El viaje a los infiernos de las empresas españolas en Brasil

Es toda una ironía del destino que el mismo día en que David Cameron reunía en Londres una cumbre mundial contra la corrupción, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, haya sido separada del cargo durante seis meses mientras es investigada por el Parlamento. Precisamente por corrupción. Rousseff no ha metido mano en la caja -no está afectada directamente por el escándalo Petrobras-, pero está acusada de corrupción política por haber maquillado la contabilidad nacional para ocultar la verdadera situación del presupuesto público.

En otras legislaciones no existe este tipo de delitos, pero en Brasil sí. Probablemente, porque el país cuenta con un amplio historial delictivo en esta materia, lo que explica que los últimos gobiernos, desde luego desde Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), se obsesionaran por la credibilidad de las cuentas públicas.

Ahora todo se ha venido abajo y el país ha entrado en un círculo vicioso. La crisis política -el descenso a los infiernos de Lula tras descubrirse un asunto de corrupción económica- ha acabado por alimentar la crisis económica, y la crisis económica, por su parte, ha dado alas a la crisis política. El resultado, como no puede ser de otra manera, es un país contra las cuerdas que arrastrará en su caída, necesariamente, a las empresas españolas instaladas allí desde las primeras reformas de los años noventa. Al menos, de forma temporal.

El Fondo Monetario habla en su último informe de que Brasil es víctima de “una combinación de fragilidades macroeconómicas y problemas políticos”. Pero esa es una forma amable de abordar un problema de mucha mayor envergadura, y que tiene que ver con los problemas de fondo de una región todavía demasiado vulnerable a los precios de las materias primas y a la corrupción. Ese binomio desgraciado que se ha llevado por delante el subcontinente en múltiples ocasiones. Y que son las verdaderas venas abiertas de América Latina.

El resultado es un “derrumbe de la confianza”, como lo califica el FMI, sin parangón entre las economías emergentes. Fundamentalmente, porque el Ejecutivo de Rousseff ha sido incapaz de cumplir los objetivos de déficit, lo que puede explicar su interés en maquillar las cuentas públicas. Algo que ha provocado -como mecanismo defensivo- una brutal subida de los tipos de interés y un desplome del 'rating' soberano del país, hasta situarlo en niveles de bono basura, por debajo del nivel recomendable para la inversión.

La actividad económica, de hecho, se contrajo un 3,8% en 2015 y está previsto que caiga otro tanto este año pese a la inversión extraordinaria que supone la celebración de los Juegos Olímpicos. Pero, además, con un fatal añadido: la inflación está disparada: un 7,1% ese año, según las previsiones del Fondo Monetario, y un 6% en 2016. Es decir, estanflación en toda regla para un país que hace muy poco se presentaba al mundo como el ejemplo a seguir y que, incluso, reclamaba un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Muchas empresas lo vieron así y algunas -las que tengan menos musculatura financiera- se arrepentirán. Y entre ellas, los bancos. En el caso español, la entidad más vulnerable es el Santander, cuyos beneficios dependen en un 18% (primer trimestre de 2016) de Brasil. Y hay que tener en cuenta, como recuerda el FMI, que los bancos de Brasil deben aplicar este año un “aumento combinado de las reservas y del capital del 2,25% del PIB”. Es decir, algo más de 45.000 millones de dólares (unos 39.000 millones de euros).

Aumentan los impagos empresariales

¿La causa? El aumento de los impagos empresariales que se esperan en un contexto recesivo. Según el escenario base de diciembre de 2015 del informe anual del FMI, “las prolongadas dificultades de Brasil sugieren que las probabilidades de incumplimiento seguirán aumentando hasta 2016 inclusive, y se llegará a niveles no observados desde 2008”. No parece un problema menor.

Las empresas españolas, como sostiene el analista del Instituto Elcano Carlos Malamud, están presentes de manera destacada en casi todos los principales sectores de la economía brasileña. En el área de las telecomunicaciones han contribuido a modernizar el sector. Y algo similar se observa en otros ámbitos como seguros, infraestructuras de transporte y generación, transmisión y distribución eléctrica y energías renovables.

Mapfre, por ejemplo, también aprovechó que importantes competidores internacionales presentaban graves problemas financieros y estableció una alianza con el Banco do Brasil para constituir una gran compañía de seguros capaz de controlar el 16% del mercado brasileño. Telefónica, por su parte, se ha convertido en el principal operador brasileño, con más de 90 millones de clientes. Una de las cuestiones más importantes que refleja la apuesta estratégica de Telefónica por Brasil es el traslado de su sede de operaciones latinoamericanas a São Paulo. En todos estos años, las empresas españolas han creado más de 211.000 empleos directos y 214.000 indirectos.

Los principales riesgos internos, sin embargo, no son económicos, sino de naturaleza política, toda vez que el nuevo Gobierno está literalmente capado para hacer reformas, incluso las necesarias para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, y que, de manera más general, están intensificando la incertidumbre con respecto a las políticas. Y que debe lidiar, además, con importantes tensiones demográficas. Cifras de la Comisión Europea publicadas por Carlos Malamud recuerdan que el 62% de los brasileños cuenta con menos de 29 años y el 81% de la población brasileña vive en zonas urbanas, donde las presiones populares contra el Gobierno son mayores.

Como consecuencia de ello, se retrasará la recuperación de la inversión. Y aunque los indicadores de solidez financiera todavía parecen asentados, con el tiempo las permanentes tensiones económicas “pueden afectar al desempeño de los deudores”. Por lo tanto, eso quiere decir que el país se enfrenta a un viejo problema que conocen bien los brasileños y que parecía erradicado: una crisis de deuda soberana.

El principal problema fiscal de Brasil, como asegura BBVA Research, es que el gasto primario del Gobierno federal (sin el pago de intereses) “lleva mostrando una tendencia al alza durante muchos años, mientras que la tendencia de los ingresos primarios ha sido a reducirse desde la crisis de Lehman Brothers. Y como la carga fiscal de Brasil ya es elevada, lo que se propone es mantener el gasto bajo control a través de una reforma en el sistema de la seguridad social para adaptarse a las condiciones demográficas, cada vez menos favorables, y una reducción de la rigidez de los gastos primarios (actualmente, solo en torno al 20% del gasto total está potencialmente sujeto a ajustes). Pero para eso hace falta un Gobierno que hoy no hay.

No solo es un problema de Brasil, también de la región. Como sostiene el FMI, “un deterioro más profundo de la situación en Brasil podría provocar un cambio repentino en la valuación de los activos regionales, una menor demanda de exportaciones entre los socios comerciales de la región (en particular en el caso de Argentina, Paraguay y Uruguay) y mayores primas de riesgo”.

En palabras de Federico Steinberg y José Pablo Martínez, del Real Instituto Elcano, “para llevar a cabo la transformación de modelo productivo se hacen necesarias reformas que, sin embargo, los gobiernos no pueden afrontar en la actualidad debido a la escasa capacidad de actuación de la que disponen”. Y menos en un Brasil dividido política y socialmente que ha consumido un ciclo y mira el futuro sin alternativas.