Los jubilados piden elevar los impuestos en 90.000 millones para subir las pensiones

Miles de jubilados rodearon el Congreso de los Diputados el miércoles para exigir a los partidos políticos una pensión mínima de 1.084 euros, independientemente de lo cotizado, y una revalorización que sea igual o superior al IPC, nunca inferior. Los pensionistas demostraron que son actualmente uno de los colectivos más movilizados y numerosos. No en vano, suponen casi 10 millones de votos en las elecciones generales.

Los mayores, convocados por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, hicieron llegar un informe a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el que enumeran sus exigencias para garantizar el futuro de las pensiones públicas. Entre las medidas que reclaman, está el establecimiento de una pensión mínima de 1.084 euros garantizada por el Estado, la revalorización con el IPC y una subida de impuestos de 90.000 millones de euros para garantizar la supervivencia del sistema y solucionar el “raquítico Estado de bienestar” que tiene España.

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Esta “verdadera reforma fiscal” que reclama la coordinadora sería equivalente al 7,5% del PIB y permitiría a España alcanzar la media europea de recaudación. Sirva como comparativa que toda la recaudación devengada del IRPF en 2018 fue de 80.180 millones de euros, un 11% menos que la reforma fiscal que piden los pensionistas.

España se sitúa a la cola de la eurozona en ingresos públicos y es el último de los grandes países europeos. Esta diferencia de recursos públicos complicará la financiación de las pensiones de cara a las próximas décadas, a medida que el envejecimiento fuerce a un importante aumento de las transferencias.

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Los pensionistas no detallan cómo debería ser la subida de impuestos, pero sí señalan que debería recaer “sobre los que más tienen” para llegar a las bases impositivas de Europa. La principal brecha de recaudación de España con el resto del continente reside principalmente en las familias, por lo que esta subida de impuestos debería recaer sobre los hogares, y para que fuese tan cuantiosa (superior a todo el IRPF actual), tendría que afectar también a las clases medias. Actualmente, hay una brecha de 2,6 puntos del PIB en las cotizaciones de los asalariados, 1,9 puntos en el IRPF y 0,6 puntos en el IVA por los tipos reducidos.

La principal brecha de recaudación de España con Europa reside principalmente en las familias

El manifiesto sí señala algunas vías para mejorar la recaudación de las administraciones públicas. Una de las exigencias tradicionales es el ‘destope’ de las cotizaciones (eliminar la base máxima), lo que aumentaría la aportación de empresas y trabajadores con un salario superior a 3.489 euros al mes. Los pensionistas también piden atajar las horas extra fraudulentas que no cotizan a la Seguridad Social ni pagan IRPF, las desgravaciones fiscales para los planes de pensiones privados, las tarifas planas a los autónomos o los falsos autónomos. Además, urgen a luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que en España tiene un gran tamaño.

La coordinadora también exige derogar las dos últimas reformas del sistema de pensiones, la de José Luis Rodríguez Zapatero de 2011 y la de Mariano Rajoy de 2013. Esto supondría, entre otras cosas, volver a reducir la edad de jubilación, eliminar los incentivos a la prolongación de la vida laboral, reducir el periodo de cálculo o penalizar la jubilación anticipada.

El pacto está muerto

La coordinadora de pensionistas no quiere esperar a que avance el envejecimiento, sino que quiere un importante aumento del presupuesto destinado a las pensiones de forma inmediata. En su opinión, “tenemos margen suficiente para aumentar el gasto en pensiones hasta el 15% del PIB”, lo que supondría elevar esta partida en casi 50.000 millones de euros.

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Los pensionistas exigen establecer inmediatamente una pensión mínima de 900 euros, que sería equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI). A partir de ahí, demanda que siga aumentando progresivamente hasta llegar a 1.080 euros al final de la legislatura. Esta pensión mínima sería independiente de lo cotizado (aunque nunca se haya aportado nada) y de la renta del pensionista.

También reclaman que se reponga la pérdida de poder adquisitivo que sufrieron los pensionistas por la reforma de 2011 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, no se pronuncia sobre la ganancia que están logrando este año los pensionistas gracias a la revalorización del 1,6% aplicada al inicio del año y que contrasta con la congelación de la inflación (el IPC de septiembre se frenó hasta el 0,1%).

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Además, reclama algunas medidas de gasto adicionales para ayudar a los pensionistas. Entre sus demandas, están acabar con el copago farmacéutico o garantizar los servicios básicos a los pensionistas (ayudas para pagar la luz, el gas, el agua, etc.).

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La coordinadora de pensionistas ha exigido al Congreso que la revalorización de las pensiones se haga de acuerdo al “IPC real”. La interpretación de este concepto ha cambiado en los últimos años. Cuando lo introdujo el Pacto de Toledo, se refería a que las pensiones no subiesen ni más ni menos que el IPC, para evitar tensiones financieras. Actualmente, lo que esperan los pensionistas es que suban como el IPC o más.

Los pensionistas han cargado también contra la Comisión del Pacto de Toledo porque “se ha convertido en un instrumento oscurantista y propagandístico”. La coordinadora ha asegurado que “rechaza” el Pacto de Toledo porque es “totalmente inútil”, ya que los partidos lo han utilizado para “repartirse sus cuotas de poder”. Las distintas formaciones políticas han utilizado el Pacto de Toledo como un arma arrojadiza, por lo que han dilapidado la misión con que nació: alejar las pensiones del debate político.