El duro ajuste fiscal que realizó España desde el año 2012 se acabó definitivamente en 2018. Ese año, el gasto público aumentó en 22.800 millones de euros y, por primera vez en seis años, creció más rápido que el PIB, lo que elevó el peso total del sector público hasta el 41,7% de la economía española. Sin embargo, esa leve recuperación del gasto público no ha sido capaz de recortar la brecha de gasto que mantiene España con el resto de vecinos europeos.
Al cierre de 2018, la diferencia de gasto de España con la Unión Europea se situó en 4,1 puntos del PIB. Esto significa que si España cerrara la brecha con el resto de socios, el margen presupuestario que ganaría ascendería a 50.000 millones de euros. Cuantía que permitiría, por ejemplo, financiar todo el incremento del gasto en pensiones como consecuencia de la indexación de las pensiones al IPC, incluyendo todas las de la generación del 'baby boom'.
Esta brecha de gasto de España respecto de Europa se debe básicamente a tres grandes partidas: sanidad, educación y protección a los hogares, como se desprende de los datos publicados por Eurostat esta semana. Esto explica, por ejemplo, los pobres resultados que logran las administraciones públicas para reducir la desigualdad y fomentar la movilidad intergeneracional. La escasez de recursos destinados a estas tres partidas básicas está en la base de las bolsas de pobreza que sufre el país. No en vano, España es el segundo país europeo que menos reduce la desigualdad del mercado por la acción de las políticas públicas. Solo Italia está peor, y en su caso es todavía más grave, ya que su gasto social sí es muy elevado.
En el caso de España, además del diseño mejorable de las políticas públicas, existe un problema de recursos públicos que explica la brecha con Europa, y en especial con los países líderes del euro. La principal brecha es el resultado de los recortes en sanidad y los problemas de financiación de las comunidades autónomas, que tienen la mayor parte de las competencias en esta materia.
En concreto, España gastó en 2018 1,1 puntos del PIB menos que la Unión Europea, la cifra más alta nunca registrada. Esta brecha es superior a los 13.000 millones de euros y básicamente responde a los recortes en gasto hospitalario, ya que el gasto en medicina (recetas) de España es similar al de la UE, equivalente al 1% del PIB. Sin embargo, los ajustes realizados para reducir el gasto hospitalario han provocado que la partida destinada a sanidad haya pasado del 6,8% del PIB en 2009 al 6% de 2018.
Durante todos estos años de ajustes, la población española ha seguido envejeciendo, de modo que ha aumentado la demanda de servicios sanitarios. Las estadísticas de empleo así lo contemplan, hasta el punto de que el sector de sanidad y cuidados a mayores se ha convertido en el principal motor del mercado laboral. El recorte del gasto público en sanidad en algunas comunidades autónomas ha forzado a una buena parte de la población a pasarse a la medicina privada, lo que explica el auge que está viviendo el sector.
¿Malos resultados en PISA?
Cada año que se publican los datos del Informe PISA, los españoles se llevan las manos a la cabeza. Los resultados educativos de España son claramente mejorables, sin embargo, el esfuerzo presupuestario para hacerlo brilla por su ausencia. La partida destinada a educación ha sido una de las más afectadas por los recortes realizados a partir del año 2010.
En 2018, España destinó el 4% del PIB al gasto público en educación,la cifra más baja desde el año 2006. En comparación con la Unión Europea, la partida fue 0,7 puntos del PIB inferior, esto es, una brecha de unos 8.500 millones de euros. España fue el quinto país del euro con menor gasto en educación, solo por delante de Irlanda (cuyos datos están alterados por su PIB), Grecia, Eslovaquia e Italia.
El gasto en educación primaria de España es similar al europeo, mientras que la principal diferencia se produce en la secundaria, que coincide precisamente con los años en que se produce el abandono escolar. El gasto público en la educación secundaria de España equivale al 1,5% del PIB, esto es, un 17% menos que la Unión Europea y un 37,5% menos que el país europeo que realiza el mayor esfuerzo en gasto educativo, Bélgica.
España también está por debajo de la media europea en gasto de formación profesional y estudios universitarios, con una brecha de más de 1.000 millones de euros en cada una de las dos partidas de gasto.
La tercera brecha en gasto público con Europa es la de protección social, excluidas las pensiones de jubilación. Esto es, las transferencias a las familias para combatir el desempleo, la pobreza o la enfermedad. En 2018, el montante de esta partida fue equivalente al 7,5% del PIB, esto es, un punto menos que el conjunto de la Unión Europea, una brecha de 12.000 millones de euros.
Los países punteros del euro destinan más del 10% de su PIB a transferencias sociales y ayudas a los hogares, casi el doble que España. Los datos de España están 'maquillados' por el coste del desempleo, como consecuencia de que el país sufre la segunda mayor tasa de paro de la Unión Europea. El resultado es que España tuvo que destinar el 1,6% del PIB al seguro por desempleo, cuatro décimas más que la Unión Europea.
Sin embargo, el resto de partidas está muy lejos de la media europea. España gastó en protección a familias y niños el equivalente al 0,6% del PIB, menos de la mitad del conjunto de la Unión Europea, las ayudas a personas en situación de exclusión social apenas supusieron el 0,2% del PIB, solo un tercio del esfuerzo de los países de la UE, y las ayudas a la vivienda se quedaron en el 0,1% del PIB, cinco veces menos que la UE.
Esta brecha en el gasto social se ve agravada porque las competencias se han cedido a las CCAA y cada región decide qué esfuerzo dedica a combatir la pobreza y la exclusión social. De ahí que la labor del sector público apenas reduzca la desigualdad y genere desequilibrios territoriales. En los últimos meses, el Fondo Monetario Internacional ha alertado a España sobre los pobres resultados en la lucha contra la precariedad de las familias, especialmente las más jóvenes, mientras que la mayor parte del esfuerzo presupuestario se destina a las pensiones de jubilación.
Realmente, el sector público ha realizado un importante ajuste del gasto desde el año 2009 para reducir el déficit y, sobre todo, para hacer hueco al creciente gasto en pensiones. El gasto público total aumentó en 7.100 millones de euros entre 2009 y 2018, pero el gasto en pensiones de viudedad aumentó en 30.400 millones de euros. Esto significa que en el resto de las partidas se han realizado importantes ajustes para financiar las pensiones.
El duro ajuste fiscal que realizó España desde el año 2012 se acabó definitivamente en 2018. Ese año, el gasto público aumentó en 22.800 millones de euros y, por primera vez en seis años, creció más rápido que el PIB, lo que elevó el peso total del sector público hasta el 41,7% de la economía española. Sin embargo, esa leve recuperación del gasto público no ha sido capaz de recortar la brecha de gasto que mantiene España con el resto de vecinos europeos.
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