Tampoco se cumplirá la regla de gasto: Montoro lo disparó un 10% hasta abril

Esta semana el Gobierno ha reconocido que no podrá cumplir con la senda de reducción del déficit fijada por Bruselas. El motivo, como explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que se encontró unos Presupuestos Generales del Estado que "se habían elaborado sin respetar la senda de estabilidad". Unos PGE que el presidente, Pedro Sánchez, se negó a retirar aún sabiendo que no cumplían los compromisos asumidos.

Pero el Gobierno no solo incumplirá el objetivo de déficit que ya ha asumido, también se excederá en la regla de gasto. Esta regla se hizo popular a finales de 2017 cuando el exministro Cristóbal Montoro decidió intervenir las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por incumplirla. Ahora es el Gobierno central el que va camino de exceder la norma como consecuencia de la planificación fiscal de Montoro.

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Según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el gasto computable a la regla de gasto de la Administración Central hasta abril se había disparado un 9,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Un registro que multiplica por cuatro el objetivo fijado por el propio Montoro. Hasta abril, toda la gestión correspondía al anterior Ejecutivo, por lo que es una herencia que difícilmente podrá reconducir el nuevo Gobierno. Más si se tiene en cuenta que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 aceleran todavía más el incremento del gasto público.

La Administración Central había empleado ya en abril 34.877 millones de euros de gasto computable. Esta subida interanual de 3.127 millones responde al incremento del gasto no financiero, en buena medida por el coste del rescate a las autopistas. Es importante señalar que se trata de la Administración Central, por lo que se incluyen todas las empresas y organismos dependientes que no forman parte del Estado.

A estas alturas del año, en 2017 el gasto computable se había reducido un 2,7% respecto al ejercicio anterior

A estas alturas del año, en 2017 el gasto computable se había reducido un 2,7% respecto al ejercicio anterior. Una diferencia significativa que revela la desviación que vivían las cuentas públicas ya en el inicio del año. El gasto no financiero sin incluir las ayudas a las entidades financieras creció en los cuatro primeros meses del año un 6,6%. En total, el gasto fue de 4.415 millones de euros superior al del mismo periodo anterior, lo que explica por qué el gasto computable a regla de gasto está disparado.

El anterior Gobierno estableció que el gasto computable no podía crecer este año más de un 2,4%. Esta es una obligación que deben cumplir todas las administraciones públicas, pero Montoro ya sabía que la Administración Central no la respetaría. Tras su salida del Gobierno, el crecimiento iba ya por el 9,8%, cuatro veces por encima del límite previsto.

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Al tiempo que la Administración Central incumple sus compromisos, las comunidades autónomas han conseguido ajustar su gasto al tope establecido por Montoro. En abril, el gasto computable a regla de gasto crecía a ritmos del 2,8%, muy cerca del objetivo del 2,4% para el conjunto del año.

El déficit se irá al 2,7%

Para conocer exactamente el estado de las cuentas públicas, el nuevo Gobierno encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un análisis de la situación. En ese informe, la Autoridad Fiscal explica que la Administración Central está volviendo este año a incrementar su capítulo de gastos "rompiendo la tendencia de reducción de los años anteriores".

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En concreto, la AIReF estima que el gasto de la Administración Central crecerá este año un 4,5% frente al descenso del 0,7% del año anterior. Unas cuentas que tampoco cuadran con el cumplimiento de la regla de gasto.

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Por si fuese poco, el Gobierno tiene poco margen discrecional para reducir los gastos comprometidos. "La capacidad del Gobierno para modificar estas partidas e influir en su evolución es muy reducida o inexistente en el corto plazo", explica la Autoridad Fiscal.

La capacidad del Gobierno para modificar estas partidas e influir en su evolución es muy reducida o inexistente en el corto plazo

Según los cálculos elaborados por la AIReF, la Administración Central terminará el año con un déficit del 1,4% del PIB. Esto significa que solo este subsector se comerá más de la mitad del margen de déficit previsto para todo el año, que era del 2,2% y la Comisión Europea lo ha flexibilizado hasta el 2,8%. Además, será el doble del objetivo que aprobó el propio Montoro para la Administración Central, que era del 0,7% para este año. El Gobierno de Rajoy nunca cumplió con el objetivo de la Administración Central, lo que demuestra hasta qué punto utilizó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su propio interés.