La UE lanza un plan contra los paraísos fiscales y anuncia un NIF europeo

La crisis aguza el ingenio. La UE anunció ayer un plan de lucha contra el fraude fiscal con un objetivo: pinchar la enorme bolsa de dinero negro que recorre Europa, y que, según sus cálculos, podrían alcanzar el billón de euros. O lo que es lo mismo, una cantidad similar al PIB de España, la quinta economía del continente.

El plan fue presentado ayer por el comisario Algirdas Semeta, responsable de fiscalidad, y la primera Recomendación prevé la adopción en la UE -más allá de las medidas internacionales actuales- de una “posición de fuerza contra los paraísos fiscales”. Para lograrlo, se pretende utilizar criterios comunes, por lo que se invita a los Estados miembros a “identificar esos paraísos y a introducirlos en unas listas negras nacionales”. La Recomendación incluye medidas específicas para convencer a esos países no miembros de la Unión Europea de la necesidad de aplicar las normas de gobernanza que rigen en la UE.

Con la segunda Recomendación se pretende abordar el asunto de la “planificación fiscal agresiva”, en palabras de la Comisión. Y en este sentido se proponen diferentes vías para corregir los tecnicismos y las lagunas legales que algunas empresas aprovechan para evitar el pago de lo que equitativamente les corresponde. Dicho en otras palabras de la Comisión, se trata de acabar con la operativa de aquellas empresas y particulares que cumplen la letra de la ley, pero no su espíritu.

La Recomendación anima a los Estados miembros a reforzar sus convenios de doble imposición para evitar que puedan dar como resultado “una ausencia total de tributación”. Se les anima también a adoptar para la lucha contra las prácticas abusivas una norma general común que permita basar los impuestos en las actividades económicas reales y dejar de lado “cualquier montaje artificial” con el que se pretenda eludirlos.

Entre las otras iniciativas que prevé el plan de acción presentado figuran la adopción de un código del contribuyente o la creación de un número de identificación fiscal de la Unión Europea, similar al que hoy tienen todos los contribuyentes españoles (NIF). Esto quiere decir que las Agencias Tributarias francesa o alemana podrían conocer en tiempo real las operaciones que realizara un español en sus países, lo que dificultaría la elusión de rentas. Igualmente, se propone la revisión de las disposiciones que establecen para la lucha contra las prácticas abusivas las directivas de la UE más importantes y el establecimiento de unas directrices comunes para rastrear los flujos de dinero.

La UE, además, pretende acabar con lo que denomina “competencia fiscal perniciosa”, que permite a muchas empresas eludir el pago de impuestos. En los últimos años se han conocido casos como los de Google, Inditex o Starbucks, que se han aprovechado de legislaciones laxas como la de Irlanda para pagar menos impuestos. De ahí que se inste a los Estados miembros a que “den un nuevo impulso a los trabajos de elaboración del código de conducta de la UE en materia de fiscalidad de las empresas”. Y, en este sentido, se plantea identificar los casos en los que los países den un tratamiento fiscal excesivamente favorable para los no residentes, o acabar con los beneficios fiscales concedidos a pesar de la ausencia de cualquier actividad económica real.

Listas negras

Se estudia, incluso, la posibilidad de que la UE disfrute de un régimen sancionador similar contra el fraude fiscal y crear una web con información fiscal por países. En el caso de los paraísos fiscales, lo que se propone es que los 27 cuenten con una lista única y que, de forma unitaria, planteen una estrategia común para evitar que sigan siendo zonas opacas en materia de información tributaria. Con la creación de esas ‘listas negras’ de los Estados miembros se pretende socavar la reputación de una jurisdicción como socio internacional “confiable y reconocido”. Además, los Estados miembros estarían obligados a renegociar, suspender o incluso cancelar los convenios de doble imposición firmados con esos territorios.

El plan de la UE es continuación de las iniciativas tomadas en las últimas cumbres del G-20 y de la OCDE, y también en el Consejo Europeo de marzo, donde los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a ser más agresivos en la lucha contra el fraude fiscal.

Es en este marco en el que entrará en vigor el próximo 1 de enero la Directiva sobre Cooperación Administrativa. En la actualidad, según los datos de la UE, las agencias tributarias nacionales cuentan con información compartida sobre bases imponibles equivalentes a unos 20.000 millones de euros. Esta información la intercambian los Estados miembros y cinco países fuera de la UE, entre ellos Suiza y Liechtenstein, así como diez territorios dependientes o asociados, incluyendo Jersey, Guernsey, la Isla de Man, las Islas Caimán y Aruba.