El Gobierno prepara un Presupuesto alternativo por si falla el Plan A

Habrá Presupuesto. De una forma o de otra, pero habrá Presupuesto. Esta es la directriz que ha transmitido Hacienda a los ministerios, cuyos centros directivos se están reuniendo estos días para elaborar las cuentas públicas, ya sean las ordinarias —las que cada año habría que presentar antes del 30 de septiembre, aunque ya sea frecuente no hacerlo— o unas extraordinarias, que girarán en torno a los fondos que vayan llegando de la Unión Europea (UE).

La idea es que esos fondos se gasten haya o no Presupuestos Generales del Estado para 2021, lo que en la práctica supone mantener la dinámica de gasto del sector público, con lo que ello supone en un contexto como el actual. La orden de Hacienda es elaborar unos Presupuestos ordinarios restrictivos, si salen adelante, mientras que la política fiscal expansiva vendrá de la mano del crédito procedente de la UE, ya sea mediante transferencias a fondo perdido o préstamos a devolver hasta 2058.

De hecho, como han asegurado a este periódico fuentes autorizadas, la estrategia es incluir gasto ordinario de algunos ministerios en el plan de recuperación, lo que en el fondo supone un simple ajuste contable. En lo que hay más incertidumbre es en la vertiente de los ingresos, toda vez que están totalmente condicionados a la evolución de la economía, y esta a la marcha de la pandemia.

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Hay que tener en cuenta, además, que las grandes partidas de gasto en 2021 serán deuda pública y desempleo (en total, más de 55.000 millones de euros), y ambos son créditos ampliables, lo que significa que no se necesita el aval del Congreso para aumentar el gasto, ya que tanto las prestaciones de paro como las pensiones o el servicio de la deuda hay que pagarlos sí o sí, ya que son derechos reconocidos por las leyes.

Incluso el Fondo de Cohesión Sanitaria es un crédito ampliable que no puede ser tumbado por el Congreso. Esto hace que los ministerios afectados estén hoy ya elaborando sus presupuestos completamente al margen de lo que suceda con la aprobación del Parlamento. O expresado de otra forma, el gasto extra del Presupuesto se endosará al fondo europeo.

En paralelo, y de acuerdo a la legislación vigente, Hacienda está ultimando la elaboración del techo de gasto y los distintos escenarios de déficit de las diferentes administraciones, y, según fuentes del Consejo de Ministros, su aprobación será "inmediata". Otra cosa es saber cuándo se discutirán en el Parlamento.

Periplo parlamentario

Entre otros motivos, porque el calendario presupuestario se está viendo muy condicionado por las posibles elecciones en Cataluña. Básicamente, por la posición de ERC, cuyo voto puede ser determinante en un sentido o en otro. Un adelanto de las elecciones durante el periodo de tramitación de los Presupuestos, incluido el techo de gasto, podría dar al traste con su periplo parlamentario, de ahí que el Gobierno esté esperando el momento más oportuno para su presentación.

En teoría, como paso previo, Hacienda está obligada a cumplir el artículo 11 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga al Gobierno a lograr mayoría absoluta en el Congreso (176 diputados) para poder incrementar el déficit estructural, y que la propia ley define como el que está ajustado al ciclo económico. Es decir, el desequilibrio a medio plazo entre ingresos y gastos, precisamente el que más interesa a la Comisión Europea cuando analiza las cuentas públicas de los países miembros. En todo caso, esos objetivos deben enviarse a Bruselas antes del 15 de octubre, que es cuando los Estados deben presentar sus respectivos planes presupuestarios.

Bruselas es hoy la mejor ancla que tiene este Gobierno para que sus órganos gestores puedan funcionar sin problemas aunque no haya PGE

Solo en teoría, porque, paradójicamente, como sostiene un miembro del Ejecutivo, Bruselas es hoy la mejor ancla que tiene este Gobierno para que sus órganos gestores puedan funcionar sin problemas aunque no haya Presupuesto —más allá del ruido político que cada cierto tiempo airea Iglesias para presionar a Sánchez— con el dinero procedente del fondo de recuperación.

Lo cierto, sin embargo, es que hasta la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria está hoy suspendida en algunos de sus puntos por mor de la legislación europea, que mantiene activada la llamada cláusula de escape, lo que significa que no se aplica (artículo 3) el principio de que la aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos deben ser coherentes con la estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas. Es decir, ni siquiera sería necesario el aval del Congreso para incrementar el déficit estructural. Prima la legislación europea.

Fondo de recuperación

Hay que tener en cuenta que es en el marco del Plan Nacional de Reformas en el que los Estados miembros tienen que enviar a Bruselas un horizonte presupuestario con las inversiones y reformas que pretenden realizar y para las que necesitan financiación externa. En este caso, desde el fondo de recuperación. Alrededor de 140.000 millones (entre préstamos y subvenciones) podrían corresponder a España en los próximos años, ya que no se trata de una cantidad que se paga de golpe.

Eso quiere decir que, para el Gobierno, incluso, puede ser intrascendente que se aprueben o no los PGE de 2021, aunque obviamente prefiere que salgan adelante, aunque en todo caso pueda seguir haciendo políticas públicas con el dinero procedente de la Unión Europea.

El hecho de que Europa financie buena parte de los programas de gasto supone, en definitiva, que, aunque no haya Presupuesto, se puede hacer política presupuestaria. Algo que no es incompatible con el hecho de que Sánchez, que así mete presión al PP acusándolo de no estar a la altura en unas circunstancias como las actuales, busque un acuerdo que le permitiría prácticamente agotar la legislatura. Es decir, habría apenas un Presupuesto en casi seis años, lo cual refleja la inestabilidad política.

Otra cosa es la orientación ideológica de esos programas de gasto, y aquí es donde puede haber algún conflicto con la parte de Unidas Podemos en el Gobierno. Desde el área económica de la coalición, se buscan políticas más decididas y transformadoras de gasto público y no una mera política de subvenciones.

Por el momento, hay total confianza en que el Ejecutivo sorteará los conflictos, entre otras razones, porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es pragmática, y no pondrá pegas a un Presupuesto avalado por ERC o por Ciudadanos. Se impone el pragmatismo. Otra cosa son las consecuencias políticas.