La 'ley Montoro' obliga a Calviño a lograr mayoría absoluta para sacar el Presupuesto

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, un texto aprobado por el anterior Gobierno en 2012, se vuelve a cruzar en el camino del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la tramitación de unos Presupuestos Generales del Estado.

Si antes fue el polémico artículo 15.6 el que se interpuso debido a que el Senado tiene derecho de veto sobre los objetivos de déficit público, y entonces el Partido Popular tenía mayoría absoluta en la Cámara Alta, ahora es el artículo 11 el que obliga al Gobierno a lograr mayoría absoluta en el Congreso (176 diputados) para poder incrementar el déficit estructural. Y que la propia ley define como el que está ajustado al ciclo económico. Es decir, es el desequilibrio a medio plazo entre ingresos y gastos, precisamente, el que más interesa a la Comisión Europea cuando analiza las cuentas públicas.

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La ley de estabilidad, en concreto, habilita al Gobierno a que, “excepcionalmente”, tanto el Estado como las comunidades autónomas puedan incurrir en déficit estructural en caso de “catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen del control de las administraciones públicas”. Y parece obvio que estas circunstancias concurren en la actual situación.

El problema es que la propia norma precisa que esas circunstancias deben ser “apreciadas” por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Es decir, no es una prerrogativa unilateral del Gobierno acogerse a la cláusula de escape, similar a la que existe en la Unión Europea, según el exdiputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, sino que el intérprete de la ley es una mayoría cualificada que hoy por hoy no tiene garantizada el presidente Sánchez, salvo que logre una amplia mayoría en la que estén Ciudadanos y/o los independentistas de ERC.

El artículo, en todo caso, es fiel a la reforma constitucional aprobada a instancias de Alemania en tiempos de Rodríguez Zapatero (2011), que introdujo en la Carta Magna el concepto de estabilidad presupuestaria y que, paradójicamente, el presidente del Gobierno ha pretendido cambiar sin éxito. Es más, la ley establece que tras un periodo transitorio de ocho años, a contar desde 2012, este 1 de enero pasado se debería haber alcanzado un equilibrio estructural con un nivel de deuda equivalente al 60% del PIB (es probable que acabe en el 120%).

Antes de la pandemia

El artículo 135.4, en concreto, precisa que es el Congreso quien, por mayoría absoluta, debe habilitar al Gobierno para superar los límites de déficit estructural, que la Comisión Europea, respecto del año pasado, cuando todavía no había estallado la pandemia, situó por encima del 3% del PIB. En 2020, según algunos estudios, podría situarse ya por encima del 5%.

Eso significa que solo tras el visto bueno del Congreso se podrían seguir tramitando los Presupuestos de 2021, que, en todo caso, deben seguir un procedimiento muy farragoso.

Hacienda, en primer lugar, debe aprobar todavía la orden ministerial que sirve de hoja de ruta a los distintos ministerios sobre cómo elaborar los presupuestos y, posteriormente, el Consejo de Ministros debe enviar al Congreso tanto el techo de gasto como los objetivos de déficit de las distintas administraciones. Un procedimiento lento que consume semanas, y no hay que olvidar que constitucionalmente, otra cosa es que se haga, el Gobierno debe remitir el proyecto de ley de Presupuestos antes del 30 de septiembre.

Plan de reequilibrio

Hay que tener en cuenta, además, que la ley no solo obliga al Congreso a definirse por mayoría absoluta, sino que también compromete al Gobierno para que, al mismo tiempo, en paralelo, apruebe un plan de reequilibrio presupuestario “que permita la corrección del déficit estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento”.

Es decir, junto al objetivo de déficit para el año próximo, el Gobierno debe incorporar un escenario de reducción del déficit público, un asunto especialmente delicado en estos momentos en que hay un debate intenso sobre cuándo hay que comenzar a retirar los estímulos fiscales.

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Y lo que se sabe es que hoy la vicepresidenta Calviño es quien mantiene una posición más restrictiva frente a los ministros económicos de Unidas Podemos o el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ha pedido en sede parlamentaria prudencia a la hora de retirar los estímulos. Lo que está en juego, ni más ni menos, es la credibilidad de la política fiscal para los próximos años, tanto desde la vertiente de los mercados como de la propia Comisión Europea, a quien la vicepresidenta Calviño debe enviar su plan presupuestario 2021 antes del próximo 15 de octubre.

El Gobierno aprobó a comienzos de este año los objetivos de estabilidad presupuestaria hasta 2023, pero ese escenario de consolidación fiscal ha saltado por los aires, ya que apenas un mes después el Ejecutivo tuvo que declarar el estado de alarma, con el consiguiente derrumbe de la economía.

El margen de maniobra del Gobierno para alcanzar los 176 diputados es estrecho, y eso puede explicar que Sánchez se haya abierto a negociar con el Partido Popular y esté haciendo, al mismo tiempo, lo posible para que Ciudadanos y Unidas Podemos puedan viajar en el mismo barco presupuestario. La complejidad estriba, sin embargo, en que necesitaría una doble mayoría absoluta, una para aprobar el incremento del déficit estructural, de carácter previo, y otra para sacar adelante los Presupuestos del año próximo. Objetivos complicados con una mayoría estable de 155 diputados.