Su promesa fiscal estrella para la campaña

El PP quiere eliminar impuestos que generan 6.000 M para las comunidades

Casado promete suprimir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones y actos jurídicos documentados, todos ellos recaudados por las comunidades autónomas

Foto: El presidente del PP, Pablo Casado, en Valencia. (EFE)
El presidente del PP, Pablo Casado, en Valencia. (EFE)

El 'nuevo PP' de Pablo Casado ya tiene lista su estrategia electoral de cara a la campaña de las elecciones autonómicas. El presidente de los populares ha optado por proponer un fuerte recorte de impuestos que beneficiaría directamente al bolsillo de los ciudadanos, especialmente a las rentas altas. Sin embargo, las medidas que propone provocarían un roto a los ingresos de las comunidades autónomas de unos 6.000 millones de euros al año.

Tal ajuste difícilmente sería del agrado de los presidentes autonómicos, incluidos los del PP. En total, las regiones perderían nada menos que el 4% de sus recursos corrientes (excluyendo las diputaciones forales).

En concreto, el presidente del PP ha propuesto eliminar de golpe tres impuestos: los de actos jurídicos documentados, patrimonio y donaciones y sucesiones. Todos ellos son tributos cedidos, de modo que la recaudación íntegra se queda en las comunidades autónomas. Estos tres tributos generaron una recaudación de 5.526 millones de euros en el año 2017 según los datos de la IGAE, excluyendo los territorios forales.

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Además, el PP propone bajar el IRPF, del cual, en torno al 50% de la recaudación se lo quedan las comunidades autónomas. En concreto, los populares proponen reducir el tipo marginal más elevado hasta el 39%. Esto significa reducir el tipo desde el 45% actual hasta el 39%, un recorte de seis puntos que provocaría una merma de recaudación de unos 700 millones de euros, de los cuales, 350 millones impactarían en las arcas de las comunidades autónomas.

En total, todas las medidas de recorte y supresión de impuestos planteadas por el presidente del PP supondrían una caída de la recaudación autonómica de casi 6.000 millones de euros. Una cuantía que obligaría a realizar un ajuste acelerado en el gasto para cumplir, además, con los objetivos de estabilidad. Las comunidades autónomas tienen que ajustar su déficit en 2019 hasta el 0,1% del PIB, ya que el PP y Ciudadanos han bloqueado la nueva senda que ofrecía el Gobierno, que era del 0,3% del PIB. El resultado es que las regiones se verían abocadas a un gran ajuste en un momento en el que los gastos en sanidad y dependencia no dejan de crecer.

El PP propone que el Estado compense a las comunidades por la pérdida de recaudación generada por la eliminación del AJD

El primer paso del PP ha sido presentar ante la Mesa del Congreso una proposición de ley para eliminar el impuesto hipotecario (AJD). Casado ha declarado que este tributo “no tiene sentido” y su supresión “no tiene un coste presupuestario muy elevado”. En el año 2017, las regiones del régimen común recaudaron 2.051 millones de euros con este tributo. Esta cuantía es equivalente a la previsión de Hacienda de recaudación con las tasas Google y Tobin, lo que da buena muestra del volumen de las cifras que se están manejando.

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El PP propone que el Estado compense a las comunidades autónomas por la pérdida de recaudación generada por la eliminación del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Esto pasaría la presión financiera de las regiones al Estado, que es la Administración que más ajuste tiene que realizar en 2019.

Por su parte, el impuesto sobre las sucesiones y donaciones generó 2.211 millones de recaudación en 2017 según los datos de la IGAE, mientras que el impuesto sobre el patrimonio generó 1.063 millones. Todos ellos soportan una buena parte del gasto público de las regiones.

Presión en el gasto

La supresión o reducción de impuestos obligaría a realizar un importante ajuste en el gasto público para cumplir con los objetivos de estabilidad. Sin embargo, el margen que tienen las comunidades para realizar recortes es muy limitado. Así lo reconoce la agencia de calificación Moody’s en un informe publicado esta madrugada.

La agencia ha analizado el impacto del envejecimiento de la población sobre las cuentas públicas y advierte de que además de a la Seguridad Social, la presión demográfica afectará especialmente a las comunidades autónomas. No es extraño que así sea, ya que son quienes tienen transferidas las competencias de sanidad y dependencia. Solo estas dos partidas se llevan ya el 50% del gasto autonómico, porcentaje que seguirá subiendo en las próximas décadas.

Algunas regiones están experimentando presiones financieras, especialmente las que tienen más proporción de habitantes mayores de 65 años

“Algunas regiones están experimentando presiones financieras, especialmente aquellas que tienen la mayor proporción de habitantes con 65 años o más”, explica la agencia. Estas autonomías son Asturias, Castilla y León y Galicia. En todas ellas más del 25% de su población es mayor de 65 años y para 2028 tendrán en torno al 30%. El gasto de las comunidades aumentará inexorablemente en las próximas décadas, por lo que una merma de recursos hoy iría en el camino opuesto a sus necesidades.

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