investigación por blanqueo

Anticorrupción teme que Banco Madrid borrara datos y exige un informe a Andorra

El siguiente paso que debe dar la Fiscalía es judicializar el caso en el tribunal competente para depurar responsabilidades penales contra los principales sospechosos

Foto: Un coche de policía frente a la sede del Banco de Madrid. (Reuters)
Un coche de policía frente a la sede del Banco de Madrid. (Reuters)

Los investigadores se están moviendo rápido para intentar recabar la máxima información posible respecto de las operaciones sospechosas realizadas desde Banco Madrid por algunas empresas, sicavs y personas físicas con cuentas en la entidad. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción, Policía y la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria se personaron ayer en la sede de la filial de Banca Privada de Andorra para extraer la máxima documentación posible. Según fuentes de la investigación, al llegar allí los agentes descubrieron que los servidores tanto de Banco Madrid como de Banco Madrid Gestión se encuentran en Andorra.

A pesar de este inconveniente, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) extrajeron todos los datos de los ordenadores, aunque para asegurarse de que no haya habido ningún borrado de información, la Fiscalía Anticorrupción, encargada de la investigación, tiene previsto enviar una comisión rogatoria a Andorra para ver si coinciden los datos obtenidos en Madrid y los que guardan en la sede del BPA. Según estas fuentes, aunque se hubiese intentado borrar información dejaría rastro en el servidor.

Los datos extraídos tanto de Banco Madrid como de Banco Madrid Gestión –una filial del primero y sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva (SGIIC)– están únicamente relacionados con las operaciones sospechosas realizadas desde este banco y denunciadas por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Al llegar ayer a las oficinas, los investigadores se encontraron con un colapso en Banco Madrid Gestión, donde, al no estar intervenida en ese momento por el Banco de España, habían acudido muchos de sus clientes y ordenado la reposición de sus fondos y el reintegro de los capitales, provocando el temor de descapitalizar el banco.

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Por ahora, la investigación va a estar centrada en estas operaciones recogidas en un resumen remitido por el Sepblac, organismo dependiente del Ministerio de Economía, a la Fiscalía Anticorrupción. Aun así, entre las próximas diligencias a practicar, el Ministerio Público va a requerir que remitan todo el expediente de inspección efectuado desde abril del pasado año y no únicamente las pinceladas entregadas.

Investigan si existe un delito de blanqueo

El órgano de control inició un expediente el pasado año, pero  se tramitó solamente por vía administrativa. Sin embargo, tras la denuncia del Tesoro de Estados Unidos, que relacionaba al BPA con actividades de blanqueo de capitales, el Sepblac decidió remitir parte de su información a la Fiscalía Anticorrupción para que averigüe si de estas operaciones se puede deducir la existencia de delitos de blanqueo.

En su listado, recoge operaciones, a su juicio sospechosas, y menciona un listado de empresas y personas que deben ser investigadas por la Fiscalía. En ese listado, aparece una sicav propiedad de la familia Carceller, dueños de la cervecera Damm, tal y como la define el propio Sepblac. Fuentes de la investigación aclaran que debe ser la Fiscalía la que determine si puede haber indicios de un delito de blanqueo de capitales en las operativas denunciadas por el servicio de prevención y cuáles deben quedarse en el plano meramente administrativo.

Para conocer los máximos detalles posibles sobre el expediente elaborado por el Sepblac y posteriormente remitido al Banco de España, la Fiscalía que dirige Antonio Salinas también contempla escuchar como testigos a los inspectores que realizaron las pesquisas y que les puedan proporcionar más información de la hasta ahora recabada.

Requieren más apoyo

El objetivo del requerimiento que se realizó ayer en la sede del Banco de Madrid tenía como objeto sacar de los servidores la máxima información posible y garantizarse que, a pesar de que la entidad esté intervenida por el Banco de España, no hubiera una destrucción de documentos esenciales para la investigación.

Sede del Banco de España.
Sede del Banco de España.

Una vez extraído todo, tanto policía como Agencia Tributaria deben analizar toda la documentación. Aun así, desde Fiscalía se tiene intención de solicitar a peritos del Banco de España como apoyo para poder avanzar en las diligencias debido al colapso existente en la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria, que cuenta desde hace meses con un inspector menos y la carga de trabajo va en aumento.

Después de analizar todos los datos y poder acotar cuáles de las operaciones sospechosas recogidas por el Sepblac pueden tener indicios de delitos, el siguiente paso que debe dar la Fiscalía es judicializar el caso en el tribunal competente para depurar responsabilidades penales contra los principales sospechosos. Por ahora, el centro de la investigación está en el Consejo de Administración del Banco de Madrid, dimitido en bloque tras la intervención. Los investigadores intentarán descubrir si eran conocedores de las operativas de blanqueo llevadas a cabo por el banco y deberán determinar en qué medida habrían participado.

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