han hecho caso omiso a las recomendaciones de los expertos del Ministerio de Hacienda, que decían en su libro blanco que el resultado contable no era una base imponible adecuada. En cambio, afirman querer dar continuidad a las conclusiones de este comité de sabios que la titular del ramo, María Jesús Montero, guardó en un cajón ante el estallido de la crisis inflacionista y la guerra en Ucrania. La tantas veces pospuesta reforma fiscal aparece citada, con estas palabras, en el documento, que incluso se llega a referir a la fiscalidad verde como una de las prioridades en este ámbito.

La coalición quiere hacer permanentes los impuestos extraordinarios; falta saber cómo

Se trata de un hito que el Ejecutivo tiene pendiente de cumplir con Bruselas para pedir el desembolso del quinto tramo de los fondos de recuperación europeos. Desde el Ministerio de Economía mantienen que se va a alcanzar, pero, hasta ahora, los hechos desmienten esa realidad: algunas de las medidas más polémicas, como la equiparación del impuesto al diésel con el de la gasolina, duermen el sueño de los justos, debido a su enorme impopularidad. Es otra de las incertezas del plan del Gobierno: ¿qué significa "una fiscalidad verde que seguirá la premisa de 'quien contamina paga' (...) y que irá acompañada de medidas compensatorias, bien en la imposición directa o bien en las políticas de gasto, para incentivar los cambios necesarios entre las clases media y trabajadora"?

Los impuestos extraordinarios

Tampoco se sabe lo que ocurrirá con el impuesto a las grandes fortunas, que se estableció de manera temporal para 2023 y 2024 con el objetivo de armonizar, por la puerta de atrás, la imposición sobre el patrimonio en las diferentes comunidades autónomas. El acuerdo defiende "avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios". La duda es si seguirá siendo con el instrumento actual, del que se promete "evaluar los resultados", o con otro de carácter permanente.

Junto al de grandes fortunas, los impuestos extraordinarios a las energéticas y a la banca fueron la vía fácil que estableció el Gobierno para aumentar los ingresos en un momento de crisis sin afrontar a fondo la reforma fiscal. Son medidas que estaban en vigor este año y el que viene, y se aplican sobre los beneficios de 2022 y 2023. Igual que en el caso anterior, el Ejecutivo está dispuesto a hacerlas permanentes, aunque no se sabe cómo: "Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual". Se disipan, así, las dudas expresadas por la propia ministra de Hacienda, que nunca ha aclarado si se extenderían o no, aunque está por ver cómo será el nuevo esquema y, sobre todo, si saldrá adelante en los tribunales, ante los recursos que, con toda seguridad, presentarán ambos sectores.

El coto a los 'beneficios caídos del cielo'

El caso de los impuestos extraordinarios es solo un ejemplo de algunas medidas tomadas al calor de la crisis inflacionista y que la coalición aspira a perpetuar. Este martes, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, anunció que el Gobierno pondría coto a los llamados beneficios caídos del cielo de las compañías eléctricas para revertirlos en la rebaja de la factura de la luz. Pero lo cierto es que lo hace desde septiembre de 2021, cuando aprobó el real decreto que dio un hachazo a las renovables, la nuclear y la hidráulica, para que no se aprovechasen de los precios récord marcados por las centrales de ciclo combinado de gas.

PSOE y Sumar prometen que el bono social llegará a tres millones, pero no lograron alcanzar los 1,9 que esperaban la pasada legislatura

La reforma eléctrica acordada por los Veintisiete —a excepción de Hungría— la pasada semana abre la puerta a que los Estados puedan prorrogar esta medida hasta junio de 2024. En principio, el Ejecutivo está dispuesto a extender todas las acciones excepcionales de intervención en el mercado eléctrico mientras Europa lo permita, pero para ello deberá negociar una prórroga del reglamento en el Consejo de Ministros de Energía del próximo 17 de diciembre. El acuerdo también habla de profundizar en la reforma del mercado mayorista, pero eso no depende del Gobierno de España, sino de una negociación entre los diferentes socios europeos en la que existen posiciones muy diversas.

Bonificaciones al tren

En cambio, el Gobierno sí tiene plena potestad para prorrogar otras medidas tomadas durante la crisis energética, como la bonificación de los trayectos de cercanías, Rodalies y media distancia para los usuarios habituales de Renfe. Ya era un secreto a voces, incluso comunicado a la Comisión Europea en el plan presupuestario para el año que viene, pero el acuerdo de este martes lo ha confirmado: "Mantendremos para todos los ciudadanos la reducción del precio de los abonos de transporte durante 2024".

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Sin embargo, el Ejecutivo modificará esta medida más adelante, y también repartirá su coste con las comunidades autónomas y la administración local. Lo hará restringiendo los descuentos a determinados colectivos, en línea con la focalización del escudo social que han demandado los principales organismos de la gobernanza economía nacional e internacional.

El bono social

Las bonificaciones al tren son un ejemplo de éxito: con un coste reducido —el Gobierno destinó 700 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para este año—, se ha conseguido aumentar el uso del transporte público. Sin embargo, no todas las medidas han corrido la misma suerte. En algunas que ya han fracasado, como la ampliación del bono social, el acuerdo de coalición insiste. PSOE y Sumar contemplan que esta ayuda, que ofrece descuentos en la factura de la luz y el gas a consumidores vulnerables, jubilados y familias numerosas, llegue al doble de perceptores en la próxima legislatura, hasta alcanzar los tres millones.

El texto es ambiguo sobre el tope para el precio de una cesta de alimentos básicos, una de las reivindicaciones de Díaz la pasada legislatura

Son embargo, el Ejecutivo ya relajó los criterios de acceso al principio de la crisis energética, con el objetivo de llegar a 1,9 millones. Y lo cierto es que se ha quedado en 1,5 millones, apenas 300.000 más que cuando se aprobó la modificación. La coalición persiste en uno de los grandes fracasos de la pasada legislatura, y anuncia nuevos objetivos mucho más ambiciosos que solo se conseguirán, según los expertos, si se cambia a fondo el farragoso procedimiento burocrático que deja en el camino a cientos de miles de familias.

Lo que no se pudo hacer

No es el único ejemplo de anuncios que forman parte del acuerdo de coalición, cuando en realidad ya se intentaron en los cuatro años anteriores. Algunos, como la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, la Ley de Familias o la Ley de Función Pública, murieron durante su tramitación parlamentaria por culpa del adelanto electoral decretado por Sánchez. Otros, como el Estatuto del Becario, ni siquiera llegaron al Consejo de Ministros. Y otros, como la creación de un "sistema de monitorización de mercados de los principales productos que permita ver fácilmente parámetros como los precios en origen, mayorista y destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones" ya existen, en este caso en el seno del Observatorio de la Cadena Alimentaria.

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Sin embargo, el texto es ambiguo al referirse al tope para el precio de una cesta de alimentos básicos, que fue una de las grandes reivindicaciones de la líder de Sumar durante la pasada legislatura. "Se establecerá un sistema de seguimiento, información y evaluación de los precios de los alimentos básicos que contribuya a disponer de una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad, que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez, contribuya al objetivo de contención de la inflación", se limita a decir el documento.

Díaz no ha renunciado a otra de sus batallas pendientes: reformar el despido. El acuerdo se compromete a "establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral". Habrá que ver cómo se concreta, igual que las subidas del salario mínimo, que, según el documento, "seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo". En cualquier caso, el nuevo Estatuto de los Trabajadores recogerá que este debe estar por encima del 60% del salario medio, como estipula la Carta Social Europea y demandaban los sindicatos.

La reducción de los vuelos

El acuerdo también contempla reducir los vuelos domésticos poniendo coto a los trayectos que se puedan realizar en tren en menos de dos horas y media. Ahora mismo, siendo puristas, esta medida solo afectaría a la ruta aérea que conecta Madrid con Valencia, aunque habrá que esperar a la normativa definitiva para ver si también se incluyen los itinerarios que unen la capital con Sevilla, Barcelona y Alicante al redondear a la baja su duración.

Aunque hay una excepción que arroja más incertidumbre sobre el impacto final de esta medida, ya que se contempla que queden exentos los "casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con otras rutas internacionales". En nuestro país, el principal punto de conexión aérea con el extranjero es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, precisamente el que está presente en todas los trayectos susceptibles de ser suprimidos. 

Pese a que esta excepción queda recogida en el documento del acuerdo, desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) han querido incidir en este punto para recordar que la mayoría de los vuelos domésticos son utilizados por los pasajeros para realizar una conexión internacional. Por esta razón, insisten en que la supresión de esas rutas hará perder importancia a algunos aeropuertos nacionales que operan como centro de operación.

Las aerolíneas consideran, además, que esta prohibición no reducirá la contaminación de forma efectiva si no se establece antes un plan intermodal para que todas las líneas de AVE lleguen directamente al aeropuerto de Madrid-Barajas. Además, recalcan que la medida debe ir acompañada del impulso a la producción de biocombustible para la aviación, conocido como SAF, que reduce en hasta un 80% las emisiones de los vuelos y se puede utilizar sin necesidad de adaptar el motor de los aviones o los sistemas de suministro de los aeropuertos.

Francia aprobó en mayo esta misma medida. Por aquel entonces, las aerolíneas tildaron la normativa gala de maquillaje, aludiendo a que solo afectó a tres vuelos. En España, un informe encargado por Iberia a PwC, que tiene en cuenta las rutas aéreas que conectan Madrid con Alicante, Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia, calcula que la prohibición de los vuelos de corto radio tendría un impacto en el PIB nacional de 102 millones de euros anuales y supondría la pérdida de hasta 1.852 empleos a tiempo completo por cada millón de pasajeros. (Javier Melguizo)