Sánchez promete a Bruselas una gran subida de impuestos para compensar el mayor gasto

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 consolidarán el crecimiento del gasto público realizado durante la pandemia, lo que implica un importante salto del déficit estructural. Mientras las reglas fiscales sigan suspendidas por la Comisión Europea, el Gobierno tendrá margen para realizar una política expansiva, pero previsiblemente en 2023 cambiará el reloj del ciclo fiscal y los países que hayan elevado su gasto tendrán que apretarse el cinturón, como es el caso de España. El Gobierno ha prometido a Bruselas, en su nuevo Plan Presupuestario para el año 2022, que reducirá este nuevo déficit estructural con subidas de impuestos.

No es la primera vez que lo hace, ya que el Gobierno se comprometió a una reforma fiscal como parte de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ahora da un paso más y señala que ese incremento de la recaudación servirá para reducir el déficit estructural. En concreto, el Plan Presupuestario, remitido en la noche del viernes a Bruselas, señala que se utilizarán "estos crecimientos [de la recaudación] para ajustar el déficit estructural". "De esta forma se garantizará la sostenibilidad a medio plazo del estado del bienestar", explica el Gobierno en el documento.

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Javier G. Jorrín

Para el Ejecutivo es "necesario acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno, ya que España presenta un diferencial negativo de ingresos en relación con la Unión Europea", y matiza: "Los objetivos que se persiguen con la reforma del sistema tributario español es hacerlo más equitativo, progresivo y justo". Aunque no anuncia ninguna medida concreta, ya que sigue esperando a que la comisión de expertos nombrada emita sus conclusiones el próximo mes de febrero, Hacienda pone el foco en algunas de las medidas tributarias a las que quiere prestar "especial atención". Esto es, los impuestos que ya está pensando en subir aunque no tenga el informe de los expertos. Son cinco figuras fiscales: "Fiscalidad medioambiental, imposición societaria, tributación de la economía digitalizada, aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial y fiscalidad de las actividades económicas emergentes".

Esto significa que la futura reforma fiscal afectará a un gran abanico de impuestos con el objetivo de elevar su recaudación y hacerlos más progresivos. Entre las medidas prometidas a Bruselas destaca la "armonización de la tributación patrimonial", ya que esta propuesta ha generado mucha polémica en el pasado. El impuesto sobre el patrimonio está cedido a las comunidades autónomas y algunas lo tienen bonificado, como es el caso de Madrid, lo que ha sido tachado por otras regiones como competencia fiscal desleal. En este plan presupuestario, el Gobierno se compromete a armonizar esta tributación en el territorio.

En el caso de la recaudación digital, la solución idónea se encuentra en el tipo mínimo del impuesto sobre sociedades del 15% que está impulsando la OCDE. Este impuesto es diferente al tipo mínimo que va a aprobar el Gobierno, ya que permitirá a España elevar la recaudación de las multinacionales extranjeras dentro del país que actualmente utilizan estrategias de elusión fiscal para erosionar su base imponible en España y así reducir su factura fiscal. La propuesta de la OCDE permitirá que las empresas paguen un mínimo del 15% de su base imponible, lo que evitará estas prácticas de elusión, y se podrá repartir la recaudación en los países en los que se genera el negocio.

El Gobierno también pone el foco en subir los impuestos medioambientales para luchar contra el cambio climático. El Gobierno ya se ha comprometido con Bruselas a eliminar los beneficios fiscales que tiene el impuesto al diésel, pero hasta ahora no ha podido hacerlo por falta de apoyo parlamentario. La fecha acordada con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación es que esta medida esté aprobada en el último trimestre de 2022.

Corregir el déficit

Uno de los mandatos que tienen que cumplir todos los países de la Unión Europea es calcular el déficit estructural de los presupuestos para el siguiente año. El Gobierno reitera en el Plan Presupuestario, como ha realizado en otras ocasiones con anterioridad, que la metodología para calcular el déficit estructural que utiliza la Comisión "es poco robusta conceptualmente". En su opinión, el déficit estructural de España debería ser más bajo del que se obtiene con la metodología de la Comisión. En cualquier caso, el cálculo que realiza el Ministerio de Economía sitúa el déficit estructural en el 4,5% del PIB para el próximo año. Esto es, España sale de la pandemia con dos puntos más de déficit estructural del que tenía antes del covid.

Dos puntos del PIB equivalen a unos 30.000 millones de déficit, una cuantía que es, por ejemplo, casi el 150% de la recaudación de todo el impuesto sobre sociedades. Si los cálculos de la Comisión son ciertos, esto significa que España tiene todavía un largo camino de ajustes para volver a embridar el déficit. Si, por el contrario, las estimaciones del Ministerio de Economía son certeras, el déficit debería ajustarse rápidamente con el crecimiento cíclico de los próximos años hasta que el país vuelva a cerrar su 'output gap'. Esto es, cuando la economía vuelva a estar en equilibrio, el déficit será más bajo de ese 4,5%.

En 2022 todavía seguirán suspendidas las reglas fiscales, lo que permitirá al Gobierno recolocar el presupuesto liberado por los estabilizadores automáticos en otras partidas de gasto corriente e inversión. El Ministerio de Hacienda señala que la suspensión de las reglas fiscales también afectará al gasto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos durante el próximo año. En el caso de las CCAA, el déficit estimado para el próximo año es del 0,6% del PIB para las del Régimen Común y del 0,9% para País Vasco y Navarra por su sistema foral. Eso sí, el ministerio advierte a las regiones que la adhesión a los mecanismos de financiación conlleva la aprobación de los planes de ajuste para el reequilibrio de sus cuentas públicas.

En el caso de los ayuntamientos, la suspensión de las reglas fiscales impulsará el gasto de aquellos que tienen acumuladas reservas en caja de los superávit de los años anteriores. El Plan Presupuestario señala que la activación de esta cláusula de escape "puede originar una mayor utilización del remanente de tesorería para gastos generales para financiar gasto, tanto en 2020 como, sobre todo, en 2021 y, quizás, en menor medida en 2022". En concreto, los remanentes que pueden utilizarse ascendían a 20.700 millones de euros a finales de 2020, pero Hacienda considera que "no los emplearán en su totalidad", pero sí "podría generar un incremento del gasto" de forma coyuntural.