A Ribera se le acumula el trabajo: Bruselas avanza en ocho expedientes en dos meses

La Unión Europea es un gigante lento pero que jamás se detiene. Y una de las mejores muestras es el sistema de procedimientos de infracción. La Comisión Europea, encargada de vigilar que todos los Estados miembros cumplen con los tratados y las normativas europeas, no ha parado de abrir, avanzar y concluir procedimientos ni siquiera en el pico de la pandemia.

España es uno de los miembros con más procedimientos de infracción abiertos. Y en los últimos meses, la tarea se acumula en el despacho de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico: los técnicos de la Comisión Europea han avanzado en ocho procedimientos de infracción desde finales de mayo en toda una gama de casos.

Los procedimientos de infracción siguen un camino: primero, los técnicos mantienen un diálogo informal con los ministerios, luego llega la fase pre-litigio, en la que la Comisión Europea envía una “carta de notificación formal” a la que el Estado miembro puede contestar. En caso de que Bruselas no esté satisfecha con las explicaciones, da el siguiente paso, consistente en un dictamen motivado. El último paso consiste en llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que inste al Gobierno a cumplir con las normas europeas. En caso que el Estado miembro tampoco cumpla con la decisión de la corte de Luxemburgo, se puede llegar a sanciones.

Opinión

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En julio de 2019, la Comisión Europea identificó a España como el país europeo con más procedimientos de infracción abiertos. Además, es también uno de los dos países con más expedientes abiertos por materia medioambiental, junto con Grecia. Esto no se debe siempre a una mala praxis que no se da en el resto de Estados miembros, sino en una falta de eficacia a la hora de abordar estos expedientes, muchas veces como resultado de la división de competencias con las comunidades autónomas.

Los últimos casos han llegado con el paquete de infracción mensual que el Ejecutivo comunitario hizo público el 2 de julio. En él, el ministerio de Ribera acapara cuatro de los siete casos españoles. Hay dos relacionados con naturaleza. Pide explicaciones al ministerio por las zonas especiales de conservación (ZEC) y ha enviado una notificación formal por la mala implementación de normas europeas para la protección de mamíferos marinos y aves.

Otro de los expedientes abiertos a España tiene que ver con la calidad del agua: la Comisión Europea pide a España que cumpla con la Directiva sobre Nitratos, cuyo objetivo es proteger las aguas superficiales y subterráneas de Europa contra la contaminación procedente de fuentes agrícolas. El ministerio recibió el primer aviso en noviembre de 2018 y, “a pesar de algunos avances”, España todavía tiene deberes por hacer, desarrollando y mejorando la red de monitoreo de nitrato, así como extender las zonas vulnerables de nitrato a más regiones y tomar más medidas. “La Comisión ha emitido un dictamen motivado, dando a España tres meses para tomar las medidas necesarias para abordar las deficiencias identificadas. De lo contrario, la Comisión puede decidir remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, señala el Ejecutivo comunitario.

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Otro de los frentes abiertos del ministerio tiene que ver con la Directiva de Responsabilidad Ambiental, que permite solicitar a las autoridades competentes que tomen medidas correctivas por daños ambientales. La Justicia europea ha realizado una serie de aclaraciones que han hecho que la Comisión Europea revise si la legislación de todos los Estados miembros cumplen con la directiva. Y aquí España no está sola: el resultado es que un total de 16 Estados miembros no cumplen con la directiva, por lo que la Comisión Europea ha pedido que ajusten su legislación nacional o, de lo contrario, dará un paso más en el proceso con un dictamen motivado.

Además, la Comisión Europea ha enviado dos notificaciones más por "no comunicación", es decir, cuando un Estado miembro no transpone una directiva o un cambio en una norma europea. Ambos casos tienen que ver con una modificación de los anexos de una directiva delegada 2020/363 de la Comisión, que establece que los Estados miembros deben prohibir la utilización de plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en los materiales y componentes de los vehículos introducidos en el mercado después del 1 de julio de 2003. Las capitales se comprometieron a cumplir con la directiva como muy tarde el 5 de abril de 2020.

Gas natural

Los otros dos expedientes en los que la Comisión Europea ha avanzado el procedimiento están relacionados con la transposición tardía de dos directivas relacionadas con el funcionamiento del mercado interior de gas y otra sobre eficiencia energética.

Uno de los puntos toca algo especialmente delicado para Bruselas, porque está relacionado con la directiva 2009/73, que se refiere a los gaseoductos que conectan con terceros países: en el caso de España con Argelia y Marruecos. Pero es una norma que va a ser importante por otro pulso, en el que, de hecho, también está implicado Estados Unidos. El pasado 20 de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que el polémico gaseoducto Nord Stream 2, que conecta directamente Rusia con las costas del norte de Alemania, no está exento de cumplir esa normativa europea. La Administración Trump ha amenazado al Gobierno alemán con posibles sanciones.

En cualquier caso, los Estados miembros solo contaron con nueve meses para proceder a su transposición. Esta “requiere la aprobación de una norma con rango de ley y, en estos momentos, el Gobierno trabaja en encontrar el instrumento jurídico adecuado para transponer completa y correctamente la directiva de manera urgente, cuestión que ha transmitido a la Comisión Europea”, explican desde el departamento de Ribera.