Moncloa quita la FP laboral a Trabajo con la oposición de exdirigentes socialistas

La segregación del Ministerio de Trabajo da un nuevo paso adelante. El Consejo de Ministros está a punto de aprobar la nueva estructura del Ministerio de Educación que consagra la recepción de la formación profesional para el empleo —algo más de 2.300 millones de euros— que antes estaba en Trabajo, lo que supone un giro radical en una competencia que históricamente ha estado ligada al área laboral de todos los gobiernos, de derechas e izquierdas. Entre otros motivos, porque su financiación procede de las nóminas: un 0,6% lo pagan los empresarios y un 0,1% los trabajadores, por lo que esas cotizaciones son consideradas parte de la caja única de la Seguridad Social.

La decisión tiene su origen en la reestructuración de los distintos departamentos ministeriales aprobada en enero por el nuevo Gobierno, y cuenta con la oposición de algunos exdirigentes socialistas que han tenido responsabilidades en el Ministerio de Trabajo, como el exministro Valeriano Gómez o Luz Rodríguez, exsecretaria de Estado de Empleo, que forman parte de la fundación para la calidad e innovación de la formación y el empleo, que reúne a todos los sectores concernidos en la formación de trabajadores (ocupados o parados) en el seno de las empresas.

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La fundación es una nueva iniciativa promovida por las tres principales patronales del sector, la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), la Confederación Española de Empresas de Formación (Cecap) y la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (Anced), y a cuyo patronato se han incorporado, además de Gómez y Rodríguez, el exsecretario de Estado de Empleo del PP Juan Pablo Riesgo y los exdiputados Carles Campuzano (PDeCAT), Alberto Montero (Unidas Podemos) y Elena Faba (Ciudadanos).

En un documento publicado por la asociación, se asume que el sistema actual debe afrontar cambios para mejorar la oferta de formación a estudiantes y trabajadores, pero, dicho esto, alerta de que el nuevo sistema corre el riego de “paralizar” su funcionamiento, como sucedió en 2015, cuando el anterior Gobierno cambió el sistema para impulsar la concurrencia entre ofertas.

Cambios precipitados

En palabras de la fundación, existe el riesgo de que “cambios precipitados” puedan producir nuevos procesos de paralización “incrementando el enorme déficit de formación de los trabajadores que arrastra nuestro país, especialmente tras la crisis económica”. En su opinión, el cambio competencial tendría como principal inconveniente el “alejamiento del ámbito natural que la formación profesional para el empleo tiene en el terreno de las empresas y la negociación colectiva”. En particular, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, cuyas dificultades de acceso a la formación son mayores.

La fundación, es más, recuerda que la formación para el empleo, por su naturaleza laboral, es una materia en la que participan no solo la Administración central sino también las comunidades autónomas y los representantes sindicales y patronales. Es por ello que considera que “cualquier proceso implementado sin las debidas garantías y consensos generará, como ya ha ocurrido en el pasado, una muy alta conflictividad y judicialización”. Lo que reclama, en concreto, es que se entable un proceso de diálogo con un sector clave en el sistema de formación a través de miles de empresas, algunas centenarias.

El documento insiste en que se trata de mejorar el sistema de formación profesional, pero vinculado a las empresas, como obliga el Estatuto de los Trabajadores o, incluso, la propia Constitución. Y, de hecho, se reconoce que el Ministerio de Educación tiene un papel que cumplir. En concreto, en cuestiones normativas vinculadas a la creación y modificación de los certificados de profesionalidad, la evaluación y acreditación de competencias y la coordinación de los centros de referencia nacional, donde el Instituto Nacional de Cualificaciones (Incual) pudiera tener “un papel protagonista”.

Traspaso de personas

Como publicó este periódico, la reclamación de esas transferencias se materializó el pasado 23 de enero, cuando el subsecretario de Educación y FP, Fernando Gurrea, envió una carta a los responsables del SEPE en la que les pedía las “competencias, los fondos y el traspaso de personas”. Y en un tono algo críptico les recordaba que el Gobierno había aprobado la transferencia, lo que por supuesto debían conocer los responsables del antiguo INEM, que ven cómo se desgaja una de sus funciones esenciales.

“Entendiendo que no se cuestiona la cesión de la competencia”, sostenía la comunicación interna, “se trata de establecer un tránsito ordenado”, se decía. Es más, se subrayaba que “los traspasos de funciones y servicios, así como los recursos necesarios, son procesos para el pleno ejercicio de las competencias de las que cada órgano será titular”, poniendo como ejemplo lo que ha ocurrido en universidades, ciencia o innovación.

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La realidad, sin embargo, es más compleja. La formación de los desempleados es una materia cuya gestión está totalmente transferida a las regiones, por lo que los fondos recaudados se transfieren íntegramente a ellas a través de la Conferencia de Asuntos Laborales.

Esta transferencia se ajusta a un método que responde a la proporción de desempleados que cada comunidad presenta con respecto al conjunto del desempleo nacional. Y dado que la gran mayoría de gobiernos autonómicos mantiene una división de competencias entre los departamentos educativos y laborales, y que la formación de los desempleados suele estar residenciada en las consejerías de Empleo, el traspaso, dicen los expertos, produciría la curiosa circunstancia de que la Conferencia Sectorial de Educación “debería estar también compuesta por los representantes autonómicos en materia laboral”.