El Gobierno verifica una denuncia contra Rocha, quien una vez más no se habría dado por enterado

En su encomiable afán por combatir la corrupción en el fútbol español, Miguel Galán remitió hace unas semanas al Consejo Superior de Deportes (CSD) una denuncia anónima contra Pedro Rocha que está siendo verificada por los departamentos de régimen jurídico y control económico. De confirmarse, sería el último clavo al ataúd de las aspiraciones del extremeño —y el interés de quienes le rodean— por presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Con la cautela que un caso como este requiere, el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE) comunicó al CSD que se trata de unos hechos supuestamente denunciados y no aclarados en su día, tanto en la Federación Extremeña de Fútbol (FEXF), como en la propia RFEF. De ahí que afectarían de pleno al que fuera presidente de la primera y, de momento, único y únicamente candidato a presidir la segunda, el mencionado Pedro Rocha.

La denuncia versa sobre un contrato de ejecución de una obra que la FEXF, en nombre de la RFEF, formalizó el 12 de diciembre de 2019 con Coarrugados García Almendralejo SL, una empresa de Cáceres, para la adecuación y reforma de la visera del graderío del campo de fútbol Eusebio Bejarano, situado en el complejo deportivo La Granadilla, de Badajoz, "de acuerdo con el proyecto redactado en noviembre de 2019 por el arquitecto Pablo Matilla Pérez, cuya memoria, mediciones, planos y presupuesto económico formaron parte integrante del contrato".

Y añade la denuncia: "Contrato en cuyo expositivo se refiere que el contratista presentó su presupuesto inicial para realizar las obras, ajustándose al proyecto en unidades de obra, calidades, precios e importe. Es decir, un precio inicial de 182.461 euros". De este modo, "toda vez que el precio debía ser sufragado con fondos públicos provenientes del CSD, se acordó de manera expresa la imposibilidad de cualquier revisión o variación de dimensiones, calidad o precios unitarios presupuestados".

Un sobrecoste de 60.000 euros que fue denunciado

Sin embargo, "una vez finalizada la obra, el contratista pasó al cobro una factura/liquidación por el importe presupuestado y contemplado en el proyecto de ejecución. Es decir, 182.461 euros, pese a que el importe de la obra realmente ejecutada debería haber ascendido a 121.108 euros. O sea, que se pretendía cobrar una factura con un exceso que supera los 60.000 euros, más del 30% sobre lo realmente contratado y ejecutado.

La denuncia, remitida en primera instancia desde la oficina principal de Correos de Badajoz y posteriormente por Galán al presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, incluye detalles como un estudio pericial, presuntamente realizado por el arquitecto técnico David Preciado Aparicio, "cuyas conclusiones fueron rotundas". "Se han modificado los precios unitarios de proyecto en la certificación final de obra para conseguir cuadrar el Presupuesto de Ejecución Material al inicial de proyecto, compensando con esa subida de precios unitarios la obra no ejecutada", puede leerse.

Andreu Camps fue el interlocutor de la RFEF

Ante esta situación, se explica que el entonces vicepresidente económico de la FEXF, Francisco Santibáñez, trató el asunto con el que fuera secretario general de la RFEF, Andreu Camps, "llegándose a la conclusión de que, lógicamente, no se podía abonar la referida factura/liquidación emitida por el constructor, al no haber ejecutado toda la obra que facturaba, ni se podía tramitar el expediente ante el CSD por culpa de esas irregularidades".

Sin embargo, "pasados varios meses y sin consentimiento ni conocimiento de los responsables de economía e infraestructuras de la FEXF, se pagó íntegramente la factura emitida por Coarrugados García Almendralejo SL, incluida la demasía de más de 60.000 euros por obras que no había ejecutado". Esto sería fácil de comprobar por los correos cruzados entre los citados, así como con su testimonio si se les pidiera declarar, toda vez que se trata de fondos públicos provenientes del CSD.

Y concluye la denuncia: "Esta grave irregularidad fue puesta en conocimiento del presidente de la FEXT, Pedro Rocha, del tesorero, Mario Cáceres, del secretario general, Sergio Merchán Guay, e, incluso, del secretario general de la RFEF, Andreu Camps, a quienes se les pidió infructuosamente que depurasen responsabilidades y reclamasen la devolución de las cantidades indebidamente pagadas". Dados sus antecedentes, Rocha no se habría dado por enterado.

Uribes, sin las contemplaciones de sus antecesores

Llegados a este punto, y a la espera de que, como comentábamos al principio, la denuncia sea verificada por los departamentos de régimen jurídico y control económico del CSD, parece evidente que el Gobierno está dispuesto a hacer con Rocha lo que sistemáticamente se resistió a hacer con Rubiales a través de los anteriores secretarios de Estado para el Deporte.

"La resolución del TAD contiene gravísimas irregularidades y será impugnada", anunció el extremeño en un comunicado al que solo le faltó el remite de la RFEF, pues justo antes desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se había hecho público otro en la misma línea.

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Kike Marín

"Es impensable que el representante del fútbol español para la Eurocopa o para los Juegos Olímpicos pudiera ser una persona investigada en una causa penal y bajo sospecha del Tribunal Administrativo del Deporte por presuntas infracciones disciplinarias calificadas como muy graves", señaló este viernes José Manuel Rodríguez Uribes en referencia a un acorralado Rocha. Lo dicho, nada que ver con el trato que recibió Rubiales, cuyas denuncias nunca fueron elevadas al TAD. Primero con la burda excusa de que eran periodísticas y, después, porque estaban judicializadas.