no cumple la normativa de seguridad

Bruselas expedienta a España por "deficiencias" en accidentes como el de Alvia

La Comisión Europea abre un procedimiento de infracción contra España que ahora tendrá dos meses para contestar. De lo contrario Bruselas llevará el caso a la justicia europea

Foto: Familiares de una de las fallecidas en el accidente del Alvia colocan flores cerca del lugar del siniestro. (EFE)
Familiares de una de las fallecidas en el accidente del Alvia colocan flores cerca del lugar del siniestro. (EFE)

La Comisión Europea ha anunciado hoy la apertura de un procedimiento de infracción a España por no cumplir con la normativa europea sobre seguridad ferroviaria como parte del paquete de infracciones de enero. Por el momento consiste en una carta que el Gobierno tiene dos meses para responder defendiendo su postura.

El Ejecutivo comunitario señala que la directiva contempla “los requisitos de seguridad del sistema ferroviario en su conjunto”. Bruselas asgura que existen “deficiencias” en el trabajo del organismo nacional de investigación, Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Este organismo, que es independiente bajo el ministerio de Fomento, es el encargado de las pesquisas sobre los diferentes accidentes ferroviarios.

Peritos y técnicos inspeccionan hoy las vías en el tramo del accidente. (EFE)
Peritos y técnicos inspeccionan hoy las vías en el tramo del accidente. (EFE)

En concreto el Ejecutivo comunitario señala problemas en la forma en la CIAF “investiga los accidentes e incidentes”, así “como en las técnicas de supervisión por parte de la autoridad nacional responsable de la seguridad. “Nuestra intención no es seguir con el procedimiento, sino que los Estados miembros cumplan con la normativa”, ha explicado un portavoz de la Comisión Europea.

Accidente de Alvia

Bruselas ha querido desligar este proceso de la investigación del accidente de Alvia de 2013, señalando que el análisis utilizado por la Comisión se limita a la situación actual, y no la de años atrás, y asegurando que el proceso abierto ahora se limita a elementos administrativos generales y no a un caso concreto.

Sin embargo el accidente ferroviario de Santiago de Compostela ha tenido un protagonismo importante en la capital comunitaria en lo que se refiere a la seguridad ferroviaria durante los últimos años. En 2016 la Agencia Ferroviaria Europea concluyó que la investigación del accidente no había sido independiente. En 2018 Violeta Bulc, comisaria de Transporte, recibió a la plataforma de víctimas del accidente de Angrois y prometió pedir a España que cumpliera con las peticiones de la plataforma.

Una fuente comunitaria señala que hay muchas razones para abrir este proceso, y que el accidente de Alvia tmbién tiene un rol, además de que si hoy se ha abierto este procedimiento es porque España no tomó medidas tras el informe de la Agencia Ferroviaria Europea. No es el único accidente que ha ocurrido en el país en los últimos años: en septiembre de 2016 un tren descarriló en O Porriño (Pontevedra) dejando cuatro muertos.

Bruselas da ahora dos meses a Madrid para responder a las preocupaciones expresadas en la misiva que la Comisión Europea ha enviado al Gobierno de España. Si las explicaciones del Ejecutivo español no convencen a la Comisión esta podría enviar un dictamen motivado, que en última instancia y si no se toman medidas llevaría el asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

¿Cuál es el proceso?

Esta es la primera fase del procedimiento infracción, que consiste en el envío de una carta en la que Bruselas solicita más información al Estado miembro, que debe dar una respuesta detallada. Después la Comisión analiza si el país está cumpliendo con la legislación de la UE con la respuesta detallada en la mano.

Si encuentra que el Estado miembro no cumple con la normativa envía una petición formal en la que insta al país a que se ajuste a la legislación correspondiente, es el llamado “dictamen motivado”. La Comisión debe explicar por qué considera que el Gobierno no cumple con la normativa europea.

Es un proceso lento que puede terminar en la justicia europea y con aplicación de sanciones económicas

El país al que se le abre un dictamen tiene entonces dos meses para comenzar a tomar medidas, de las cuales debe informar al Ejecutivo comunitario en los dos meses posteriores al envío.

Una vez el asunto llega al TJUE la cosa se complica. Es el último paso de la Comisión, con la intención de que, ante la amenaza, los países cumplan. La mayoría lo hacen. Los que no acaban en la corte de Luxemburgo, donde el Ejecutivo comunitario pide que el TJUE obligue al Gobierno a cumplir la normativa europea.

Si la capital hace oídos sordos al TJUE llega la última etapa, que pocas veces se alcanza, pero donde España ya ha estado antes, como fue con el caso de los estibadores: la Comisión Europea pide a Luxemburgo que establezca sanciones contra el país.

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