La España que vive del empleo público: en ocho provincias ha crecido más que el privado

Si trazamos una línea imaginaria por el tercio norte de la península, por debajo de Salamanca hacia Valladolid, Soria y que desemboque en el Cantábrico por la costa de Guipúzcoa, tenemos la sección de España donde la creación de empleo público es el tractor económico muy por delante de la iniciativa privada.

Esto ha sido así en los últimos cuatro años, desde agosto del 2019 al 2023 y donde la pandemia del Covid-19 ha entrado en juego para marcar una tendencia que se consolida: las Administraciones Públicas han reforzado los servicios a la ciudadanía tras años de plantillas congeladas, lo que ha provocado un crecimiento del empleo muy superior al de las empresas. ¿Cuánto? En Palencia, un 189% del empleo creado es público. O lo que es lo mismo, todos los nuevos puestos de trabajo son públicos, mientras que el sector privado todavía no ha conseguido recuperar los niveles de ocupación previos a la pandemia. Un porcentaje apabullante.

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Este es un patrón que se repite en provincias mayormente rurales e interiores como Lugo (107%) y Ourense (65,6%), con una población muy envejecida en núcleos dispersos, pero también en todo el litoral cantábrico, de Asturias (62,3%) a Cantabria hasta llegar al País Vasco. Sus tres provincias figuran entre las 12 primeras de España en las que el peso del sector público en la creación de empleo es mayor. En Álava y Guipúzcoa se ha creado más empleo público que privado y en Vizcaya están casi a la par.

De los datos de afiliaciones a la Seguridad Social se desprende que es una tendencia más acusada en el norte de España que en la mitad sur. Y el motivo, aunque resulte paradójico, no está en una rápida creación de empleo público, sino en la decadencia del privado. Se trata de regiones vacías y envejecidas que son cada vez menos dinámicas, lo que provoca que las empresas estén en retirada y el sector público sea la única opción para retener población.

En la mayor parte de estas provincias del interior y el noroeste, el empleo del sector privado ni siquiera ha aumentado un 3% en los últimos cuatro años. Esto es, menos de la mitad que la media nacional y una tercera parte que las provincias líderes en crecimiento en este periodo, como son Toledo, Guadalajara, Valencia, Málaga y Madrid.

Detrás de estas cifras de empleo público, están las personas y las historias concretas y los servicios que el Estado está obligado a mantener: pequeños consultorios médicos en pueblos de Castilla y León que se resisten al cierre, colegios rurales agrupados para ahorrar muchos kilómetros al día de transporte escolar en las zonas montañosas del interior de Galicia y Asturias o Cantabria, personal funcionario en los juzgados de paz de la meseta castellana, policías locales, carteras, maquinistas de Renfe o trabajadores de las instituciones penitenciarias.

La última esperanza

Álvaro F. tenía 43 años cuando aparcó su trabajo como ingeniero técnico industrial para preparar unas oposiciones a Policía Local en Galicia, buscando un horario estable y una retribución fija para poder acompasar su profesión con la crianza de sus hijos de 6 y 5 años. Le llevó dos años de estudio y entreno, con dedicación plena, sin apenas ingresos, pero logró una plaza en un ayuntamiento interior a unos 50 kilómetros de su casa. El mismo objetivo persigue Ernesto, de 37, militar profesional, o José Rivas. Cumplidos los 50, mantiene su trabajo como técnico a media jornada mientras prepara oposiciones buscando una estabilidad en el empleo. La falta de oportunidades para conseguir un empleo estable tras tres décadas encadenando empleos temporales le empujó a buscar hueco en el sector público: "Empecé a trabajar muy joven con empleos precarios y eventuales (socorrista, entrenador… ) y con una licenciatura y mucha experiencia, todavía no sé lo que voy a cobrar a fin de mes", lamenta. Ante la retirada del sector privado, el sector público se convierte en muchos casos en la última esperanza.

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La eliminación del límite de edad ha llevado a muchos a explorar esta vía y un millar de aspirantes a policía local en Galicia se examinan el próximo 23 de septiembre. En MasterPol, una academia con base en Lugo, tienen más de 400 alumnos, explica uno de los directores. El 75% son varones y un 20% superan los 35-40 años. "Tenemos dos perfiles: jóvenes que no quieren estudiar y el segundo, ahora mayoritario, que son personas adultas con formación que vienen quemados de 8 o 9 años en la empresa privada y quieren estar en la función pública", expone, y relata el caso de un compañero que logró su plaza con 51 años.

Los colegios rurales son otro de los servicios públicos que aún tractoran la creación de empleo, a pesar de una tendencia demográfica que anticipa que muchos territorios se están quedando sin niños. El saldo vegetativo en Lugo es de 4,9 bebés por cada mil habitantes, la más baja de la historia y pareja a los datos que arrojan otras como Ourense, Zamora o Asturias. En estas regiones, la actividad privada está en rápido declive y los servicios públicos son fundamentales para que sigan siendo habitables.

En Beariz, una población del interior de Ourense que ha perdido casi la mitad de su población en lo que va de siglo, la vuelta al cole ha sido bastante silenciosa. Su colegio es uno de los más pequeños de España, con solo cinco alumnos de distintas edades y dos maestras que comparten aula e instalaciones con la biblioteca y la casa nido del pueblo. Una situación parecida, la falta de matrículas, que se repite en otros centros de la provincia como Avión o Valdeorras. De acuerdo a los datos de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia, tres centros educativos han tenido que cerrar sus puertas este curso 23/24 por falta de alumnado en Laxe, Vimianzo y Padrón. Una situación parecida en Asturias, donde el colegio Carbayin Bajo sumó siete alumnos y tres profesores el curso pasado en Pola de Siero.

En esta España del interior los servicios públicos se pelean a diario, y la sanidad es el mejor ejemplo. En Buenavista de Valdavia, un pueblo de 264 habitantes de Palencia, sus vecinos han plantado batalla este verano para evitar que el gobierno autonómico suprimiese los consultorios de Buenavista y Congosto y los derivase al centro de salud de Saldaña, a 20 kilómetros. Una guerra parecida libraron en Barruelo de Santullán para mantener a los dos facultativos en el centro de salud de su valle.

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En Penagos, (Cantabria), fue el propio alcalde el que asumió en primera persona la pelea contra el Gobierno regional y se plantó durante horas en la puerta del consultorio local que lleva todo el verano cerrado, al igual que ocurre en otras pedanías. Los vecinos reclaman su derecho a tener asistencia médica sin tener que desplazarse decenas de kilómetros en entornos rurales, envejecidos y dispersos donde el transporte público es una utopía y cualquier dolencia les genera un problema de dependencia en el traslado cuando no pueden acudir a la consulta de siempre. Idéntica protesta desarrollaron el viernes 15 los vecinos de A Pontenova (Lugo) después de varios días sin un médico al que acudir. Es la misma situación repetida decenas de veces en distintos pueblos y localidades que demanda del Estado más recursos: médicos, enfermeros y auxiliares para garantizar su derecho a la salud.

Más de la mitad del empleo público creado en estos cuatro años se concentra en la sanidad y la educación. Si se suman los servicios de atención a la ciudadanía y las residencias, se alcanza el 91% de todo el empleo público creado. En estos territorios en los que la actividad privada lo tiene tan complicado, la presencia de unos servicios públicos de calidad es la última esperanza para retener a su población.