Las grandes fortunas activan sus planes contra el nuevo impuesto del Gobierno

Los grandes patrimonios de Madrid, de la mano de sus asesores, están llevando a cabo cambios contrarreloj para minimizar la factura fiscal del nuevo impuesto. Aunque no tienen margen para evitar el pago del tributo en 2023, al devengarse el actual ejercicio, sí están tomando a cabo acciones para reducir el impacto de cara a 2024.

Hay que tener en cuenta que muchos cambios tardan en ejecutarse, como modificaciones societarias, con lo que están llevando a cabo cuanto antes las modificaciones para hacer más eficiente la estructura patrimonial de cara al nuevo tributo, denominado por el Gobierno como impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas.

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La estimación del Ejecutivo es que se recaudarán 1.500 millones de 23.000 contribuyentes durante dos ejercicios, lo que implica una media de 65.217 euros por cada uno de estos grandes patrimonios afectados. El impuesto, que superpone al de Patrimonio para evitar que haya comunidades donde no se pague, como venía pasando con Madrid e iba a pasar desde 2023 con Andalucía, está enfocado a fortunas a partir de los tres millones de euros.

No obstante, hay 700.000 euros exentos, con lo que tributarán las grandes fortunas a partir de 3,7 millones. El primer tramo tendrá un tipo impositivo del 1,7%, hasta los cinco millones. Después, hay un 2,1% entre los cinco y diez millones, y un 3,5% en adelante. El Gobierno se ha reservado una cláusula de revisión en dos años para analizar si se elimina o si se mantiene.

Afectará a los contribuyentes de Madrid con más de 3,7 M de patrimonio

La cuota autonómica de Patrimonio se deducirá del impuesto estatal, con lo que a quienes más afecta es a los ricos españoles con residencia fiscal en Madrid. Así lo ha mostrado un estudio de Fedea. En un extremo, afectará a los contribuyentes de Madrid con más de 3,7 millones de patrimonio. Y, en el otro, en Baleares se verán afectados los que tengan más de 209,8 millones.

Los grandes patrimonios de comunidades autónomas que no son Madrid llevan años tomando decisiones empresariales y de inversión teniendo en cuenta el ámbito fiscal. Hay que tener en cuenta que este tipo de contribuyentes suele tener asesores financieros y fiscales, y que esta última parte es tanto y más importante para la rentabilidad neta que la primera. Y ahora se está haciendo en Madrid.

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"En general, podríamos decir que estamos trabajando en dos líneas. Por una parte, con aquellos clientes a los que la entrada en vigor del nuevo impuesto les va a afectar y, que, por tanto, tendrán que pagar el impuesto en junio, para preparar la impugnación de la autoliquidación correspondiente vía solicitud de devolución de ingresos indebidos, poniendo encima de la mesa los argumentos sobre la posible inconstitucionalidad del impuesto (posible retroactividad, inseguridad jurídica, atribución de competencias de las Comunidades Autónomas, etc.)”, explica Constantino Vidal, socio de Zada.

Por otra parte, prosigue, se trabaja con los clientes “que están tratando de reducir o incluso eliminar la cuota del impuesto vía reestructuración del patrimonio”. “De cara al ejercicio 2023 prevemos que muchos patrimonios familiares revisen sus estructuras societarias con el objetivo de ser más eficientes en relación con la tributación patrimonial. En este sentido, ya estamos trabajando con los asesores financieros de los clientes para optimizar el límite conjunto renta-patrimonio y seguro, que para el año 2023 este límite jugará un papel mucho más importante, porque ya se tendrá en cuenta en la planificación de las operaciones la existencia dicho límite desde el 1 de enero”, añade.

"Minimizar el impacto de unos impuestos que consideramos incorrectos"

“En el último trimestre, hemos acometido operaciones de reestructuración y optimización para minimizar el impacto de unos impuestos que consideramos incorrectos desde el punto de vista formal y que, por tanto, apuntan a posibles declaraciones de inconstitucionalidad en el futuro”, arguye Vicente Sanz, socio de Andersen.

Fundamentalmente, comenta Sanz, se trata de cumplir con “los requisitos para lograr la exención porque el patrimonio esté afecto a actividades económicas, algunas donaciones tanto a la sociedad de gananciales de bienes privativos como al resto de miembros de la unidad familiar, y revisar los requisitos de residencia y territorialidad. Y también, en atención al límite conjunto del IRPF e Impuesto al Patrimonio, poder materializar pérdidas financieras para reducir el montante de la cuota del IRPF”.

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"A la hora de tratar de minimizar el impacto de este nuevo impuesto, más allá de que el contribuyente reduzca su patrimonio, por ejemplo, vía donaciones, en cuyo caso hay que atender también a la fiscalidad para el donante y el donatario, hay dos aspectos muy relevantes a tener en cuenta: la posibilidad de aplicar la exención por empresa familiar y el efecto del límite conjunto renta-patrimonio-impuesto de solidaridad”, resume Cristina Mayo, socia de FinReg.

De cara al futuro, Mayo cree que “muchos clientes se plantearán optimizar el límite conjunto con productos que generen diferimiento fiscal, canalizando las inversiones financieras a través de fondos de inversión que puedan aplicar el régimen de traspasos, o a través de seguros de vida unit linked, frente a productos más tradicionales de distribución”

Para los últimos días del año, Javier Morera, socio de Broseta, considera que la única opción a explorar es la "donación de valores en pérdidas (que no generan renta en IRPF). Además, la donación de bonos o similares puede generar rendimientos del capital mobiliario (RCMs) negativos (no es raro en estos últimos tiempos) que permitan compensar otros RCM positivos del ejercicio y eso mejora el límite conjunto Renta - impuesto de solidaridad".

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EFE

De forma paralela, señala el experto, habrá impugnaciones de la tributación. Lo mismo que señala Laura Vicente, fiscalista de Ceca Magán: “Dada la dudosa constitucionalidad del impuesto a las grandes fortunas, todas aquellas personas físicas cuyos bienes y derechos resultasen gravados por este impuesto, deberían valorar la posibilidad de solicitar la rectificación de las autoliquidaciones presentadas y solicitar la devolución de las cantidades satisfechas por este concepto”.

Decisiones empresariales y de inversión

Estas decisiones se llevan a cabo sobre todo en Madrid, porque las estructuras estaban descuidadas desde el punto de vista fiscal al no haber tributación por Patrimonio, pese a que existía la amenaza de la armonización desde que se formó el Gobierno de Sánchez, y especialmente hace un año, cuando se designó un comité de expertos desde Hacienda para analizar el sistema fiscal y proponer reformas. Una de ellas fue armonizar Patrimonio para evitar competencia autonómica, si bien consideraron que la opción por la que ha optado Hacienda era la más compleja.

Se busca aprovechar el límite conjunto entre la tributación de IRPF y Patrimonio

Pues bien, como ya es una realidad que van a tener que tributar en junio, por el ejercicio de 2022, las grandes fortunas de Madrid mueven ficha en dos direcciones. Por una parte, para reducir la futura factura, especialmente para cuando tengan que tributar en 2024 por el ejercicio fiscal de 2023. Y, por otro lado, sus asesores están preparando reclamaciones para impugnar el impuesto después de pagarlo. De hecho, ya hay fondos estudiando la posibilidad de financiar los litigios contra Hacienda, tal y como avanzó este medio.

Entre las medidas que están llevando a cabo, las habituales: donaciones y modificaciones patrimoniales para aprovechar las exenciones como empresa familiar o inversión en capital riesgo. También se busca aprovechar el límite conjunto entre la tributación de IRPF y Patrimonio -en este caso impuesto de solidaridad- del 60% de la base imponible de la Renta (se conoce como escudo fiscal, en la jerga), aunque con el límite de no poder rebajar más del 80% la cuota del nuevo tributo. No obstante, se busca reducir el cobro de rentas o dividendos.

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En realidad, más allá de cuestiones filosóficas o sociales sobre si los ricos deben pagar impuestos o no por su patrimonio, hay consenso entre los expertos en cómo este tributo distorsiona decisiones empresariales y de inversión. Porque si se tiene una sociedad no se quiere bajar del 5% de participación para mantener la exención de la empresa familiar, por la que si más del 50% de los activos de la sociedad en la que la familia tiene al menos un 5% están enfocados a una actividad productiva, el 95% del valor de estos activos, denominados afectos, se deducirá de la base imponible de Patrimonio.

Por lo tanto, es difícil que una familia quiera que su empresa crezca si eso implica bajar del 5% por dar entrada a otros inversores, aunque pudiera redundar en más beneficio futuro. Lo mismo ocurre con las inversiones financieras, priorizando las que no tengan dividendos o rentas.

Así, los grandes patrimonios de Madrid están llevando a cabo movimientos para tener sociedades familiares de alguna actividad productiva o inversión en capital riesgo, y buscan explotar el escudo fiscal. También hay donaciones. E, incluso, en off algunos despachos confiesan que están asesorando a grandes fortunas que han decidido moverse a Portugal, algo que ya se vio con frecuencia en 2018 y 2019 y que intensificó las inspecciones de Hacienda por posibles simulaciones de residencia fiscal. También, aseguran, hay grandes patrimonios de Latinoamérica que estaban preparando su mudanza a Madrid y la han descartado.