El Gobierno mete en vía lenta la aprobación de los presupuestos para 2021

Lo dice un miembro del Gobierno que prefiere guardar el anonimato: “No hay nada. Todavía no se ha movido ni un papel sobre los presupuestos de 2021”. Un secretario de Estado lo confirma: “No se ha comenzado a discutir nada”.

La aprobación de los presupuestos del año próximo no es un asunto más. Es probable, de hecho, que el curso de la legislatura se juegue en ese campo, y de ahí que el Gobierno esté siendo extremadamente prudente a la hora de lanzar las negociaciones sobre las cuentas públicas. Por el momento, ni siquiera ha aprobado la Orden Ministerial que regula los criterios generales de presupuestación para el año que viene, cuando en un año considerado normal se hacía en abril. Es decir, el marco general de actuación que deben cumplir los gestores públicos, y que supone el primer paso para comenzar a tramitar los presupuestos.

La última norma se publicó en el BOE el pasado 21 de enero y se refería al presupuesto para 2020, pero desde entonces ha pasado un mundo. Aunque el Gobierno se curó en salud aprobando en febrero tanto el límite de gasto para 2021 como los objetivos de déficit, las cifras están completamente superadas por la nueva coyuntura económica, lo que significa que ahora el consejo de ministros debería enviar una nueva propuesta al parlamento y discutirla con las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Un reto algo más que difícil en este contexto político. Entre otros motivos, porque por medio hay elecciones en el País Vasco y Galicia y, sobre todo, una mesa de negociación con los independentistas catalanes que fueron, precisamente, los que tumbaron los anteriores presupuestos del Gobierno Sánchez y obligaron a convocar elecciones. Sin contar, obviamente, las incertidumbres presupuestarias que ha generado la pandemia económica, que ha provocado un desplome de la recaudación y un aumento en vertical de los gastos.

Es por ello por lo que hasta que no se despeje algo el panorama político y económico el Gobierno ha decidido meter en el congelador la tramitación de los presupuestos. En teoría, según el mandato constitucional, todavía estaría a tiempo de presentarlos antes del 30 de septiembre, pero eso le obligaría cerrar pactos políticos que hoy no tiene asegurados. También con sus socios de coalición.

Reducción del déficit

El Gobierno, como es evidente, ha dado ya por perdido el año 2020 desde el punto de vista de la consolidación fiscal. Y, de hecho, ha previsto un déficit equivalente al 10,3% del PIB en la actualización del programa de estabilidad, aunque organismos como la AIReF lo han elevado al 13,9%. En todo caso, la vicepresidenta Calviño ha sugerido que ya en 2021, en el marco de la sostenibilidad de las cuentas públicas, se retomará la senda de reducción del déficit, aunque sin cuantificarla, y ahí comenzarán las negociaciones con su socio de Gobierno y con las propias CCAA, que gestionan, precisamente, uno de los capítulos más expansivos desde el punto de vista del gasto, como es la sanidad.

Este contexto es el que aconseja al Gobierno esperar y ver como transcurre la situación económica, muy influida por lo que ocurra durante la temporada turística, que es clave desde el punto de vista de los ingresos. Tanto en relación con el IVA, por la evolución del consumo, como respecto del IRPF, ya que su recaudación depende, fundamentalmente, del volumen de empleo, y hoy el Gobierno no cuenta con bases sólidas para conocer cuántos de los trabajadores que hoy están con el empleo suspendido (ERTE), acabarán viendo que se extingue su relación laboral.

La utilización de los fondos europeos, en particular el de reconstrucción, tampoco está exento de incertidumbres. Las negociaciones entre Estados comenzarán formalmente el próximo 19 de junio en el Consejo Europeo, y partir de ahí comenzará un tira y afloja con los funcionarios de la Comisión para identificar los programas de gasto que pueden ser financiados. Ese dinero, algo más de 116.700 millones de euros, incluyendo los créditos, debe ser incorporado en los presupuestos de 2021, por lo que el grado de provisionalidad es máximo.

Seis meses de tregua

El escenario político, igualmente, está lleno de incertidumbre. Aunque el Gobierno podría sacar adelante el presupuesto de 2021 con los votos de Ciudadanos, su portavoz económico, Luis Garicano, ha pedido una tregua de seis meses, a nadie se le escapa que Unidas Podemos pone serias reticencias a la foto, y de ahí que el Gobierno no tenga ninguna prisa en arrancar la tramitación presupuestaria. Máxime cuando podría presentar los PGE en el último trimestre del año o a principios del próximo, como ha sido la práctica en los últimos años incumpliendo el mandato constitucional.

El hecho de que todavía, formalmente, estén vigentes los de 2018, de la época Montoro, es más simbólico que real, toda vez que han sufrido tantos cambios a través de las sucesivas prórrogas que hoy son en la práctica irreconocibles. El gasto se ha disparado en partidas muy relevantes como son la deuda pública, la cobertura del desempleo o las transferencias a las comunidades autónomas. Esos son créditos ampliables que hay que cubrir sí o sí, y de ahí que el Gobierno se sienta cómodo, aunque no tenga marco presupuestario.

Existe, además, un punto caliente que puede marcar su evolución, y que tiene que ver con la revalorización del sueldo de los empleados públicos

Ayer mismo, el propio presidente no mostró ninguna prisa en comenzar su tramitación, ya que así su margen de maniobra es mayor, aunque eso le obligue a gobernar por decreto. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, que es una política estructural, se ha aprobado sin crédito presupuestario alguno.

Existe, además, un punto caliente que puede marcar su evolución, y que tiene que ver con la revalorización del sueldo de los empleados públicos. El acuerdo firmado en marzo de 2018 expira este año, por lo que el Gobierno está obligado a negociar de nuevo con los sindicatos de la función pública. Esa negociación será el termómetro de la estrategia fiscal del Gobierno. Es decir, si mantiene una política presupuestaria fuertemente expansiva para dejar actuar a los estabilizadores automáticos o, por el contrario, si comienza a introducir algunos mecanismos correctores en el gasto público.

Ahí está el centro de los debates. No en vano, la Comisión Europea espera para el año próximo un déficit público para España equivalente al 6,7% del PIB. Es decir, más del doble de lo que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Aunque Bruselas ha congelado su aplicación en 2020, a nadie se le escapa que en algún momento la UE volverá a la disciplina fiscal. De ahí que la vicepresidenta Calviño busque el mejor momento para la presentación del presupuesto para 2021. El Gobierno, al fin y al cabo, se lo juega a todo o nada.