CCOO y el principal sindicato agrario se enzarzan por la subida del SMI

El incremento del salario mínimo para 2020 (todavía en fase de estudio) empieza a generar discrepancias. Lo singular no es que haya una disputa entre sindicatos y patronal, lo que entraría en el ámbito de lo normal, sino que el desacuerdo se produce ahora en el seno de los propios representantes de los trabajadores.

El encontronazo se ha producido entre la federación de industria de CCOO y la COAG (Coordinadora de Agricultores y Ganaderos), precisamente el sindicato ‘hermano’ de CCOO durante décadas en el mundo rural, incluso en tiempos de la clandestinidad, y que representa, según sus datos, a unos 150.000 agricultores y ganaderos.

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Pues bien, el sindicato de Unai Sordo ha acusado a la COAG de poner obstáculos a que los trabajadores del campo vivan “con dignidad” por oponerse a que la cuantía del SMI suba hasta los 1.000 euros mensuales. Según CCOO, “no es de justicia social que pretendan comparar [refiriéndose a la COAG] las condiciones laborales de las personas trabajadoras españolas con las de Marruecos en lugar de hacerlo con las de Francia, Italia y otros países productores similares a España”.

El origen de la polémica está en un informe realizado por los servicios técnicos de la COAG (que agrupa a pequeños propietarios) en el que se rechaza la subida del SMI hasta los 1.000 euros mensuales, lo que supondría, según sus cálculos, un aumento del 50,4% de los costes laborales, al pasar de 967 euros por trabajador y mes en 2018 a 1.455 en 2020. Según la COAG, en un contexto de caída de la renta agraria (-8,6% en 2019) y de entrada “sin control de importaciones que no cumplen ni con la más mínima cobertura social y laboral de sus trabajadores, la importante subida de los costes laborales nos expulsa del mercado”.

Para la COAG, en particular, la subida del salario mínimo en esa cuantía "resulta inasumible" para las pequeñas y medianas explotaciones con 2-3 trabajadores fijos. Y pone como ejemplo que el coste laboral diario (69 euros) de un jornalero multiplica por 14 el salario de un obrero agrícola en Marruecos (cinco euros por día). “Estamos a años luz de poder trasladar al precio de nuestros productos el incremento de costes en un mercado desregulado en el que se impone la ley de la selva”, asegura la organización.

Salarios indecentes

Frente a esta tesis, CCOO de industria recuerda que "los empresarios agrarios perciben anualmente de la Unión Europea, a través de la política agrícola común, cerca de 6.000 millones de euros anuales de subvenciones públicas". Su conclusión es que “el campo español no se merece empresarios con esa visión tan cicatera que pretenden que las explotaciones sean competitivas con salarios indecentes”.

No es la primera vez que en el entorno del sindicato de Sordo saltan chispas a cuenta del SMI. Carlos Martín Urriza, el director del gabinete técnico de CCOO, llegó a cuestionar en público una subida del SMI hasta los 1.200 euros porque, en su opinión, la cantidad no era coherente con los avances en productividad. No hay que olvidar, sin embargo, que sindicatos y patronal pactaron en el último acuerdo de negociación colectiva que a finales de 2020 el SMI se situara en 1.000 euros mensuales, por encima de los 900 euros actuales.

La subida del salario mínimo, como se sabe, forma parte del acuerdo de gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos, en el que se comprometen a elevar el SMI hasta el 60% del salario medio al final de la legislatura, unos 1.200 euros al mes, dependiendo de la fuente estadística.

Sectores vulnerables

Algunos estudios, como el de BBVA Research, han estimado que los sectores más vulnerables a un incremento del salario mínimo, principalmente agricultura y servicio doméstico, han dejado de generar hasta 45.000 puestos de trabajo en 2019 a consecuencia de la subida del SMI, un 22,3%.

Ahora bien, hay que tener cuenta, sin embargo, el escaso peso de esos sectores respecto del conjunto de la ocupación, que sería la más beneficiada con un incremento de esa cuantía.

En concreto, según los últimos datos de afiliación, el número de cotizantes dentro del epígrafe ‘agricultura, pesca y alimentación’ ascendía en diciembre pasado a 1,11 millones. Es decir, el 5,7% del total de afiliados. Sin embargo, el número de jornaleros es muy inferior a esa cifra, lo que reduce su transcendencia económica en términos agregados.

Según los datos de Estadística, el número de trabajadores asalariados en el campo, y por lo tanto los afectados potenciales de ese incremento, ascendía al acabar el año 2018 (últimos datos publicados) a 421.000. Ahora bien, igualmente, no todos los trabajadores por cuenta ajena cobran el salario mínimo. Aunque fueran la mitad, algo improbable, el número de trabajadores afectados por la subida del SMI sería de apenas el 1,2%, alrededor de 210.00 asalariados.

En el caso de los/las empleados/as del hogar, el número de cotizantes se situaba en diciembre pasado en 396.626, con un descenso del 3,41% en 2019.

Si se aplica la misma proporción que en el caso de la agricultura (el 50% cobra el SMI), el resultado sería que, en total, algo más de 408.800 trabajadores cobrarían el SMI en esos colectivos, lo que supondría apenas el 2,4% del conjunto de los asalariados.