La Moncloa aplica el efecto placebo para combatir la inflación

Tiene razón Sánchez cuando sostiene que en el centro de los problemas económicos está la inflación. Es, incluso, una obviedad. Y la tiene aún más cuando recuerda que en todos los países del mundo el IPC está por las nubes, en muchos casos por encima de España. Pero sorprende que las dos medidas estrellas anunciadas este martes, durante el primer día del debate sobre el estado de la nación, no se dirijan a controlar el avance de los precios, sino a aumentar la presión fiscal sobre las dos actividades que más se van a beneficiar de la coyuntura económica.

Por un lado, las compañías energéticas, gas y electricidad, y, por otro, el sistema financiero. En el primer caso, por el incremento de los precios y, en el segundo, por el ensanchamiento de los márgenes de intermediación de la banca a consecuencia de los mayores tipos de interés. En el primer caso, creando un impuesto de carácter excepcional y temporal que gravará los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023, y que recaudará unos 2.000 millones de euros al año. Y, en el segundo, mediante un impuesto, también excepcional y temporal, que tendrá una duración de dos años (sobre los ejercicios 2022-2023) y se estima que recaudará en torno a 1.500 millones de euros al año.

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Es evidente que ambas medidas tienen fundamentalmente un componente de carácter político, y de ahí que no sorprenda el aplauso general en la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno nada más anunciarse, pero su efecto sobre los precios será cero. O, incluso, adverso, toda vez que es algo más que probable —solo hay que repasar nuestra reciente historia— que las empresas afectadas tenderán a trasladar a sus clientes y usuarios el aumento de impuestos. Obviamente, salvo que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia) diga algo, pero no hay mucho que esperar de esta vía.

Es significativa la iniciativa del Gobierno porque fue el propio Sánchez en la primera fase de su intervención quien reivindicó a los médicos especialistas frente a los curanderos en política económica, que son legión. Pero lo que se ha aprobado es simplemente efecto placebo. Es decir, una falsa medicina cuyo impacto real sobre la salud del enfermo es cero.

Vuelta al teletrabajo

Otra cosa es que ayude en términos imaginarios dando la falsa impresión de que así se va a contener la fiebre de la inflación. El Gobierno podría haber impulsado medidas de ahorro energético para contener la demanda y, por ende, los precios, pero no lo ha hecho. Probablemente, por su impacto contractivo sobre la economía, como lo tendrá la vuelta al teletrabajo en determinadas actividades.

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El Gobierno seguirá subvencionando llenar el tanque de gasolina, lo que sin duda alienta el crecimiento de los precios en unos momentos de alta demanda, como es el verano. Solo una mera recomendación a poner menos el aire acondicionado o a tirar menos de la calefacción, pero poco más, cuando lo que se aprendió en la anterior crisis es que solo reduciendo la demanda de petróleo se podría combatir la inflación.

Bien distinto es su efecto sobre las finanzas públicas. El aumento de la presión fiscal sobre las empresas energéticas y la banca le da más margen de maniobra al Gobierno para compensar a los colectivos más afectados. En particular, quienes sufren los altos costes del transporte, lo que explica que se haya dado un paso más en las subvenciones al transporte ferroviario asegurando la gratuidad de los abonos de Renfe en cercanías, Rodalies y media distancia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

Las medidas impulsarán la demanda interna, lo cual choca con la estrategia más restrictiva de política económica que ha emprendido el BCE

El resto de medidas, ya sea la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, la nueva Ley de Industria o la Ley de Mecenazgo, sin embargo, no están directamente relacionadas con la pandemia energética que sufre el planeta, sino con decisiones discrecionales que tienen toda la legitimidad desde el punto de vista político, pero irrelevantes en términos económicos para lograr que la tasa de inflación pueda retroceder, que es el objetivo principal en este contexto de cualquier política económica.

Al contrario, son medidas que impulsarán la demanda interna, lo cual choca con la estrategia más restrictiva de política económica que ha emprendido el BCE.