EUROSTAT LOS Considera DE 'DUDOSO COBRO'

El sector público da por perdidos 6.289 millones tras considerarlos incobrables

6.289 millones de euros. Eso es lo que el sector público considera incobrable, según ha comunicado el Gobierno a Bruselas. Se trata de deudas de empresas que están en quiebra o particulares insolventes

Foto: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. (EFE)

La noticia buena es que la recaudación “incierta” por parte del conjunto de las Administraciones Públicas –es decir, las deudas que difícilmente se podrán cobrar– está cayendo de forma significativa en coherencia con la mejoría de la situación económica. La mala es que al finalizar el año 2014 la cuantía seguía siendo muy elevada. Nada menos que 4.260 millones de euros, lo que supone un 35% menos que un año antes.  De esa cantidad, el 70% corresponde a la Administración central, otro 10% a las comunidades autónomas y el resto a los ayuntamientos y la Seguridad Social, que da por perdidos 855 millones de euros.

No son esas las únicas deudas que el Estado considera prácticamente incobrables. Las distintas Administraciones Públicas han prestado otros 2.029 millones de euros a los agentes económicos y hoy estima que son de “dudoso cobro”. En total, 6.289 millones que difícilmente podrá recuperar el sector público, como se reconoce en documentos oficiales.

Los datos aparecen en la comunicación que ha hecho el Gobierno a Bruselas en relación con el volumen de déficit público durante 2014. Y lo que ponen de relieve esas cifras son las dificultades que tiene el sector público a la hora de cobrar. De los 2.029 millones en préstamos que ha concedido y que se consideran de difícil devolución, 1.721 millones corresponden a la Administración central y 308 millones a las comunidades autónomas.

Eurostat, que es quien vigila el tratamiento contable de estas partidas, considera préstamos de dudoso cobro cuando los pagos de intereses o del principal sufren un retraso de al menos 90 días. Tienen incluso esa consideración cuando no haya transcurrido ese plazo, pero “hay buenas razones” para pensar que el deudor no podrá pagar, por ejemplo, cuando haya presentado una declaración de quiebra.

En términos contables, los ajustes por recaudación incierta suponen una aminoración de los ingresos de capital (en la jerga presupuestaria los recursos) de los que disponen las Administraciones Públicas. Por lo tanto, aumentan el déficit público, ya que, según la metodología de Eurostat, las probabilidades de cobrar las deudas son remotas.

Su evolución –hacia arriba o hacia abajo– tiene mucho que ver con la coyuntura económica. En los años de crisis, lógicamente, los fallidos crecen con fuerza, pero en los años de recuperación se reduce de forma significativa. Aun así, en momentos como los actuales, representan el 0,6% del PIB, lo que da idea de su importancia en términos económicos.

Deudas incobrables y ciclos económicos

En 2009, en plena Gran Recesión de la economía española, la recaudación incierta se disparó hasta los 9.351 millones de euros. La cifra contrasta con los 3.820 millones contabilizados en 2005, lo que pone de relieve la enorme elasticidad de esta partida en función del ciclo económico. Los datos de 2014 suponen que la deuda incobrable ha vuelto a situarse por debajo de la media de los últimos 19 años (5.035 millones).

Los ajustes por recaudación incierta no significan, sin embargo, que la Administración renuncie a recaudar las deudas. Si al final lo consigue, esos ingresos se contabilizan en el momento del cobro, pero las probabilidades son bajas, de ahí que Eurostat obligue a aminorar cada año los ingresos.

La casuística que explica estas situaciones es muy variada. Puede ser porque el contribuyente (físico o jurídico) haya desaparecido o haya sido declarado insolvente por los tribunales, lo que le exime del pago de tributos. O porque Hacienda considera en los recursos planteados que tiene perdida la vía legal y renuncia a pleitear. En esa rúbrica no se incluyen los derechos pendientes de cobro, que en 2013, último año con datos cerrados, ascendieron a 11.835 millones, según datos de la Agencia Tributaria.

La cuantía de la recaudación incierta no es arbitraria. Se estima a partir de un modelo econométrico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y validado por Eurostat.

Economía

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
13 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios