El Gobierno renuncia a la integración regional y vacía el Fondo de Compensación

La batalla por la integración regional es una lucha permanente contra las fuerzas del mercado. Las regiones más competitivas atraen inversores que elevan el capital y la productividad. Para compensar los desequilibrios que se generan de forma natural surgieron los Fondos de Compensación Interterritorial, que invierten en las regiones con menor desarrollo para evitar que se queden atrás. Sin embargo, desde el estallido de la crisis, los gobiernos han recortado estos fondos hasta el punto de que han perdido ya el 72% de los recursos que llegaron a gestionar en 2009.

Según los datos de ejecución publicados el lunes por el Ministerio de Hacienda, en 2017 los Fondos de Compensación Interterritorial (Fondo de Compensación y Fondo Complementario) utilizaron 377 millones de euros, su nivel más bajo desde los años noventa y los menores recursos como porcentaje del PIB desde su creación. El Estado ha renunciado a la inversión pública como instrumento para combatir las desigualdades entre comunidades autónomas y los resultados son claramente visibles en numerosos indicadores, como son los salarios o la competitividad.

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Además, en 2017 las comunidades no pudieron emplear todos los recursos presupuestados, algo que nunca había ocurrido, lo que contribuye a descapitalizar más el fondo. En concreto, se ejecutó el 87% de los 432 millones dispuestos en los PGE, mientras que en la última década siempre se superó el 99%. Desde el año 2011, último Presupuesto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los Fondos de Compensación han perdido más del 51% de sus recursos, lo que muestra el ritmo acelerado al que se ha recortado esta partida.

La inversión pública ha sido la principal perjudicada de los ajustes presupuestarios. De hecho, ha sido, junto a las prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda, la partida en la que más ha recortado el Gobierno. La Ley de Financiación Autonómica (Lofca) obliga al Estado a destinar un mínimo del 22,5% de la inversión pública a la compensación territorial. Sin embargo, como también ha recortado el resto de partidas inversoras, ha podido 'meter la tijera' en el FCI.

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En su lugar, ha desarrollado otras vías de financiación autonómica más discrecionales con las que puede hacer política (ya que el reparto de los recursos de los Fondos de Compensación está muy regulado). Por ejemplo, en el caso de la inversión, gestiona la mayor parte directamente a través de la Administración General del Estado, con lo que puede destinar a cada región lo que quiera en cada momento. La principal vía de reparto de los recursos es el Fondo de Garantía, que aglutina el 75% de los ingresos tributarios de las comunidades y los distribuye para financiar el gasto corriente. Sin embargo, no altera la posición de capital de las regiones, por lo que no ayuda a eliminar las diferencias. Por último, el Gobierno desarrolló en 2012 mecanismos de financiación que cubren el déficit de las regiones y que reparte de forma discrecional el Ministerio de Hacienda.

Las regiones receptoras de los Fondos de Compensación Interterritorial son Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Melilla y Ceuta. Todas ellas han perdido ya más de la mitad de los recursos que tenían en 2008, antes del estallido de la crisis. La más perjudicada ha sido Melilla, que ha visto cómo se esfumaba el 97% de su financiación, pasando de 10 millones a 273.000 euros. En términos absolutos, Andalucía y Galicia son las que más han perdido, con 321 y 169 millones menos respectivamente.

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La importancia de los Fondos de Compensación Interterritorial es tal que figuran en la Constitución española de 1978. El artículo 158 determina que “con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas”.

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Con los Fondos de Compensación Interterritorial prácticamente vaciados, el Gobierno ha eliminado una buena parte de las transferencias automáticas entre regiones que existían hasta el estallido de la crisis. El resultado es visible en las diferencias económicas crecientes que hay entre las comunidades. La inversión pública contribuye a elevar la productividad de la economía y, con ella, la competitividad de ese territorio. Sin ella, las diferencias pasan a depender de la inversión privada, cuyos objetivos están muy lejos de conseguir cohesión territorial.

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El Consejo de Economistas ha culminado recientemente un estudio en el que analiza la evolución de la competitividad regional en que se aprecia cómo la crisis ha elevado la desigualdad. La Comunidad de Madrid, que lidera el 'ranking', tiene un nivel de competitividad un 266% superior al de Extremadura, que se sitúa en la última posición. Una brecha mayor de la que tenían al inicio de la crisis, cuando era del 221%.

Andalucía y Galicia son las que más han perdido en términos absolutos, con 321 y 169 millones menos respectivamente

El estudio revela que el factor que más contribuye a la desigualdad en la competitividad entre regiones son las infraestructuras básicas, precisamente el segmento que tendría que encargarse de equilibrar el Fondo de Compensación Interterritorial. La diferencia en este eje entre Madrid y Extremadura alcanzó en 2016 el 640%, lo que evidencia hasta qué punto el recorte en el FCI supone un problema para la cohesión territorial. Tal diferencia condena la logística de Extremadura y expulsa de la región a potenciales inversores.

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Finalmente, son los trabajadores quienes sufren estas diferencias de competitividad entre regiones a través de los salarios. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el salario medio entre las comunidades autónomas más competitivas (Madrid, País Vasco y Navarra) y las menos (Extremadura y Murcia) supera los 4.200 euros al año. La mayor distancia se produce entre vascos y extremeños, con una diferencia en el salario medio próxima al 40%. Un porcentaje que demuestra que la brecha en la productividad sí afecta a los ciudadanos.