¿Keynesianismo? El sector público se olvida de invertir durante la crisis (-32%)

Las políticas anticíclicas fueron bendecidas, y hasta auspiciadas, por el FMI, la OCDE y la propia Comisión Europea al principio de la pandemia para compensar el desplome de la economía. El Fondo Monetario, incluso, llegó a recomendar a los gobiernos que pusieran en marcha un “estímulo fiscal generalizado” para ayudar a apuntalar la demanda agregada. En particular, la inversión pública y las rentas de pequeñas empresas y trabajadores.

Bruselas, en la misma línea, aprobó unos días después de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declarara la pandemia la suspensión de las reglas fiscales. Es decir, una especie de barra libre para gastar aprovechando la potencia de fuego del Banco Central Europeo. ¿Qué ha pasado desde entonces en España en términos de inversiones reales? Pues que el sector público se ha retraído. Hasta el punto de que la licitación pública caerá este año un 32%, según las previsiones de Seopan, la patronal del sector.

Los datos reales del antiguo Ministerio de Fomento, hoy rebautizado como Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, señalan en la misma dirección. Si entre enero y agosto de 2019 la licitación pública alcanzó los 7.416 millones de euros, este año, en igual periodo, apenas se ha llegado a los 3.416 millones. Es decir, menos de la mitad.

El descenso ha afectado a las diversas tipologías de edificación (viviendas familiares, establecimientos colectivos y obra no residencial), pero también a ingeniería civil, con una caída del 51% en los primeros ocho meses del año.

La caída de la inversión pública afecta, igualmente, tanto a la licitación como a la contratación. En este último caso, el descenso es equivalente al 41,9% hasta septiembre. A destacar el hecho de que todas las administraciones han reducido sus inversiones, en especial el Estado (-55,4%), por encima de las corporaciones locales (-38%) y las comunidades autónomas, con un retroceso del 13%.

Más déficit, menos inversión

Por lo tanto, se trata de un comportamiento generalizado del sector público, que, sin embargo, al mismo tiempo se ha visto obligado a endeudarse de forma extraordinaria. En concreto, entre febrero y septiembre, el endeudamiento en términos de Protocolo de Déficit Excesivo (criterio de Eurostat) ha crecido en 106.671 millones de euros. Pese a ello, como se ha dicho, la inversión pública se ha desplomado.

Esto sugiere que buena parte del endeudamiento se ha destinado a financiar prestaciones sociales, ya sean monetarias —el pago de los ERTE— o en especie, por ejemplo, gasto sanitario, nuevas necesidades educativas relacionadas con el covid-19 o inyección de dinero en dependencia y otros servicios sociales.

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El retroceso de la inversión pública explica, precisamente, que Funcas haya estimado una caída de la inversión en construcción del -16,2% este año, es decir, significativamente por encima del -12% que perderá el PIB, si se cumplen las estimaciones de Funcas.

La distinta evolución de ambas magnitudes es especialmente relevante debido a que la construcción es un sector intensivo en mano de obra, al contrario que otros componentes del PIB, cuyo efecto es más a largo plazo. Hay que tener cuenta que, por ejemplo, la licitación pública en carreteras está cayendo a un ritmo del 43,8%, según Seopan, mientras que en obras hidráulicas (depuradoras o redes de abastecimiento), el desplome es del 24,8%.

Consumo de cemento

Esta realidad, el deterioro de las inversiones reales en infraestructuras, se manifiesta en el hecho de que el consumo de cemento está cayendo a un ritmo anual del 13,1%. Lo singular es que la tasa, lejos de mejorar, empeora, pese a que ya no existen restricciones a las actividades de construcción, al contrario de lo que sucedió durante el segundo trimestre del año. Este efecto multiplicador sobre la economía y el empleo justifica, según el presidente de Oficemen, Víctor García Brosa, que las distintas administraciones deban prestar mayor atención a la política de infraestructuras. “Necesitamos contar con planes específicos que activen y movilicen las inversiones que generen competitividad, y en este capítulo, las infraestructuras son clave”, sostiene.

La evolución negativa de la política de infraestructuras durante la pandemia choca con un informe del BCE que acredita que un incremento de la inversión pública afecta positivamente el crecimiento económico por dos vías. Por un lado, por la demanda agregada (consumo privado, público e inversiones) y, por otro, porque aumenta el potencial de crecimiento de la economía al aumentar el 'stock' de capital público. Sin embargo, como sostiene el informe del BCE, no vale todo el gasto, sino que hay que evaluar el coste-beneficio. En particular, teniendo en cuenta sus efectos sobre las finanzas públicas.

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El BCE recuerda, en concreto, que los multiplicadores de la inversión pública dependen de cómo se financia el gasto. Y si se hace exclusivamente con impuestos o con deuda, en lugar de con avances en la productividad o con reformas institucionales, se puede conseguir un efecto no deseado. Es decir, que esa inversión resulte finalmente ineficiente, como ha sucedido con las inversiones en muchas de las líneas de AVE.

El efecto multiplicador que tienen las infraestructuras sobre la economía y el empleo lo avala el propio Gobierno en el plan de recuperación enviado a Bruselas, incluido parcialmente en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

El Ejecutivo cita, en concreto, la rehabilitación del tejido urbano degradado en las grandes áreas metropolitanas, la activación del sector de la construcción, en genérico, además de la estrategia de infraestructuras verdes y el nuevo ciclo de planificación hidrológica. Todo eso, a partir de 2021, cuando el Gobierno aumentará de forma relevante la inversión pública real, aunque solo gracias a los fondos europeos. De lo contrario, caería un 4%. En 2020, se ha hecho lo contrario.