Se firmaron 43 M en inversiones amortizadas

El último 'pufo' en la M-30: 12,7 M para ACS y Ferrovial en intereses de los sobrecostes

En el año 2007 se modifica el contrato de gestión y se incluyen inversiones infladas un 60% por intereses que no figuran ni en la memoria técnica ni en la económica

Foto: El exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en uno de los túneles de la M-30. (Ayuntamiento de Madrid)
El exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en uno de los túneles de la M-30. (Ayuntamiento de Madrid)

Debajo de las alfombras de Madrid Calle 30 se siguen descubriendo los 'pufos' que dejó el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en su obra faraónica, la M-30. La comisión de investigación que está llevando a cabo el ayuntamiento de la capital ha descubierto un nuevo agujero que asciende ya 12,7 millones de euros y que seguirá incrementándose hasta duplicarse en la próxima década si no se cambian las condiciones del contrato. Emesa, la empresa que gestiona la M-30 y que está participada por Ferrovial y ACS, solicitó modificar el contrato en 2007 para introducir nuevos costes de mantenimiento e inversiones que se inflaron con unos intereses del 5,5% anual. En total, se firmaron sobrecostes por valor de 1.632 millones de euros, de los cuales una parte se paga en forma de intereses que van directamente al beneficio de la empresa privada.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, Emesa incluyó en la modificación del contrato inversiones que consideraba necesarias para la infraestructura. Las partidas se inflaron con intereses del 5,5% anual durante 20 años hasta la amortización del principal, una documentación que no se incluyó en la memoria económica y técnica que se entregó al ayuntamiento y que, por tanto, nunca llegó a hacerse pública. De esta manera, el socio privado de Madrid Calle 30 conseguiría una rentabilidad adicional hasta 2027 gracias a estos sobrecostes. El informe concluye que "estaremos pagando a la finalización de los 20 años un 60% más por la sobrefinanciación dirigida a empresas privadas", como resultado del abono anual de intereses.

Rafael MéndezRafael Méndez

El pago de los intereses se cumplió desde el primer momento, como se incluyó en el nuevo contrato; sin embargo, Emesa no fue tan estricto para realizar las obras. De hecho, algunas no llegaron a ejecutarse hasta que el Ejecutivo de Manuela Carmena amenazó con expedientar a la compañía por incumplir el contrato. Esto es, durante nueve años estuvieron cobrando una remuneración por una inversión que no llegaron a realizar.

Por si fuese poco, el contrato incluye que una vez pasado el plazo de amortización del principal y los intereses, en el año 2027, el ayuntamiento seguiría pagando la misma cantidad anual al socio privado hasta 2040, año en el que finaliza la concesión de la gestión de la M-30. En ese momento, una parte de las inversiones estará ya amortizada, por lo que el pago anual debería bajar a partir de ese momento, para centrarse exclusivamente en los costes de mantenimiento, pero no lo hace. La investigación concluye que "se aprobó abonar de manera totalmente adicional" 43,3 millones de euros para seguir pagando durante 13 años más inversiones ya amortizadas. Un auténtico regalo que dejó firmado Gallardón antes de abandonar la alcaldía.

Estaremos pagando a la finalización de los 20 años un 60% más por la sobrefinanciación dirigida a las empresas privadas

Estos intereses no figuraban ni en la memoria técnica ni en la económica que se entregó al ayuntamiento en los expedientes administrativos, lo que hace sospechar que se trató de ocultar el verdadero coste que tendría para los contribuyentes. Los intereses tampoco figuran en el cálculo de la rentabilidad que iban a obtener ACS y Ferrovial gracias a esta modificación del contrato. En teoría, solo ganarían el 6% de beneficio industrial, que es lo habitual en estos casos, pero la realidad es que también se abonan un ingreso extra del 5,5% cada año en cuestión de intereses, con lo que consiguen doblar su beneficio cada año. En la documentación de la investigación se explica que ese coste “se camufló en el cálculo de la anualidad que Madrid Calle 30 debía abonar al socio privado”.

El exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en las obras de la capital (Efe)
El exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en las obras de la capital (Efe)

Inflar y camuflar

En 2007, el ayuntamiento firmó un crédito subordinado para recapitalizar la empresa por un total de 75 millones de euros. Este préstamo podría haberse ampliado para recoger las nuevas inversiones y gastos de mantenimiento, sin embargo, se optó por mantenerlos "camuflados" dentro de la modificación del contrato de gastos. Las memorias entregadas al ayuntamiento no incluyen el detalle de las diferentes operaciones, ya que no incluyen los anexos que ha localizado ahora. En su lugar, se incorpora la firma de un técnico del consistorio, con lo que se valida el contrato sin hacer público el pago de estos intereses a las empresas.

El detalle de las operaciones lo ha encontrado el ayuntamiento al localizar unos anexos del contrato que no estaban incluidos en el expediente. Lo que hizo Emesa fue solicitar una serie de modificaciones en el contrato original para incluir costes inesperados de mantenimiento, que incluían también inversiones necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Un ejemplo es la partida destinada al 'mantenimiento de los sistemas informáticos en salidas de emergencia y accesos de túneles'. El presupuesto inicial de Emesa no incluía el precio del mantenimiento de estos sistemas informáticos, por lo que tuvo que apuntar este sobrecoste. El precio que determinó era de 4.087 euros para renovar cada cinco años todas las salidas; para un total de 254 salidas, el coste total ascendió a 1,04 millones de euros. Teniendo en cuenta que el contrato se prolongaba por 20 años, el precio final firmado ascendía a 4,2 millones de euros.

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A esta cuantía hay que añadir los gastos generales, que incrementan el precio un 13% y el beneficio de Emesa (ACS y Ferrovial) equivalente al 6% del contrato. En total, el coste del presupuesto ascendía a 4,94 millones para 20 años. Sobre este precio se aplican unos intereses del 5,5%, lo que termina por elevar la factura total en 3,3 millones de euros, hasta los 8,3 millones. Los intereses se cargan también sobre el beneficio, lo que eleva más la retribución del socio privado de Madrid Calle 30. Hasta la fecha, Emesa ha recibido ya el pago de 10 anualidades (la mitad del contrato), sin embargo, no ha renovado ni una sola salida de emergencia.

¿En qué se gasta el dinero?

Este no es el único caso por el que el Ayuntamiento de Madrid ha pagado a Emesa sin que realizara ninguna inversión. Otro ejemplo es el del proyecto de 'telecontrol del alumbrado a cielo abierto', una partida de 3,2 millones de euros por la que se acabarán pagando en torno a 5,3 millones por culpa de los intereses. Desde el año 2007 se abonan 107.000 euros cada ejercicio, en total, más de un millón de euros hasta la actualidad. Sin embargo, en 2016 la empresa privada todavía no había iniciado la instalación del telecontrol del alumbrado y no empezó a hacerlo hasta que el ayuntamiento inició un expediente sancionador.

En los anexos del contrato que ha localizado ahora el consistorio aparece el coste en intereses de los sobrecostes que se firmó en el año 2007. Sin embargo, estas partidas son genéricas, por lo que, en la práctica, resulta imposible saber a qué se destina el dinero. En el ejemplo del telecontrol en el alumbrado, un tercio del gasto total se destina al concepto de 'equipamiento hardware', sin más detalle, ni siquiera en el anexo del contrato, lo que dificulta el seguimiento del dinero público, cuando no lo hace imposible.

En ningún caso se incluyen los intereses del 5,5% en el cálculo de la rentabilidad que obtiene Emesa

Esta es una partida más dentro de los sobrecostes milmillonarios que ha tenido que soportar el contribuyente madrileño. La Cámara de Cuentas denunció al inicio del año que la gestión mixta diseñada para la M-30 supone un grave coste para las cuentas de la ciudad y recomendó amortizar el contrato con Ferrovial, Dragados y API (estas dos últimas son parte del grupo ACS). Según esta auditoría, el ayuntamiento se gasta cada año unos 140 millones de euros, de los cuales únicamente 28 se destinan al mantenimiento y explotación de la infraestructura; el resto se reparten entre impuestos y dividendos que se llevan Emesa y el propio ayuntamiento.

El propio consistorio cifró al inicio del año el desembolso que ya se había realizado en 554 millones de euros, de los que una parte se fueron a los intereses de los sobrecostes. La comisión de investigación que está analizando los contratos de Madrid Calle 30 se volverá a reunir hoy para seguir profundizando en el agujero que dejó Gallardón en el ayuntamiento y las fórmulas para solucionarlo.

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