Los 'swaps' de Gallardón pasan factura a Carmena: 364 millones por amortizar deuda

Los 'swaps' de tipos de interés firmados en tiempos de Ruiz-Gallardón como alcalde de Madrid se han convertido ahora en un quebradero de cabeza para los actuales regidores del ayuntamiento. Hasta el punto de que una cancelación anticipada de los préstamos concedidos en su día para construir la M-30 —con el objetivo de aprovechar el desplome de los tipos de interés— supondría para las arcas municipales un coste de al menos 364 millones de euros. Así lo revela el último Plan Económico y Financiero (PEF) remitido a Hacienda por el Ayuntamiento de Madrid, en el que se reconoce que los préstamos, subrogados en favor del municipio, no pueden ser amortizados de forma anticipada antes de 2020 por su elevado coste.

En concreto, se revela que la cancelación de 1.346 millones en 'swaps' —contratados entre 2005 y 2010 para blindar a la corporación de movimientos bruscos de los tipos de interés—, y que sirvieron para financiar Madrid Calle 30, supondría un coste adicional equivalente para el ayuntamiento de 363,9 millones, si bien a 31 de diciembre de 2020 aún quedarían vivos 81 millones de estos préstamos cubiertos con derivados. El coste del rescate de los 'swaps' a día de hoy, ya que el PEF se presentó hace unos meses, es, incluso, superior y podría rondar los 410 millones de euros. A los que hay que sumar los extratipos pagados por el ayuntamiento desde que el precio del dinero se redujo al calor de la expansión monetaria.

La conclusión que sacan los actuales regidores del Ayuntamiento de Madrid es que la cancelación de los 'swaps' correspondientes al soterramiento de una parte de la M-30 supondría un fuerte quebranto económico para las arcas municipales. Al tiempo que se preguntan por qué se contrataron 'swaps' por encima del euríbor cuando esta referencia comenzó a caer a partir de 2009 (ver gráfico).

Los 'swaps' se utilizan como cobertura de riesgos de crédito, y suponen una permuta financiera entre tipos de interés fijos y variables, en este caso referenciados a algún índice predeterminado (Libor o euríbor). Es decir, el prestatario pretende cubrirse ante un movimiento alcista de los tipos de interés. De hecho, y con criterios de prudencia financiera, el ayuntamiento de la era Gallardón contrató los primeros 'swaps' en 2005 y 2006, cuando los tipos estaban al alza inmediatamente antes de la crisis.

Con el pie cambiado

Un 'swap', por lo tanto, permite variar el perfil de riesgo de una financiación sin necesidad de cambiar las condiciones iniciales del préstamo convirtiendo tipos variables en fijos. El problema es que cuando se firmaron, nadie o casi nadie preveía una caída tan pronunciada de los tipos de interés oficiales, lo que ha pillado con el pie cambiado a las administraciones y empresas con elevados riesgos en derivados. Y hoy los tipos pactados —el fijo que paga el ayuntamiento— son muy superiores a los de mercado. Los préstamos han sido concedidos por Bankia, Société Générale, Creédit Agricole, BBVA, Dexia y CaixaBank.

Hay que tener en cuenta que las emisiones efectuadas por el Ayuntamiento de Madrid, que en 2011 se subrogó las deudas de la sociedad Calle 30, no contemplan entre sus condiciones la posibilidad de efectuar amortización anticipada, lo cual supone que su vencimiento adelantado dependería de la voluntad de los tenedores de acudir o no a la misma a precios de mercado y por encima del nominal, ya que el precio opera de forma inversa a la rentabilidad.

La financiación de la M-30 siempre ha sido un asunto controvertido que ha llegado, incluso, a los tribunales y a la Asamblea de Madrid. Y fruto de ello, el actual consistorio llegó a plantear quedarse con el 20% de la infraestructura en manos de Emesa, el socio del Ayuntamiento de Madrid en la operación, quien controla el 80% restante, y que en su día prestó al ayuntamiento de Gallardón 125 millones de euros para que arrancara la operación a un tipo fijo del 5,5% y con vencimiento en 2025, muy por encima de las rentabilidades de mercado actuales.

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Aquel intento fracasó, precisamente, por las duras cláusulas de rescisión del contrato que, entre otras cosas, garantiza a los socios privados una rentabilidad anual del 7,053% TIR hasta al menos 2025, aunque podría alargarse hasta 2040, lo que obliga al ayuntamiento a pagar IVA e impuesto de sociedades al tener que distribuir beneficios (que son los que cobran las empresas encargadas del mantenimiento de la infraestructura). De ahí que planteara en su día comprar el 20% de Emesa, la sociedad participada por ACS y Ferrovial, y cuyas relaciones con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid son manifiestamente mejorables.

Recientemente, la alcaldía impuso una multa de casi un millón de euros a Emesa por incumplimiento de contrato en el mantenimiento del servicio. El importe comprometido por el Ayuntamiento de Madrid fija una contraprestación anual máxima de 128,7 millones hasta el año 2040.

La amortización anticipada de deuda, en todo caso, y al margen de los 'swaps' de tipos de interés, es uno de los objetivos que ha planteado el concejal Sánchez Mato al ministro Montoro. Según el PEF enviado a Hacienda, el endeudamiento del ayuntamiento acabará este año en 3.644 millones, mientras que el próximo descenderá hasta situarse en 2.813 millones, lo que supone el 54% de los ingresos corrientes consolidados. Por lo tanto, un porcentaje ya muy alejado del 75% que la legislación contempla como límite a partir del cual es preceptiva la solicitud de autorización de operaciones de endeudamiento.