Gravar los beneficios internacionales de las grandes del Ibex divide a Podemos y Moncloa

El Ministerio de Hacienda y Unidos Podemos están de acuerdo en establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades para los grupos españoles con el fin de que aumenten su contribución al Estado de bienestar. Aparentemente, las dos partes están de acuerdo, pero la realidad es que sus posturas están muy alejadas. La clave está en el tratamiento de los dividendos conseguidos en el exterior, que suponen una buena parte del resultado contable de los grupos consolidados, pero que ya han tributado en el extranjero.

El Ministerio de Hacienda ha trasladado a Unidos Podemos que no quiere gravar los beneficios conseguidos en el exterior, explican fuentes presentes en las negociaciones presupuestarias. Sin embargo, el grupo confederal se resiste a permitir que esta gran bolsa de dinero se ‘escape’ sin tributar en España. Este será uno de los puntos que tratarán en su reunión del jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la que intentarán desbloquear la negociación presupuestaria.

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La internacionalización de las empresas españolas hace que esta bolsa de potencial base imponible sea muy cuantiosa. En el año 2015 (último ejercicio con los datos desagregados), los grupos que tributaron por el impuesto sobre sociedades tuvieron una exención de 67.141 millones de euros por doble imposición. En total, los dividendos del exterior supusieron el 78% del beneficio de las grandes empresas. Esto muestra hasta qué punto esta bolsa de dinero es importante y por qué las diferencias entre Hacienda y Unidos Podemos son todavía muy grandes.

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Si esos 67.000 millones se incluyen en la base imponible del impuesto sobre sociedades, entonces es cuando el tipo efectivo que pagan las grandes empresas es muy bajo. Siguiendo con los datos de 2015, los grupos pagaron un tipo efectivo sobre su resultado contable positivo del 7,3%, apenas una cuarta parte del tipo nominal, que se sitúa en el 25%. Si se aplica el tipo mínimo del 15% sobre esta cuantía, entonces la presión fiscal sobre las grandes empresas se duplicaría, pero no es eso lo que quiere hacer el Gobierno.

Sin embargo, cuando se eliminan los dividendos en el exterior, se observa que el tipo efectivo que soportan las grandes empresas es muy superior, situándose por encima del 15%. Esto significa que la mayor parte de compañías ya están pagando lo que les correspondería con esta reforma, por lo que su impacto en términos de recaudación sería muy reducido.

Si se observa el tipo efectivo que pagaron los grupos sobre la base imponible final, esto es, una vez excluidos los dividendos en el exterior y otros ajustes, el resultado asciende hasta el 19,8%. Esto es, la mayor parte de las grandes empresas habrían pagado más de ese 15% del tipo mínimo.

Las dudas legales

Si el tipo mínimo se aplicase a todo el resultado contable positivo, el incremento de la recaudación superaría los 6.000 millones de euros. Una cuantía muy golosa que es a la que aspira Unidos Podemos. Con esta medida se taparía una parte del enorme agujero del impuesto sobre sociedades, que se ha hundido desde el estallido de la crisis como consecuencia de todas las deducciones, exenciones y ajustes a que tienen derecho las empresas para minimizar su factura fiscal.

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En el año 2017, el impuesto sobre sociedades todavía no había recuperado los niveles de recaudación de 1999 (en precios constantes), mientras que el resultado contable positivo se ha disparado a más del doble. Este dato, publicado por el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, demuestra hasta qué punto el impuesto sobre sociedades no funciona. El resto de los tributos han aumentado su aportación a las cuentas públicas, en especial los que afectan a las familias, mientras que las empresas han conseguido importantes rebajas fiscales.

Un incremento de la recaudación de 6.000 millones permitiría ‘apañar’ una parte del deterioro del impuesto, pero generaría problemas legales. España tiene firmados convenios de doble imposición con la mayor parte de países donde tienen presencia las compañías españolas. Esto significa que gravar los dividendos metería al Gobierno en diversos pleitos con las empresas.

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Las dudas legales se unen a las presiones políticas que realizan las grandes empresas al presidente, Pedro Sánchez. Este mismo viernes, se reunirá con altos directivos de las grandes firmas españolas en el marco de la reunión anual de la Fundación Carolina, como adelantó 'El Economista'.

Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda ha transmitido a Unidos Podemos que es mejor mantener la exención por doble imposición y no gravar los dividendos en el exterior, explican esas mismas fuentes. Esto significa que el potencial recaudatorio de la subida del tipo mínimo al 15% se reduciría mucho. En ese caso, serían necesarias medidas alternativas (como eliminar exenciones y deducciones) si el Gobierno quiere realmente elevar la contribución de las empresas al Estado de bienestar.