Las ayudas públicas a los combustibles marcan un récord de siete billones de dólares

La invasión de Ucrania y las posteriores sanciones de Occidente a Rusia provocaron una escalada de los precios energéticos hasta máximos históricos. Las familias y empresas de medio mundo sufrieron un drástico recorte de su capacidad de compra y, por consiguiente, un crecimiento del descontento que los gobiernos trataron de paliar con ayudas públicas a la compra de combustibles. El resultado fue un año 2022 histórico en subvenciones a las energías contaminantes.

Un estudio publicado esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que los gobiernos del mundo se gastaron 7 billones de dólares en subsidios a la compra de combustibles fósiles. Esta cifra asciende al 7,1% del PIB anual, el dato más alto de toda la historia. En total, las ayudas a los combustibles contaminantes casi duplicaron el gasto público en educación, que fue del 4,3% y fue dos terceras partes del gasto sanitario, del 10,9% del PIB global.

"Mientras el mundo lucha por limitar el calentamiento global a 1,5 grados, los subsidios al petróleo, el carbón y el gas natural están costando el equivalente al 7,1 por ciento del producto interno bruto mundial", escriben los autores del estudio, Simon Black, Ian Parry y Nate Vernon. El análisis incluye tanto las ayudas directas (para reducir el precio de compra de los combustibles por debajo de su precio de mercado), así como las indirectas a través de ayudas fiscales, que evitan que el precio de los bienes contaminantes incluya las externalidades que generan (por ejemplo, con rebajas de impuestos medioambientales).

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Las ayudas directas superaron los 1,3 billones de dólares, casi el doble que en 2021, dato que fue el máximo histórico previo. Por su parte, las ayudas por externalidades no cobradas en impuestos alcanzaron los 5,7 billones, lo que supone 500.000 millones de dólares más que en 2021. Este segundo cálculo es más complicado, ya que depende de la estimación que se haga del coste de las externalidades negativas de las acciones contaminantes. El Fondo explica que calcula el precio en función del que deberían haber establecido los países tras los Acuerdos de París, lo que supone un cálculo conservador respecto a los estudios más recientes que advierten de los efectos negativos sobre el cambio climático.

La mayor parte de las ayudas directas se destinaron a la adquisición de gas natural y petróleo. Por el contrario, la mayor parte de las ayudas indirectas se concentraron en petróleo y carbón, los combustibles más contaminantes y que deberían pagar un precio más elevado para internalizar los efectos negativos de su consumo. Estas políticas públicas consiguieron limitar la escalada de precios en muchos países, señala el FMI. Entre ellos se encuentra España, que estableció una subvención de 20 céntimos a los carburantes, que se prolongó durante la mayor parte del año. El FMI estima que las ayudas a los combustibles en España alcanzaron los 26.000 millones de dólares, la mayor parte canalizados a través de los bajos impuestos medioambientales.

Las ayudas públicas a los combustibles contaminantes son más intensas en los países emergentes, que son quienes tienen un capital físico considerable (tanto industria como vehículos) pero con tecnología atrasada muy contaminante. Por ejemplo, en los países de la Comunidad de Estados Independientes (básicamente antiguas repúblicas soviéticas) las ayudas fiscales directas e indirectas superan el 23% de su PIB y en los países de Oriente Medio alcanzan el 18%. Por el contrario, en Europa, la región con menos ayudas públicas a los combustibles, estas no llegan al 4% del PIB.

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El Fondo lamenta que esta tolerancia a la contaminación es un claro incentivo al uso de combustibles, ya que los consumidores no pagan el coste real que tiene su uso. Si los países decidiesen intervenir, "el resultado sería una reducción significativa de las emisiones globales de dióxido de carbono, un aire más limpio, menos enfermedades pulmonares y cardíacas y más espacio fiscal para los gobiernos". El Fondo calcula que eliminar estos subsidios generaría un aumento de los recursos públicos de 4,4 billones de dólares. Pero lo importante es que conseguiría evitar 1,6 millones de muertes prematuras al año.

Sin embargo, el FMI también es consciente de que existen costes de transición muy importantes que los gobiernos tendrían que abordar. Por ejemplo, las industrias más contaminantes o los grupos sociales con menos recursos tienen más complicado reducir sus emisiones porque tienen que asumir una inversión inicial para la que no tienen recursos. Para evitar esta situación, recomienda destinar una parte de los nuevos ingresos que generen los impuestos medioambientales a ayudar a estos grupos más afectados.

El exceso de ingresos generados podría destinarse a "reducir los impuestos sobre el trabajo y la inversión y financiar servicios públicos como la educación o la sanidad", escriben los autores del estudio. Ahora es "el momento adecuado" para que los gobiernos obliguen a internalizar los costes de las acciones contaminantes, concluye el Fondo. La caída de los precios energéticos en el mercado internacional permitiría internalizar estos costes sin necesidad de elevar el precio final para los consumidores.