La subida del SMI a 900 euros causa un terremoto en la contratación pública

El anunciado incremento del salario mínimo a 900 euros mensuales —que debe ser aprobado por un real decreto antes de que finalice el año— ha provocado un terremoto en el mundo de la contratación pública. En particular, en sectores como el de la seguridad y vigilancia privadas, la limpieza de edificios públicos o el transporte de viajeros por carretera, cuyos salarios, en muchos casos, están muy por debajo de esa cuantía.

La causa de este auténtico movimiento telúrico a nivel administrativo tiene que ver con el hecho de que miles de contratas y concesionarias no pueden repercutir ese incremento en sus costes, ya que entrarían en pérdidas. Se da la circunstancia, además, de que la ley prohíbe de forma taxativa repercutir en los contratos públicos una revisión de los salarios por encima del incremento pactado para los empleados públicos. Es decir, que para que las empresas puedan subir el sueldo a sus trabajadores con un salario inferior a 900 euros, y hay decenas de miles en esa situación, habría que cambiar la norma.

El artículo 5 del reglamento que desarrolló la Ley de Desindexación de la Economía, aprobada por el anterior Gobierno, establece, en concreto, que cuando una empresa pueda trasladar una revisión de los costes de mano de obra, el incremento que puede repercutir “no podrá ser superior al incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector público, conforme a las leyes de Presupuestos Generales del Estado”. Y hay que recordar que, según el acuerdo pactado en su día por sindicatos y Gobierno, el año próximo, que es cuando debe entrar en vigor la nueva cuantía del SMI, los salarios solo pueden subir un máximo del 2,75%.

El acuerdo firmado entre el Gobierno y Podemos, sin embargo, prevé un incremento del 22,3%, lo que en la práctica supone la “ruina” para muchas pequeñas empresas con escaso margen de maniobra, como asegura uno de los asesores legales de algunas patronales.

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Los sindicatos, de hecho, han admitido que este es un problema muy serio para trasladar a la negociación colectiva los incrementos en el salario mínimo. CCOO, en concreto, ha reconocido que uno de los mayores problemas a nivel sindical en la contratación pública se ha dado porque los precios por los que licitaban las empresas no cubrían el coste de los salarios derivados de los convenios colectivos aplicables, siendo habitual que el precio de licitación por unidad de trabajo resultase inferior, incluso, al contemplado en el convenio colectivo.

Costes salariales

Es por eso por lo que, recientemente, el sindicato celebró una sentencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que obliga a tener en cuenta los costes salariales derivados de los convenios colectivos sectoriales. El problema, como se ha dicho, es que no existe cobertura jurídica para obligar a las distintas administraciones a incorporar en los contratos el nuevo SMI.

Los sindicatos ya advirtieron en su día sobre el impacto que la negociación salarial podría tener en empresas contratadas por las distintas administraciones públicas, toda vez que podría suponer una “injerencia en el ámbito de la negociación colectiva”, al imponerse un parámetro externo, como son los Presupuestos Generales del Estado, en las negociaciones.

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Se da la circunstancia, además, de que el acuerdo sobre negociación colectiva firmado entre sindicatos y patronal significó un torpedo contra la línea de flotación de la Ley de Desindexación de la Economía, que vio la luz en marzo de 2015 impulsada por el exministro Luis de Guindos y que pretendía acabar con la revisión de los precios públicos en función de la evolución del IPC u otros índices de revalorización existentes. Algo que, en opinión de los redactores de la norma, producía efectos de inflación de segunda ronda. Una especie de espiral inflacionista por la revisión automática de los precios.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, avaló en su día el acuerdo interconfederal, lo que en la práctica supone que las distintas administraciones públicas no tienen la obligación de someterse a las actuales restricciones que impone la Ley de Contratos del Sector Público (aprobada en 2017), que obliga a revisar los precios de la luz, precisamente, de la Ley de Desindexación.

No se trata de un asunto menor. Cientos de miles de trabajadores de empresas que contratan con las distintas administraciones perciben unos salarios muy alejados de los 900 euros que fijará el nuevo SMI o los 1.000 euros que se han puesto como objetivo sindicatos y patronal. Y se cita, en concreto, el caso de sectores como el de la seguridad privada (unos 80.000 trabajadores), la limpieza de edificios públicos (alrededor de 400.000 empleados) o los servicios auxiliares, cuyo número es difícil de precisar.

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Entre otras cosas, por la proliferación de las llamadas empresas multiservicio, creadas en muchos casos con el único objetivo de abaratar los sueldos al tener prevalencia todavía (el Gobierno quiere cambiarlo) el convenio de empresa sobre el de sector, como dispuso la última reforma laboral.

Según Sergio Picallo, responsable de estos sectores en la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (UGT), “miles y miles de trabajadores no alcanzan ni de lejos los 1.000 euros al mes”. Máxime cuando la devaluación salarial y la reforma laboral solo han tenido un objetivo: abaratar los costes para aumentar la competitividad de las empresas vía nóminas.