Casado acusa a Sánchez de engañar y propone la supresión directa del impuesto

Pablo Casado ha entrado en el debate abierto por el Tribunal Supremo con sus bandazos sobre el impuesto sobre actos jurídicos documentados con la propuesta de suprimirlo directamente. “La banca siempre lo va a repercutir”, comentó el presidente del PP en el congreso del Partido Popular Europeo que se celebra en Helsinki para explicar que el anuncio de decreto de Pedro Sánchez no es la solución y sí un nuevo “engaño a los españoles.

Para el sucesor de Mariano Rajoy está claro que esa figura impositiva se puede anular para las hipotecas destinadas a la adquisición de una primera vivienda y considera que los gobiernos autonómicos tienen margen para encajar la disminución de ingresos que supone. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es reformar el sistema de financiación autonómico y si no quiere acometer esa tarea, “buscar los fondos de compensación correspondientes igual que ha hecho para transferir a la Generalitat de Torra 1.600 millones”.

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Esa es la solución de urgencia que postula Casado para solucionar el problema con el dato de que las Comunidades no ingresan por ese concepto más de 800 o 900 anuales en el caso de las viviendas. Según recalcó, si las entidades financieras se tienen que hacer cargo del impuesto de actos jurídicos financieros, el coste de este lo cubrirán en los gastos generales de la hipoteca que recaen sobre el cliente.

El presidente del PP aprovechó para defender su programa de “revolución fiscal” basado en la rebaja de los grandes impuestos como el IRPF y el de Sociedades más la supresión de los correspondientes a sucesiones y donaciones acotados, eso sí, a casos de particulares.

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Casado no quiso concretar si está dispuesto a apoyar en el Congreso el decreto anunciado por Sánchez hasta que no conozca el texto concreto, y menos al constatar las dudas y la imprecisión del propio presidente del Gobierno a la hora de exponer sus planes.

El presidente del PP sí advirtió sobre los riesgos del “populismo callejero” contra el Tribunal Supremo por sus cambios de criterio. Recordó al respecto que la ley hipotecaria de 1993 y el reglamento de aplicación de 1995 (ambos de etapa socialista) dejaron unas lagunas que la Justicia ha tenido que enmendar. También insistió en que hay que respetar las decisiones judiciales y que no conviene cargar contra el TS, y menos deslegitimarlo como intentan los independentistas o la extrema izquierda para instrumentalizar el caso en favor de sus intereses, de entrada para aliviar la situación de los golpistas presos o prófugos.