España enfila la línea dura del plan Barnier ante la inminente activación del Brexit

La comisión interministerial que dirige la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha profundizado en las últimas semanas los debates sobre la posición que debe adoptar España de cara a la inminente negociación del Brexit. El Gobierno ha analizado los efectos perniciosos que el divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido puede suponer en materia económica para nuestro país, pero la responsabilidad política se ha impuesto sobre cualquier otro tipo de consideración. La decisión no será otra que el apoyo incondicional a la llamada ‘línea dura’ que propone Bruselas a través del excomisario Michel Barnier, elegido el pasado mes de julio como negociador en nombre de la Comisión Europea.

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Á. M.

España comparte unos vínculos singulares con el Reino Unido que podrían dar argumentos a los partidarios de una actuación más emoliente o comprensiva con las autoridades británicas. No en vano, se trata de dos países con un mismo o muy parecido modelo productivo, basado en la demanda interna, el papel de la banca y la exportación de los servicios. Al mismo tiempo ambas naciones edifican sus respectivos Estados a partir de sendas monarquías parlamentarias y promueven un sistema de convivencia basado en la descentralización territorial. Todo ello sin olvidar las relaciones comerciales valoradas anualmente en más de 50.000 millones de euros.

Esta relación simbiótica ha generado algunas incertidumbres en los ambientes comunitarios sobre el papel que pudiera interpretar nuestro país a la hora de imponer severas restricciones al Reino Unido en la aplicación efectiva del Brexit. Con el fin de aclarar la postura española el propio Michel Barnier se desplazó a Madrid poco antes de finales de año para sondear el presidente Mariano Rajoy y mantener una ronda de contactos con los distintos responsables ministeriales más directamente involucrados en las negociaciones del Brexit. El comisionado europeo despejó gran parte de sus temores tras comprobar que los intereses económicos estaban claramente supeditados a las grandes cuestiones políticas.

Theresa May activará el botón para la salida del Reino Unido en la cumbre europea que se celebrará en Bruselas los próximos días 9 y 10 de marzo

El Gobierno ha solicitado garantías que salvaguarden los intereses de los 200.000 españoles residentes en el Reino Unido y trata de mantener al margen de las negociaciones del Brexit a los ciudadanos de Gibraltar con el fin de defender la cuestión del Peñón como un contencioso bilateral entre Madrid y Londres. Pero, al margen de los aspectos inherentes de carácter general que plantea la ruptura británica con la Unión Europea, existen dos grandes motivos coyunturales y de no menor preocupación que obligan a España a impulsar la estrategia de tolerancia cero ante los postulados del Gobierno de Theresa May.

La más inmediata y temida consecuencia del Brexit es la inflamación de la tendencia secesionista en Escocia. Poco importa que Edimburgo plantee sus reivindicaciones históricas para abandonar el Reino Unido como reclamo de permanencia dentro del bloque comunitario porque un segundo referéndum al otro lado del Canal de la Mancha propagaría el virus a este lado de los Pirineos tensionando las relaciones con la Generalitat de Catalunya. El presidente del Gobierno acaba de reafirmar, por enésima vez, su postura más contundente contra la fragmentación política del Estado español, pero un Brexit salpicado de sececionismo en Escocia daría alas a la hostilidad de los independentistas catalanes para seguir complicando la agenda de Rajoy.

En segundo término, la posibilidad de un Brexit a la carta del Reino Unido animaría a los euroescépticos del Viejo Continente que no terminan de creerse las bondades de la moneda única. La corriente antisistema amenaza con estallar justo cuando cerca del 50% de la economía de la región va a someterse al escrutinio ciudadano con las elecciones de Holanda, Francia y Alemania a la vuelta de la esquina. 2017 está llamado a convertirse en el año del populismo en Europa y España no es una excepción, sobre todo teniendo en cuenta la insoportable levedad parlamentaria que puede obligar a una nueva convocatoria a las urnas a la vuelta del verano.

Rajoy considera que el Brexit es una oportunidad para demostrar que nuestro país puede y deber tener mayor peso en las instituciones comunitarias

Rajoy necesita despejar las incertidumbres políticas con el fin de concentrar los esfuerzos de su gestión gubernamental en la definitiva recuperación económica. Para ello es indispensable que la Unión Europea no muestre ningún signo de debilidad ahora que Theresa May está a punto de pulsar el botón del Brexit. La primera ministra británica pretende activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa en la cumbre de jefes de Estado que se celebrará en Bruselas los próximos días 9 y 10 de marzo. A partir de ahí se desatarán todas las hostilidades ya que la Comisión Europea piensa replicar de saque con el envío al Reino Unido de una primera factura al cobro de 60.000 millones de euros.

La cuenta atrás para la negociación del Brexit ha comenzado y el Ejecutivo que preside Jean-Claude Juncker desde la capital comunitaria no puede permitirse ni media fisura a la hora de poner toda la carne en el asador de unas discusiones que antojan largas y tortuosas. La fuerza de la Unión está ahora en tela de juicio y Rajoy quiere aprovechar el momento para demostrar que España hace tiempo que dejó de ser el problema de Europa para convertirse en una de sus grandes soluciones. El Gobierno se colocará pues al frente de la manifestación contra el imponderable Brexit, haciendo bueno el principio de aquel europeísta universal que fue Winston Churchill cuando aseguraba que “un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad mientas que un optimista ve la oportunidad en cada dificultad”.