ESCÁNDALO EN LA BANCA ANDORRANA

El consejo de Banco Madrid dimite en pleno tras la intervención por el Banco de España

El escándalo de la intervención del andorrano BPA y su filial española, Banco Madrid, continúa: el consejo de esta última ha dimitido en bloque y ha pedido su sustitución al Banco de España

Foto: Entrada a la sede central del Banco de Madrid. (Reuters)
Entrada a la sede central del Banco de Madrid. (Reuters)

El consejo de Banco Madrid, que no había sido destituido inicialmente por el Banco de España con la intervención del martes -a diferencia de los 11 casos anteriores-, ha solicitado voluntariamente su relevo al supervisor bancario para facilitar su labor al frente de la gestión de la entidad y para "eliminar cualquier duda sobre la estabilidad" del banco.

"El consejo de administración de Banco Madrid, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha decidido por unanimidad y en defensa de los intereses de los empleados y clientes, solicitar al Banco de España su sustitución al amparo del Artículo 71 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. De esta forma, se busca facilitar la actuación interventora iniciada por dicho organismo supervisor. Con esta medida, el consejo de administración cesante busca eliminar cualquier posible duda sobre la estabilidad de la misma", afirma en un comunicado emitido el miércoles por la noche.

Dimite el consejo de Banco Madrid

 

El consejo está presidido por José Pérez, exjefe de inspección del Banco de España, y tiene a Joan Pau Miquel Prats como consejero delegado. Se sentaban en él también los miembros de la familia dueña de BPA Higini y Ramón Cierco (este último directivo de FC Barcelona), así como la exdirectora general del Tesoro con el gobierno de Zapatero, Soledad Núñez. Completan este órgano el profesor de economía Ricard Climent y el secretario, Rodrigo Achirica (ex director general de Interdin, firma adquirida por BPA en 2008).

El Banco de España decidió intervenir Banco Madrid ante las gravísimas acusaciones de blanqueo de dinero por parte del Gobierno de Estados Unidos a su matriz, el andorrano Banca Privada d'Andorra (BPA). Dichas acusaciones han llevado a la intervención de la propia BPA por parte de la autoridad financiera del Principado, INAF, ese mismo martes. El BdE no destituyó a los administradores pero colocó por encima de ellos a dos funcionarios,  José Luis Gracia Cáceres y Alejandro Gobernado Hernández, con lo que dejaba sin poder real al consejo, de acuerdo con la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

Salida de fondos tras la intervención

Aparte de esa pérdida de funciones de facto, este miércoles se han producido importantes retiradas de fondos por parte de los clientes de la filial española, según confirman diferentes fuentes conocedoras de la situación. No obstante, no se trata de cantidades que puedan poner en peligro la liquidez del banco. Ahora bien, el temor a que se siga produciendo esta fuga es lo que ha llevado al consejo a tratar de "eliminar cualquier duda sobre la estabilidad" de la entidad, como reza su comunicado. Asimismo, de esta forma se facilita la inspección del Banco de España sobre el posible blanqueo de dinero en la entidad.

Dicha declaración contradice a otro envío del banco del miércoles por la mañana, en el que aseguraba que "la intervención del Banco de España no supone ningún cambio en la gestión de Banco Madrid. Tanto la dirección de la entidad como su consejo de administración mantienen y ejercen todos sus poderes y cuentan con toda la capacidad de decisión sobre la gestión".

El Departamento del Tesoro de EEUU emitió el martes una durísima denuncia en que acusa a sus directivos de cobrar "sobornos" y "comisiones exorbitantes" de redes de "crimen organizado, corrupción y tráfico de seres humanos" para blanquear dinero. Y cita tres casos concretos que sitúan el epicentro del escándalo en nuestro país: Gao Ping, cabecilla de una trama criminal y de corrupción policial, cuyo encarcelamiento prorrogó precisamente ayer la Audiencia Nacional; Andrei Petrov, cabecilla de la mafia rusa y también arrestado en España en 2013; y PDVSA, la petrolera estatal venezolana controlada por el Gobierno de Nicolás Maduro, que tiene negocios conjuntos con Repsol.

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