CEOE pactó con los sindicatos un salario mínimo de 1.000 euros mensuales en 2020

El texto del acuerdo no deja lugar a dudas. Y pone negro sobre blanco que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe situarse en 2020 en 14.000 euros anuales brutos. Es decir, 1.000 euros mensuales por catorce pagas. Lo firmaron en julio de 2018 las patronales CEOE y Cepyme, por entonces presidida por Antonio Garamendi, y los sindicatos CCOO y UGT, y estipula, en concreto, que “durante la vigencia del presente Acuerdo, de manera progresiva, instamos a establecer un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales”.

Como se sabe, el primer paso para lograr ese objetivo se dio el año pasado por estas misma fechas, cuando el Gobierno, sin negociarlo con los agentes sociales, decidió, tras pactarlo con Unidas Podemos, situarlo en 900 euros mensuales, lo que supuso un incremento histórico del 22%. Ahora, si se cumple lo pactado entre sindicatos y patronales, debería subir un 11% adicional, lo que ha sido considerado por Antonio Garamendi, actual presidente de CEOE, como una “barbaridad”.

TE PUEDE INTERESAR

La UE plantea crear un salario mínimo europeo. Hablamos con sus defensores

Héctor G. Barnés

La diferencia estriba, por lo tanto, en que la última subida fue una decisión política del Gobierno tomada al margen de sindicatos y patronales, pero en realidad coincide en las cuantías con la senda marcada por el acuerdo interconfederal de negociación colectiva, que obliga a las partes a cumplirlo. Es decir, alcanzar un SMI equivalente a 1.000 euros mensuales en 2020.

El Gobierno, como se sabe, debe actualizar la cuantía del SMI cada año en el último Consejo de Ministros del ejercicio, y aunque no forme parte del acuerdo sindicatos-empresarios, su eficacia es general al tratarse de una normativa de carácter estatal. Y aquí radica, precisamente, la diferencia respecto del pacto interconfederal. El acuerdo establecía en uno de sus apartados que “este crecimiento global”, hasta los 1.000 euros mensuales, “deberá enmarcarse en los propios convenios colectivos existentes, vinculándose a su renovación”.

Es decir, que la subida debería forma parte de la negociación colectiva, lo que no sería el caso si es el Gobierno quien de forma unilateral decide el incremento.

Política de pactos

La diferencia, por lo tanto, es más de forma que de fondo, ya que los empresarios aceptaron en su día alcanzar esa cantidad, pero vinculándola a los pactos que se firmaran en los centros de trabajo. Obviamente, para tener en cuenta la realidad económica de cada empresa. Una realidad que ha empeorado respecto a años anteriores, pero de forma discreta.

Esto se demuestra en el hecho de que, según la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, el número de inaplicaciones de convenios, en el periodo que va entre enero y noviembre de 2019, fue de 996, que afectaron a 20.903 trabajadores, ambas cifras superiores a las del mismo período de 2018. Es decir, una cantidad residual respecto de los 9,2 millones de trabajadores que han pactado sus relaciones laborales en lo que va de año.

Las inaplicaciones son el mejor baremo para medir la salud financiera de una empresa, ya que obliga a acreditar ante la autoridad laboral que no puede asumir el incremento salarial pactado en el sector por circunstancias propias. De hecho, en el 50,4% de las inaplicaciones la causa principal es la cuantía de los salarios a pagar a los trabajadores, aunque también las modificaciones de las condiciones de trabajo influyen en que una empresa opte por no hacer caso al convenio sectorial, de ámbito superior.

Las características habituales de las inaplicaciones se han mantenido sin apenas cambios. Según los últimos datos disponibles, la inmensa mayoría se realizan en el sector servicios. En concreto, en empresas pequeñas (con menos de 50 trabajadores) y prácticamente la totalidad son descuelgues de convenios sectoriales.

Las consecuencias

Eso quiere decir que la subida hasta los 1.000 euros mensuales tendría mayores consecuencias sobre las pequeñas empresas del sector servicios, cuya musculatura financiera para hacer frente a un incremento del SMI de más del 30% en dos años es muy limitada.

Y hay que tener en cuenta que el 52% de los trabajadores que no llegan a mileuristas trabaja en empresas que tienen 10 o menos trabajadores. Es decir, más de la mitad trabaja en micropymes. Así se extrae de los deciles de la EPA publicados recientemente por Estadística correspondientes al año 2018. Los dos primeros deciles se corresponden con todos los trabajadores asalariados que cobran menos de 1.046 euros brutos al mes (si se excluyen las cotizaciones sociales, entonces no llegan a ser mileuristas). La subida del salario mínimo, igualmente, impacta con mayor intensidad en las regiones más pobres del país, donde los salarios son más bajos, y, por lo tanto, su impacto en términos relativos es mayor.

Sea cual sea la subida que decida el Gobierno en el próximo Conejo de Ministros, lo que ha planteado su socio, Unidas Podemos, es que, tras alcanzar los 1.000 euros, el siguiente paso sea alcanzar al final de la legislatura una cifra a equivalente a unos 1.250 euros, cifra que sería similar al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, firmada por el Estado español.