La nueva batalla judicial de la M-30: ACS y Ferrovial reclaman 3,5 millones a Carmena

Una nueva batalla judicial se dirime en los juzgados madrileños sobre el escenario de la M-30. Ferrovial y Dragados (del Grupo ACS), las dos firmas encargadas de explotar, conservar y mantener esta importante vía de comunicaciones de la capital, han demandado al Ayuntamiento de Madrid y le reclaman 3,5 millones de euros por los gastos de cancelación de un préstamo que en su día estas dos constructoras concedieron a Madrid Calle 30, la empresa mixta que se constituyó en el año 2004 para ejecutar las faraónicas obras de soterramiento de la carretera. El caso ha caído en el juzgado de primera instancia número 56 de Madrid.

Ferrovial y ACS crearon juntas la sociedad Emesa para explotar los túneles de la M-30 una vez construidos. Emesa tiene el 20% de Madrid Calle 30 (el otro 80% lo tiene el consistorio que ahora gobierna Manuela Carmena), la empresa creada entonces por el regidor madrileño Alberto Ruiz-Gallardón para construir la red de túneles. La historia de este conflicto judicial surge en septiembre de 2005, cuando Emesa concede a Madrid Calle 30 un préstamo de 113,9 millones de euros, que en 2007 se amplió en 11 millones más hasta llegar a los 125 millones. Un préstamo que sirvió para que el ayuntamiento no pusiera un euro en la andadura inicial de esta empresa mixta. El plazo de amortización concluía en 2025.

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Pero "Emesa no es una entidad de crédito, por ello debió financiar el préstamo, es decir, debió a su vez pedir prestado el dinero que prestó a Madrid Calle 30”, según reza la demanda. El 27 de julio de 2006, Emesa firmó un contrato con el Banco Español de Crédito y con The Royal Bank of Scotland Plc por 113.980.000 euros que también vencía en 2025, crédito que luego fue ampliado a 125 millones cuando Madrid Calle 30 solicitó a su vez en 2007 los 11 millones extra a Emesa.

El problema surge con la aplicación de la cláusula 6.5 del préstamo, que regula la "liquidación de las coberturas existentes". Con esta cláusula, las dos partes pactaron que en caso de que Madrid Calle 30 realizase una amortización total o parcial, voluntaria u obligatoria, debería asumir los costes de esa decisión. Es decir, que si Madrid Calle 30 decidiera amortizar anticipadamente el préstamo, debería abonar a Emesa los costes generados por esa amortización. Las constructoras esgrimen además otro argumento en su demanda, la cláusula 9.2.2, que señala que Emesa deberá amortizar obligatoriamente de forma anticipada el crédito que pidió a esos dos bancos "en el supuesto de que se produzca cualquier amortización anticipada del préstamo que mantiene con Madrid Calle 30".

El supuesto previsto en la cláusula 6.5 se produjo. El 31 de diciembre de 2013, con Ana Botella ya en la alcaldía, Madrid Calle 30 realizó una transferencia bancaria a Emesa por importe de 13.440.000 euros que implicaba una amortización anticipada parcial del préstamo. Según la demanda, "Madrid Calle 30 no niega la existencia de esa amortización anticipada. Tampoco niega que para Emesa esa amortización haya supuesto algún coste, ni niega la cuantía del mismo. Sin embargo, Madrid Calle 30 no quiere hacerse cargo de ese coste por considerar que no nos encontramos ante un supuesto de amortización voluntaria, al haber impuesto el Ayuntamiento de Madrid la citada amortización, y que, por tanto, no resultaba aplicable la cláusula 6.5 del préstamo".

Según Ferrovial y ACS, "tal alegación carece de fundamento, ya que Madrid Calle 30 obvia de forma intencionada que la cláusula 6.5 resulta de aplicación tanto en los supuestos de amortización anticipada voluntaria total o parcial (cláusula 6.2), como en los de amortización anticipada obligatoria (cláusula 6.4)". Las dos constructoras reclaman ahora 3.356.324 euros por los costes de amortización del préstamo y 207.210,49 euros en intereses de demora. Igual que los dividendos que genera la empresa mixta se reparten al 80% para el consistorio y al 20% para Emesa, esta última cree que los gastos de cancelación del préstamo los debe asumir Madrid Calle 30, no solo Emesa, que está planteando una reclamación contra una empresa de la que es accionista.

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"De la lectura de las citadas cláusulas, cabe deducir que el préstamo permitía la amortización parcial o total anticipada del mismo en determinadas circunstancias por parte del prestatario (Madrid Calle 30), y, en todo caso, compensando a Emesa por el coste de ruptura del derivado. Esta regla no conoce excepción alguna en el propio contrato, por tanto, es de aplicación en todo caso", concluyen las constructoras de la familia Del Pino y de Florentino Pérez. "Es una cuestión de estricta justicia: quien decide qué se amortiza y cuándo se amortiza es Madrid Calle 30, por tanto, es Madrid Calle 30 quien debe asumir las consecuencias (en este caso, los costes de esta decisión) y no tiene justificación alguna que sea Emesa, que es completamente ajena a esta decisión, quien deba asumir el citado coste".

El litigio salpica ahora al Gobierno que dirige Ahora Madrid, que es a quien se reclaman los gastos de compensación por una cancelación parcial de préstamo que decidió el Ejecutivo que dirigía Ana Botella. Un portavoz municipal asegura que "no se trata de una amortización voluntaria, ya que tuvo lugar con motivo de la subrogación de la deuda de Madrid Calle 30 que fue traspasada al ayuntamiento. En ese marco se llevó a cabo la modificación que conllevaba el pago anticipado parcial de 13,4 millones para mantener la rentabilidad de la inversión del socio privado y, por tanto, no se puede hacer recaer sobre el ayuntamiento ese coste".

El actual Gobierno local señala que no se trata de una amortización, sino de la subrogación de la deuda de Madrid Calle 30 por el ayuntamiento"

Según el actual Gobierno local, "este argumento no es nuevo. Ya se justificó por parte del ayuntamiento en una carta remitida a Emesa en 2014. Entonces Emesa reclamaba una cantidad inferior, de 1,9 millones, y no acudió a los juzgados ante la negativa del ayuntamiento. Curiosamente, ahora sí lo ha hecho. Emesa era conocedora de la subrogación de la deuda, y sus representantes en el consejo de Madrid Calle 30 aprueban las cuentas anuales que no han incluido nunca esos costes de cancelación que ahora reclaman".

Sanciones del ayuntamiento

ACS y Ferrovial ya se querellaron en julio de este año contra el Ayuntamiento de Madrid por las tres multas que les ha impuesto el nuevo Gobierno local de Ahora Madrid por "incumplimientos contractuales". Las sanciones ascienden a 995.000 euros. El caso está en el juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid. Según el Gobierno local, los incumplimientos de Emesa incluyen el desabastecimiento de los "apoyos de neopreno" de los túneles, la no instalación de la red wifi ni de la red de comunicación PDH, "que mejoraría sustancialmente el sistema de gestión de comunicaciones entre las instalaciones de la infraestructura y el centro de control".

El ayuntamiento también ha puesto en marcha este año una comisión de investigación, promovida por Ahora Madrid, para analizar los sobrecostes de esta obra, las deficiencias detectadas, el desarrollo societario de Madrid Calle 30 y los reequilibrios económicos, así como los trabajos de mantenimiento y explotación llevados a cabo en los últimos años. La comisión está redactando ahora las conclusiones finales.