La burocracia atasca la instalación de nuevas renovables e intensifica la crisis energética

La instalación de renovables en España apenas crece en 2022, pese al aluvión de proyectos de inversión. Existe consenso a nivel político en que el despliegue de nuevas plantas de energías limpias es en la actualidad una de las palancas más claras para, por un lado, tratar de contener los desorbitados precios energéticos, que han llevado la inflación a niveles de hace cuatro décadas (+10% en julio y agosto), y, por otro, para reducir la dependencia de terceros países como Rusia o Argelia, con los que Europa y España mantienen fuertes disputas geopolíticas en la actualidad.

La sequía y la falta de renovables han provocado que España haya tenido que aumentar las importaciones de gas para generar electricidad un 83,2% en lo que va de año. Todo un problema, dados los altos precios, más de 10 veces más altos que en la última década. Y la situación sigue empeorando: Gazprom, la firma gasista controlada por el régimen de Vladímir Putin, ha cerrado ya el grifo del gas a Europa, alegando de nuevo supuestas averías en el gasoducto que une Rusia y Alemania (Nord Stream I). Un escenario cada vez más adverso que está obligando a llevar a cabo rescates de emergencia en países hasta ahora considerados de toda solvencia como los nórdicos, implementar ayudas de urgencia en una potencia como Alemania o que incluso ya la Comisión Europea se plantee intervenir el mercado eléctrico a nivel comunitario.

Pese a la dura situación, según los datos de Red Eléctrica, en lo que va de año en España han entrado en operación solo 916 MW de energía eólica y otros 1.192 MW de solar fotovoltaica. Se trata de cifras muy raquíticas a ojos del sector, teniendo en cuenta que actualmente hay muchísimos más proyectos en marcha: el propio operador del sistema ha concedido hasta terminar agosto permisos de acceso a la red por 144.600 MW (más de 42.000 MW de eólica y más de 102.000 MW de fotovoltaica).

Es decir, que este año se ha instalado menos del 1% de los proyectos tramitados que ya cuentan con permiso de acceso a red. Además, el ritmo de puesta en marcha de nuevas plantas está muy por debajo de los objetivos del Gobierno incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para llegar a lo pactado por España con Bruselas, habría que acelerar la instalación de nuevas plantas al doble y el triple del ritmo al que se está construyendo en la actualidad.

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Todo el sector dedicado a promover renovables tiene claro que el cuello de botella se está produciendo a la hora de lograr los permisos administrativos necesarios antes de arrancar las obras. Cada vez son más las voces que claman contra esta situación, ya que no entienden que desatascar la maraña burocrática no sea un objetivo estratégico al que los responsables políticos estén dedicando más esfuerzos.

"Es una absoluta desesperación ver cómo no se avanza ni en una situación de crisis energética de dimensiones gigantescas, que está empobreciendo a los ciudadanos españoles con una inflación que supera el 10%, poniendo en peligro muchas industrias, lo que pronostica un invierno muy negativo desde el punto de vista del empleo", señala el consultor y experto en energía Joaquín Coronado, que lamenta que "ni viendo todo esto cada día en las noticias, la maraña administrativa española es capaz de dar un paso adelante y acelerar la concesión de autorizaciones de construcción". "No entiendo que esta situación no sea objeto de debate y discusión cada día", zanja.

La cuestión es motivo de queja para promotores y empresas de diversos tamaños, que recurrentemente lamentan el atasco. La situación ha llevado al sector de la fotovoltaica en su conjunto a elevar sus quejas al Gobierno. La asociación solar UNEF ha enviado enmiendas al plan de contingencia que tendrá que plantear España a la Comisión Europea poniendo de relieve esta situación. Así, destaca que "una condición previa para que se aceleren los proyectos de energías renovables es simplificar y acortar los procesos de concesión de permisos, pues los largos procedimientos administrativos se han revelado como uno de los principales obstáculos para las inversiones en energías renovables e infraestructuras conexas".

En línea con lo anterior, la patronal fotovoltaica liderada por José Donoso explica que "los plazos estándar actuales del proceso de tramitación no cumplen en la práctica con los máximos establecidos en la regulación, siendo una barrera para un desarrollo como el que es necesario para cumplir con los objetivos del PNIEC. En demasiadas ocasiones, el trámite administrativo se conforma como un cuello de botella de los proyectos. Como resultado, las tramitaciones de instalaciones fotovoltaicas en suelo se extienden de media unos dos años, aunque pueden alargarse hasta los cuatro años, frente a una fase de construcción que puede resolverse en 6-8 meses".

"Un cuello de botella que estamos apreciando cada vez de manera más intensa es la falta de personal adecuadamente formado", denuncia UNEF, que cree que es necesario "acelerarse la digitalización, así como permitirse cierta simultaneidad en los trámites y dotar a las distintas administraciones públicas de suficientes medios y personal cualificado". Por otra parte, destacan también la contribución que podría lograr el autoconsumo en la actual coyuntura de crisis. El experto en materias primas de Bloomberg Javier Blas aseguraba no entender cómo no hay más tejados con placas solares en España, dado el alto grado de recurso existente, según declaraciones a la Cadena SER.

Empresas y expertos consultados consideran que el atasco administrativo se da a todos los niveles. Ven retrasos en ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración central. Incluso a nivel empresarial, ya que Red Eléctrica, cuyo máximo accionista es el Estado, ha sufrido un retraso de más de un año y medio en sacar adelante la planificación de las inversiones necesarias en la red que permitan la absorción del máximo de energías renovables, tal y como denunció recurrentemente su expresidente Jordi Sevilla, quien fuera ministro con Zapatero (PSOE).

La situación no solo se da para las renovables. La falta de personal cualificado también es una realidad a la hora de tramitar los fondos europeos de recuperación tras la pandemia (Next Generation), gran parte de los cuales deberían ir también a proyectos energéticos clave como el almacenamiento o el hidrógeno verde, íntimamente relacionados con las renovables.

En la primera mitad del año, solo se ha desembolsado un 9% de los 28.000 millones que tenía presupuestados para este año, según publicaba la pasada semana 'El Mundo', que achaca este otro colapso administrativo a la falta de personal. Sigue resonando, en pleno 2022, el problema descrito dos siglos antes por el genio de las letras Mariano José de Larra en su archiconocido artículo "Vuelva usted mañana".

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Dentro del atasco renovable, los expertos y empresas destacan los retrasos que también se producen en los concursos de capacidad, un hito que espera todo el sector para poder tener cierta visibilidad sobre el éxito de sus inversiones. También ven incertidumbre sobre el fin de la validez de los permisos, que permitiría excluir aquellas propuestas especulativas sin proyecto real detrás y ejecutar avales. Nada ocurre en tiempo y forma pese a la crisis actual.

Las consecuencias de no disponer de más plantas de renovables son claras. La situación imposibilita tener unos precios de la electricidad más bajos en un momento crítico. El avance de la fotovoltaica está permitiendo que en momentos de baja demanda la energía solar abarate de forma drástica la factura, con precios que rondan los 30 euros por MWh, muy lejos de las medias actuales, superiores a los 200 euros por MWh, que en según qué días superan los 400 euros MWh. "Solar + eólica + almacenamiento = energía barata, local y limpia", recuerda el experto en regulación energética Daniel Pérez.

En este sentido, este mismo domingo la ministra de Industria, Reyes Maroto, reconocía que los promotores que han optado a las subastas de renovables convocadas por el Gobierno están dispuestos a vender su electricidad a 30 euros por MWh, asumiendo que esta es la mejor manera de dejar de depender del gas ruso y contar con precios asequibles, según una entrevista publicada por la agencia Colpisa tras el 36º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic. Sin embargo, el problema que destacan los propios adjudicatarios de esa potencia a precios baratos es que no acaban de dar salida a sus proyectos, atascados en trámites como los permisos de construcción o las declaraciones de impacto ambiental, entre otros. Maroto pide soluciones a Europa para reducir la inflación, pero los retrasos administrativos son un problema 100% de competencia nacional, advierten fuentes del sector.

El sector se queja del atasco en la tramitación burocrática, no tanto de las decisiones políticas de alto nivel, que comparten el diagnóstico de avanzar hacia las renovables y han puesto énfasis en la simplificación burocrática. Sin embargo, las fuentes consultadas advierten de que hay falta de personal y este cada vez es más temeroso de conceder los permisos, ya que muchas asociaciones ecologistas y localistas están cada vez más en contra de la instalación de grandes plantas de energías limpias en sus territorios.

"Un cuello de botella que apreciamos cada vez más intenso es la falta de personal adecuadamente formado", denuncia UNEF

Esto genera miedo a que los funcionarios que tramitan estos proyectos puedan ser señalados con denuncias de los grupos antirrenovables. Para resolver esta cuestión, hay quien cree que podría recurrirse mediante licitaciones de urgencia a grandes consultoras que aliviaran el colapso existente, tal y como hace la Administración en infinidad de procesos en que reconoce no tener los recursos suficientes.

Mientras tanto, el Gobierno deberá seguir tratando de buscar remedios para reducir su consumo de gas un 7% con respecto a la media de los últimos años, cantidad comprometida con Bruselas. Medidas de ahorro que algunos ven más como analgésicos que como soluciones estructurales a un desafío político, geopolítico y económico en toda Europa para el que muchos economistas ya vaticinan recesión y crisis durante varios inviernos.