Adiós, ladrillo: el peso de la construcción en el PIB se hunde a mínimos históricos (4,7%)

Una simple comparación lo dice todo. O casi todo. En 2006, en plena efervescencia económica, el sector de la construcción llegó a representar el 10,6% del PIB, máximo de la reciente historia económica de España; en 2022, sin embargo, ese porcentaje se ha hundido hasta un mínimo del 4,7%, lo que da idea de la profunda transformación que ha sufrido la economía en apenas 16 años.

El cambio es tan profundo que hoy el sector de la construcción pesa respecto del PIB poco más del doble que la agricultura, un sector en franca decadencia económica en términos relativos, cuando al comenzar el siglo era cuatro veces más grande. Su espacio lo ha ocupado el sector servicios, que ya representa el 67% del producto interior bruto (PIB), siete puntos más que en 2006, el año clave de la burbuja inmobiliaria. A partir de ese año comenzó el declive de la construcción. La industria, por su parte, permanece estancada en alrededor de un 16%, mientras que la agricultura, como se ha dicho, supone ya apenas el 2,4% del PIB.

El menor peso del ladrillo se resume en una cifra que sale de la Contabilidad Nacional. Hoy trabajan en España 1,3 millones de trabajadores menos de los que lo hacían en los años de la burbuja inmobiliaria, justamente la mitad, lo que da idea de la importancia que llegó a tener la construcción en términos de empleo. En particular, en algunas regiones turísticas. O expresado en otros términos, hay que remontarse a 1998 para encontrar un número tan bajo de trabajadores enrolados en el sector de la construcción.

Se trata de un sector enormemente fragmentado donde la hegemonía es de las microempresas. Nada menos que el 95% de las casi 400.000 empresas que operan en la construcción o no tiene asalariados (es el propio empresario quien trabaja) o dispone de menos de nueve trabajadores por cuenta ajena.

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El 'boom' del sector servicios

Ese hueco que ha dejado el ladrillo, de nuevo, lo han ocupado las actividades relacionadas con los servicios, sobre todo el turismo, que ya han roto la barrera de los 15 millones de ocupados. Hoy, el 78% del empleo a tiempo completo equivalente, según la metodología que sirve para elaborar la Contabilidad Nacional, está en el sector servicios.

La causa de este declive del ladrillo, lógicamente, tiene que ver con la menor inversión en infraestructuras, incluyendo vivienda, que han hecho tanto las distintas administraciones públicas como el sector privado.

Si en los años del boom la inversión en infraestructuras alcanzó una increíble cifra del 30%, porcentaje más propio de una país en desarrollo de fuerte crecimiento económico, el año pasado la formación bruta de capital apenas representó un 20%, es decir, un tercio menos. El propio sector público invirtió el año pasado, según la reciente notificación enviada por el Gobierno central a Bruselas, el 2,8% del PIB. Por lo tanto, un año más, y pese a los fondos de recuperación de la Unión Europea, por debajo del 3% que históricamente se ha considerado como mínimo de inversión pública, tanto en nuevas infraestructuras como en mantenimiento de las que están en servicio.

Un estudio de Seopan, la patronal de estudios del sector de la construcción, ha estimado que hoy el sector público invierte solo un 52% en infraestructuras de transporte respecto al volumen de 2010, mientras que en relación con las infraestructuras de depuración y abastecimiento de aguas el porcentaje de inversión es de apenas un 58%. Es decir, prácticamente la mitad respecto de un ejercicio en el que las administraciones públicas habían comenzado ya a recortar gastos. Y eso que en los últimos años el problema de la sequía se ha ido agravando.

Obra civil

Hay que tener en cuenta que tan solo la obra civil, al margen de la construcción de viviendas públicas, supone el 15,7% de la producción nacional en construcción, mientras que la edificación no residencial representa otro 29,1% del PIB, de ahí la importancia de las decisiones que adopten las distintas administraciones públicas.

Las causas del desplome del peso de la construcción en el PIB son múltiples: sobreinversión en los años del boom inmobiliario, recortes presupuestarios o hundimiento de las concesiones públicas a las empresas privadas, que antes de 2010 eran muy importantes. Ahora, sucede lo contrario. El volumen de inversiones a través de concesiones apenas llegó el año pasado a los 598 millones de euros, cuando en 2010 alcanzó los 12.658 millones. O dicho de otra forma, en los últimos ocho años el volumen de concesiones públicas (poco más de 3.500 millones de euros) representa menos de la tercera parte de lo que se invirtió en 2010.

Este desplome es lo que explica que las grandes constructoras españolas hayan acelerado en los últimos años su salida al exterior. El caso más llamativo ha sido el de Ferrovial, pero otras muchas compañías han seguido el mismo camino en busca de nuevos mercados.

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La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal del sector, ha culpado en ocasiones de esta evolución a la ley de desindexación, aprobada en tiempos del anterior Gobierno, que limita la revisión de los precios públicos, lo que las hace menos rentables. Según la CNC, el sistema de revisión de precios vigente desde 1965 dotó de estabilidad la contratación pública hasta la entrada en vigor de la nueva ley en 2015, pero eso es agua pasada. El resultado es una caída sin parangón de la contratación pública y, en particular, del sistema de concesiones.