La justicia anula el impuesto a las bebidas azucaradas en Cataluña

Un juez acaba de anular el impuesto a las bebidas azucaradas en Cataluña, tal y como pedían varias asociaciones de distribución, cadenas de supermercados, comercios y restauración. Así lo ha decidido la sección segunda de la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La justicia considera que el decreto autonómico por el que se aprobó el impuesto es nulo de pleno derecho porque "la administración prescindió de trámites esenciales de consulta, audiencia e información pública".

El TSJC estima así el recurso presentado por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), las patronales de supermercados ACES y ASEDAS, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la asociación de gran consumo AECOC, Marcas de Restauración y Promarca, todas ellas muy críticas con el impuesto a las bebidas azucaradas desde el principio.

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En concreto, censuran la "falta de justificación y precipitación" de la medida, así como la ausencia de consulta pública y la vulneración de los límites de las competencias tributarias de las comunidades autónomas. Consideran que el impuesto es inconstitucional, discriminatorio y arbitrario porque "produce efectos extraterritoriales fuera de la comunidad autónoma, vulnerando así la unidad de mercado".

Pero la sentencia no es firme, lo que significa que la Generalitat de Cataluña tiene la posibilidad de recurrir el fallo. El Govern aplicó el polémico impuesto a las bebidas azucaradas en mayo de 2017 para desincentivar el consumo y elevar la recaudación, una medida dirigida a los refrescos o sodas, zumos, bebidas deportivas o energéticas, batidos o aguas saborizadas, entre otros.

Unos meses antes, el 'popular' Cristóbal Montoro (ministro de Hacienda en esos momentos) anunció que aplicaría una tasa sobre bebidas azucaradas que nunca llegó a materializarse, si bien puso en alerta a empresas como Pepsi o Coca Cola. El debate surgió a raíz de que la OMS reclamase un impuesto del 20% para gravar el azúcar, similar al existente en otros países como Francia o Reino Unido.