El Gobierno se plantea derogar la ley de formación y se arriesga a paralizar los cursos

La pelea por los 2.300 millones de euros de la formación profesional para el empleo entre el Ministerio de Educación y el de Trabajo sigue generando problemas. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere retirar esta competencia a Trabajo, cartera asumida por una ministra de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, y pasársela a su exportavoz y actual ministra de Educación, Isabel Celaá. Este cambio exige desmontar la normativa actual y volver a levantarla para el traspaso de las competencias, pero la tarea no será sencilla, ya que cuenta con la oposición frontal de los sindicatos.

Esta pelea puede acabar provocando una paralización de la formación profesional para el empleo, esto es, los cursos para trabajadores que se financian con las cuotas de empleadores y empleados a la Seguridad Social. Esto ocurre en un momento especialmente delicado, ya que la digitalización obliga a un reciclaje permanente de los trabajadores y la alta tasa de paro hace necesario formar a los desempleados para que puedan encontrar un empleo.

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El Ministerio de Educación ha planteado la derogación de la Ley 30/2015 y del Real Decreto-ley 4/2015 en un documento interno que contempla el traspaso de competencias, fondos y personal del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) al propio ministerio. El Ministerio remitió el documento a los responsables del SEPE, organismo bajo el control de Trabajo, y que terminó en manos de los agentes sociales, magnificando la polémica.

Para hacer este cambio de competencias, es necesario derogar estas dos normas, que conforman el esqueleto normativo de la formación en el empleo. Ambas leyes salieron adelante con acuerdo político y social y sirvieron para recuperar la formación profesional, que había quedado muy dañada por el caso de corrupción de Andalucía.

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Esta reestructuración de competencias amenaza con generar un foco de conflicto con los agentes sociales que no existe a día de hoy. Si bien es cierto que tanto la patronal como los sindicatos consideran que son necesarios algunos retoques en la norma, nadie duda de que es más fácil alcanzar acuerdos puntuales que volver a levantar la formación profesional desde cero. La negociación social y política no sería sencilla y generaría un riesgo evidente de bloqueo de los 2.300 millones de recaudación de las cuotas.

Si el Gobierno ejecuta el cambio de competencias derogando la normativa actual y no es capaz de sacar adelante una nueva ley orgánica, entonces se produciría un vacío normativo que bloquearía por completo la formación en el empleo, alertan fuentes sindicales. De ahí que la preocupación entre los agentes sociales sea máxima. La formación profesional para el empleo se financia con las cuotas a la Seguridad Social y es un derecho de los trabajadores recogido incluso en la Constitución. Cualquier error de cálculo podría bloquear el uso de estos fondos por generar un vacío legal y entonces los problemas se multiplicarían.

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Todo este problema es el resultado de la pelea en el seno del Gobierno por los 2.300 millones de euros de recaudación con cuotas. Se ha generado una polémica donde nunca la hubo, ya que el Ministerio de Trabajo siempre ha tenido el control de esta política, porque no tiene nada que ver con la educación sino con el empleo y la formación continua de los trabajadores.

Los sindicatos confían en cambiar la opinión del Gobierno, para lo cual han solicitado una reunión con el secretario de Estado de Trabajo

Los sindicatos confían en cambiar la opinión del Gobierno, para lo cual han solicitado una reunión con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez, para tratar este cambio de competencias, encuentro que todavía no está agendado. Su objetivo es hacer un frente común para convencer a Moncloa y mantener esta política en el Ministerio de Trabajo. La patronal comparte la opinión de los sindicatos, ya que considera que este tipo de formación no tiene nada que ver con la educación reglada, sino que son competencias que necesitan los trabajadores y las empresas.

La negociación tripartita sobre el reparto de los fondos de la formación profesional se realiza en el diálogo social en el que participa el Ministerio de Trabajo. Esta relación está ya engrasada y en los últimos años ha funcionado para alcanzar acuerdos. De ahí que se haya multiplicado la preocupación ahora que puede desaparecer de la ecuación Trabajo y entrar Educación. Significaría poner en riesgo un sistema que funciona por otro que tiene que construirse desde cero, señalan fuentes sindicales, de modo que se asumiría un riesgo innecesario.