Bruselas lanza una 'cruzada' contra la evasión fiscal en dividendos o depósitos

La Directiva sobre fiscalidad del ahorro tiene los días contados. La Comisión Europea planteó ayer formalmente su derogación -y no una mera reforma- en el marco de un nuevo paquete de medidas contra la evasión fiscal. Bruselas entiende que esa norma “ha quedado obsoleta” debido a la adopción por parte de la Unión Europea de una legislación “más ambiciosa”, y que se plasmó en una propuesta formulada en 2013 destinada a favorecer el intercambio de información entre los Estados miembros.

Ahora lo que se pretende es incluir “el pago de dividendos, las plusvalías de capital y todas las demás formas de ingresos financieros y saldos de cuentas” en la lista de productos financieros que son objeto de intercambio automático de información entre las agencias tributarias europeas.

La Comisión Europea considera que tras la derogación de la Directiva se creará un marco simplificado y “se evitará toda inseguridad jurídica o carga administrativa adicional que afecte a las empresas y las autoridades tributarias”. La idea es que la nueva legislación entre en vigor el 1 de enero de 2016, toda vez que, en principio, ningún gobierno cuestiona los principios fundamentales.

La nueva norma afectará no sólo a los países de la UE, sino a territorios extracomunitarios con los que se firmarán este verano, según la Comunicación elaborada por la Comisión Europea, un acuerdo de intercambio de información.

En concreto, con cinco centros financieros: Suiza, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y Andorra, que ya se comprometieron con los criterios de transparencia impulsados desde la OCDE. La UE, como se sabe, ha reforzado en los últimos años el control de algunos territorios de baja tributación que en ocasiones se convierten en auténticos paraísos fiscales y mantienen en la práctica el secreto bancario.

Las dificultades que ha tenido España para lograr información de algunos clientes de la banca de Andorra es un buen ejemplo de ello. De ahí que, según Bruselas, el acuerdo con estos cinco centros financieros por los que se escapa buena parte de la recaudación, será “más ambicioso” que lo planteado inicialmente.

Blanqueo de capitales

De hecho, la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales va en esa dirección y obliga a informar de los movimientos sospechosos de lavado de dinero. La realidad, sin embargo, es muy distinta a lo que dictan las normas. Es por eso que la Comisión Europea sigue dándole vueltas a una vieja idea: la de poner en marcha una especie de NIF europeo. Es decir, que cada residente tenga un número de identificación fiscal, con lo que mejoraría el rastreo de los movimientos bancarios o de otra índole. Incluido un mayor control de los pagos en operaciones con IVA.

La Directiva sobre la fiscalidad del ahorro obliga a los Estados a recoger información sobre los ahorros de las personas físicas no residentes y a transmitirla de forma automática a las autoridades fiscales del lugar de residencia de dichas personas.

La derogación de la Directiva hay que enmarcarla en un paquete de medidas aprobado ayer sobre transparencia fiscal, con el que se pretende luchar contra los instrumentos que utilizan muchas multinacionales –con la ayuda de algunos gobiernos- para pagar menos impuestos mediante una planificación fiscal agresiva que en realidad lo que hace es socavar las bases imponibles del Impuesto de Sociedades. Bruselas estima que la elusión del impuesto que grava los beneficios de las empresas supone una merma de los presupuestos de los Estados miembros de “varios miles de millones de euros anuales”.

La estimación de la Comisión Europea sobre el volumen de fraude fiscal en Sociedades es, como se ve, poco precisa. Y ese es, precisamente, uno de los problemas identificados por Bruselas, que no existen estadísticas. Ni siquiera aproximadas. Por ello, lo que plantea es que Eurostat, la agencia estadística de la UE, mida su tamaño con el fin de disponer de una “estimación fiable” del nivel de evasión y elusión fiscales existente.