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Sordo flexibiliza su posición para la negociación colectiva y pasa la pelota a la CEOE
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PRESIÓN PARA GARAMENDI

Sordo flexibiliza su posición para la negociación colectiva y pasa la pelota a la CEOE

CCOO se abre a ligar beneficios y sueldos en las cláusulas de garantía salarial, como pedía la patronal, pero a través de unos indicadores objetivos que debería proporcionar el Gobierno

Foto: El secretario general de CCOO, Unai Sordo. (EFE/Ángeles Visdómine)
El secretario general de CCOO, Unai Sordo. (EFE/Ángeles Visdómine)
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Salario o conflicto. Esa era la consigna de los sindicatos el pasado otoño, después de que la negociación colectiva fracasase en mayo ante la negativa de la patronal a establecer cláusulas de garantía salarial ligadas a la inflación. Las centrales tomaron las calles en ausencia de un interlocutor al otro lado de la mesa: el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no iba a dar pasos en falso antes de las elecciones en las que se jugaba —y finalmente consiguió con una victoria incontestable— su reelección.

Sin embargo, la política de confrontación no ha dado resultado: los salarios solo aumentaron un 2,78% el año pasado, tres veces menos que la inflación, y la pérdida de poder adquisitivo se enquista. Ahora, Comisiones Obreras esboza un cambio de estrategia para desbloquear las conversaciones y pone la pelota en el tejado de la patronal.

Foto: Los sindicatos aumentan las movilizaciones para subir los salarios. (Efe)

El secretario general del sindicato, Unai Sordo, se abrió este jueves a introducir en las cláusulas de garantía salarial otros factores además de la inflación, como la situación económica y la evolución de los diferentes sectores. En otras palabras: ligar sueldos y beneficios. Se trata de una vieja reivindicación de los empresarios, que siempre se han opuesto a que las alzas contempladas por los convenios se revisen solo por la subida de los precios, sin tener en cuenta el estado de las compañías. En un escenario como el actual, recalcular las revalorizaciones salariales conforme al índice de precios de consumo (IPC) supondría un coste inasumible para muchas industrias, que ya han tenido que hacer frente a un encarecimiento histórico de las materias primas, el transporte o la energía.

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La propuesta de Sordo para el nuevo Acuerdo para la Negociación Colectiva (ANC), que sirve como referencia para los convenios de más de 11 millones de trabajadores, recoge esta sensibilidad, pero plantea incorporarla a través de unos indicadores objetivos diseñados por el Ministerio de Hacienda a partir de las declaraciones de IVA de las empresas. Las revisiones de los acuerdos salariales tratarían, así, de conjugar el mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados y las necesidades de las compañías por medio de una cláusula mixta. Los beneficios del sector determinarían en qué medida los convenios se revisarían o no conforme a la inflación, para evitar que las sociedades utilizasen la excepción como una excusa para no subir los sueldos.

Foto: Los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo. (EFE/Biel Aliño)

La propuesta mete presión a la nueva directiva de la CEOE, después del triunfo de la apuesta pactista de Garamendi en las elecciones de noviembre. Desde la patronal, aseguran que la estudiarán con detenimiento cuando esté negro sobre blanco, ya que de momento solo se trata de un anuncio de Sordo en un encuentro con periodistas para presentar las líneas del sindicato de cara al año que comienza. Tampoco UGT se pronuncia por ahora, aunque en el pasado ya planteó fórmulas en un sentido similar.

Pese a que la mesa de negociación sigue oficialmente cerrada desde mayo, durante los últimos días se han sucedido los contactos informales entre sindicatos y empresarios. Las posiciones no son irreconciliables, como demuestran los más de 1.000 convenios firmados en 2022, un dato por debajo de la media de los últimos años, pero que tiene su valor si se toma en consideración que el ANC lleva caducado desde el 31 de diciembre de 2020. Sin esa referencia, ambas partes han sido capaces de buscar diversas fórmulas de revisión salarial, que no siempre suponen una actualización conforme al IPC, y también otras contrapartidas más allá de los sueldos. Un dato: el 21% de los empleados sometidos a un convenio goza de una cláusula de garantía salarial, un punto más que antes de la pandemia y cinco puntos más que al cierre de 2021.

El movimiento de Sordo pretende dejar sin argumentos a la patronal para seguir bloqueando el acuerdo. Hasta ahora, los empresarios se escudaban en que las centrales exigían una revisión conforme al IPC, algo inasumible en un momento en que la inflación marca máximos desde hace cuatro décadas y dispara los costes de las empresas. Sin embargo, la posibilidad de buscar un modelo a la carta, que no penalice a aquellas compañías que pasan dificultades, establece un amplio espacio de diálogo. Ya no se trataría de discutir el qué, sino el cómo. De alguna manera, Comisiones Obreras está desafiando a la CEOE a presentar su propia propuesta. "¿Asumís el reto de una negociación colectiva basada en datos objetivos?", llegó a interpelar el secretario general de CCOO a la patronal.

Sordo, a la CEOE: “¿Asumís el reto de una negociación colectiva basada en datos objetivos?”

La nueva estrategia de negociación del sindicato consiste en dejar en evidencia la contradicción entre los crecientes márgenes empresariales y la negativa de la CEOE a garantizar el poder adquisitivo. En aquellos sectores donde los beneficios no paran de aumentar, no existiría justificación para no revalorizar los salarios. La central ha acompañado la iniciativa de un informe de su gabinete económico que denuncia que los márgenes sobre ventas se dispararon un 30% respecto a la media precovid. Los datos del Banco de España, más prudentes, sitúan este incremento en un 20%. La gran disparidad en las diferentes ramas de la actividad, que siempre destaca el servicio de estudios del regulador, refuerza el argumento de quienes defienden ligar las cláusulas de garantía salarial a la marcha de la economía.

Además de la CEOE, Comisiones Obreras también interpela al Gobierno, que sería el encargado de elaborar el índice que debería servir para determinar dónde y cuánto se revisan los sueldos pactados por convenio. El sindicato quiere cruzar los datos de salarios y beneficios para los diferentes sectores, y pide voluntad política para desarrollar una herramienta que incluya información de la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, el servicio estadístico del Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística o la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos.

Sin embargo, el Ejecutivo se ha mostrado hasta ahora muy prudente al respecto, consciente de que, mientras no haya un pacto global entre sindicatos y patronal, los temidos efectos de segunda ronda —una espiral de salarios y precios que alimente la inflación— se mantendrán alejados. El Acuerdo para la Negociación Colectiva debería ser la base para un pacto de rentas que no acaba de llegar, pero que los trabajadores ya están sufriendo por la vía de los hechos.

Salario o conflicto. Esa era la consigna de los sindicatos el pasado otoño, después de que la negociación colectiva fracasase en mayo ante la negativa de la patronal a establecer cláusulas de garantía salarial ligadas a la inflación. Las centrales tomaron las calles en ausencia de un interlocutor al otro lado de la mesa: el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no iba a dar pasos en falso antes de las elecciones en las que se jugaba —y finalmente consiguió con una victoria incontestable— su reelección.

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