Ultimátum a España por el retraso en la ley para agilizar el despliegue de renovables

Último aviso de la Comisión Europea. Bruselas da dos meses al Gobierno para que transponga completamente la directiva de 2018 para agilizar el despliegue de las energías renovables, de lo contrario lo llevará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Gobierno debía haber transpuesto la directiva antes del 30 de junio de 2021, y un mes después el Ejecutivo comunitario envió la primera carta a Madrid. Tras un largo tira y afloja, Bruselas da ahora un ultimátum. El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha declinado hacer comentarios.

Según los últimos datos publicados por Red Eléctrica, actualmente hay 143,2 GW de eólica y fotovoltaica con permiso de acceso y conexión que están pendientes de librar toda la tramitación administrativa para poder entrar en operación, más otros 31,7 GW que han solicitado al operador del sistema permiso de acceso. Esta avalancha de proyectos que pretenden entrar en servicio más que cuadruplican los 44,7 GW hora de eólica y fotovoltaica que están actualmente en servicio en España.

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“Esta directiva proporciona el marco legal para el desarrollo de energías renovables en electricidad, calefacción y refrigeración, y transporte en la UE. Establece un objetivo vinculante en la UE para 2030 de al menos un 32% de energía renovable e incluye medidas para garantizar que el apoyo a la energía renovable sea rentable y para simplificar los procedimientos administrativos para los proyectos de energía renovable”, explica la Comisión Europea en un comunicado. “También facilita la participación de los ciudadanos en la transición energética y establece objetivos específicos para aumentar la cuota de energías renovables en los sectores de calefacción, refrigeración y transporte para 2030”, añade.

La Comisión Europea propuso en 2009 la primera directiva europea de despliegue de renovables, estableciendo objetivos hasta 2020, con objetivos comunes y una cuota mínima por Estado miembro de un 10% de energías renovables. En 2018, entró en vigor una modificación con un objetivo del 32% para 2030. Es esta segunda modificación la que Bruselas considera que no se ha transpuesto correctamente.

Desde entonces, el Ejecutivo comunitario ha pisado el acelerador y ha hecho una tercera y una cuarta propuesta de modificación de la directiva. En 2021, y en el marco del Pacto Verde Europeo, la Comisión aumentó su ambición. “El actual objetivo de la Unión de que al menos el 32% de la energía proceda de fuentes renovables de aquí a 2030, establecido en la directiva sobre fuentes de energía renovables (DFER II), resulta insuficiente y debe elevarse al 38-40%”, señalaba la Comisión en julio de ese año.

En mayo de 2022, impulsó que se aumente el objetivo hasta un 45% en 2030, y en noviembre de 2022 ha hecho una nueva propuesta que se centra en aspectos administrativos, señalando que las centrales de producción de energía a partir de fuentes renovables “son de interés público superior”, lo que permitirá procedimientos más rápidos y ágiles para su establecimiento. El despliegue rápido y sencillo de las energías renovables se ha convertido en la prioridad de la Comisión una vez se han establecido unos objetivos claros que tienen como fin lograr lo que se ha bautizado como “objetivo 55”, una serie de propuestas legislativas que permitan reducir un 55% las emisiones en el año 2030. Se espera que estas modificaciones se adopten a lo largo de este 2023.

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La comunicación de mayo de la Comisión Europea dedica una parte importante a las trabas administrativas. “La lentitud y la complejidad de los procesos de concesión de permisos constituyen un obstáculo clave para impulsar la revolución de las energías renovables y para la competitividad de la industria de las energías renovables. La obtención de un permiso puede tardar hasta nueve años en proyectos eólicos y hasta cuatro años y medio en proyectos de paneles solares montados en suelo. Los distintos plazos para la concesión de permisos entre los Estados miembros demuestran que las normas nacionales y las capacidades administrativas complican y ralentizan la concesión de permisos”, explicaba la Comisión Europea.

Varios decretos para agilizar

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha llevado al Consejo de Ministros diversas medidas para la agilización del despliegue de renovables desde hace años. Ya en junio de 2020 aprobó un real decreto-ley con medidas para impulsar esta tecnología, que se está revelando clave para abaratar el precio de la electricidad en esta crisis energética. Además, las renovables se entienden como un actor geopolítico clave ante Rusia y el resto de productores de combustibles fósiles de los que depende Europa, y que ha provocado en el último año las peores tasas de inflación desde los años ochenta.

Más tarde, en diciembre de 2021, el departamento que lidera la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, aprobó otro decreto para el fomento y el despliegue de las energías limpias. El último movimiento ha sido la convalidación del Real Decreto-ley 20/2022, que una vez más adoptaba medidas para la agilización de los permisos. Sin embargo, todas estas medidas no han acabado de surtir efectos a ojos de Bruselas, que ha decidido apercibir a España.

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El atasco burocrático, sin embargo, se ha reducido en parte con la aprobación de la mayoría de proyectos cuyos avales caducaban este 25 de enero si las diversas comunidades autónomas no concedían las pertinentes declaraciones de impacto ambiental (DIA).

Pese a ello, el Gobierno está inmerso en la revisión de los objetivos de cara a 2030 y tendrá que actualizar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Los números lanzados en 2019 se han quedado obsoletos en el escenario actual, en el que además de ampliarse la ambición medioambiental en cuanto a la reducción de emisiones de CO₂, se han dado unas cifras de producción de hidrógeno verde que obligarán a aumentar de forma exponencial el despliegue de renovables.

El Gobierno aseguró que el H2Med, el plan de construir un hidroducto que conecte España con Francia desde Barcelona hasta Marsella por un tubo marítimo, transportará dos millones de toneladas de hidrógeno verde al año en 2030 que surtan a países como Alemania. Esto implica decenas de gigavatios más tanto de eólica como de fotovoltaica, un reto del que los expertos aún son escépticos, dado el ritmo de despliegue actual.