Las víctimas del atentado de París demandan al Estado por fallos de seguridad

Samy Amimour estaba fichado por los servicios de inteligencia franceses por haber intentado en 2012 unirse a una célula terrorista en Yemen, había sido puesto bajo control judicial y tenía que presentarse de forma regular en la comisaría de su barrio. En otoño de 2013 dejó de hacerlo y se declaró un mandato de arresto internacional contra él. A pesar de eso, consiguió llegar a Siria, entrenarse y curtirse con el Estado Islámico y regresar a Europa en algún momento de 2015. El 13 de noviembre del año pasado entró junto a Ismael Omar Mostefai y Fuad Mohamed Aggad a la sala Bataclan de París, donde fue el primero de los terroristas en morir. Un comisario de policía, rompiendo todos los reglamentos, sin autorización, sin cobertura y armado con una pistola de mano, entró en la sala de conciertos y disparó contra Amimour. Este acto heroico e intuitivo consiguió frenar la matanza.

La historia de Samy Amimour es solo un ejemplo de todo aquello que fue mal en la seguridad del Estado y que acabó con la peor masacre terrorista de la historia de Francia, de la que el mes que viene se cumple el primer aniversario. Varias decenas de familiares de víctimas de aquella noche luchan ahora legalmente para que alguien les explique cómo es posible que todos los atacantes y la mayoría de sus cómplices fueran conocidos por los servicios de inteligencia franceses o belgas. O por qué los militares de la operación Centinela que acudieron rápidamente a los alrededores de la sala Bataclan no intervinieron y tampoco prestaron sus fusiles de asalto a los policías de proximidad que habían llegado antes pero que, pertrechados tan sólo con armas de mano, se encontraban impotentes ante el fuego de los kalashnikov de los terroristas.

El informe pone de manifiesto que los atentados fueron un fracaso del espionaje francés, que los cuerpos de seguridad no supieron coordinarse eficazmente y que la comunicación entre los servicios de inteligencia de los países europeos deja mucho que desear

“Las víctimas se hacen estas preguntas y también para qué sirve que los 10.000 militares de la operación Centinela (desplegados tras los atentados de enero de 2015) estén en nuestras calles si no están formados para intervenir. Si es solo para darnos (sensación de) seguridad es muy inquietante”, explica a El Confidencial Gérard Chemla, abogado que ha presentado un recurso ante la justicia francesa en nombre de 65 víctimas o familiares de víctimas del atentado de la sala Bataclan para esclarecer los fallos de seguridad de aquella fatídica noche. No es el único. Otra letrada, Samia Maktouf, que representa a una veintena de víctimas de los ataques del 13 de noviembre de 2015, también ha acudido a los tribunales porque sus clientes, “con toda la razón, consideran que el Estado francés, ya sea la Policía o la Justicia, no tomaron las precauciones necesarias para evitar este atentado”, señala a este diario.

Tras el mazazo, la Asamblea Nacional francesa también se preguntó si se había hecho todo lo posible por evitar los atentados. Especialmente después de que la seguridad se reforzara en las calles y se destinaran más recursos a la lucha contra el yihadismo tras los ataques a la sede del semanario Charlie Hebdo y al supermercado judío Hypercacher en enero de 2015. ¿Había sido suficiente? La respuesta llegó en noviembre y era un rotundo no pero, ¿qué se había hecho mal?

El informe realizado por la comisión parlamentaria encargada de analizar los atentados fue presentado este verano, y no ha encontrado graves fallos de seguridad del Estado, aunque sí ha desvelado que Francia no estaba preparada para afrontar unos ataques de tal magnitud. Pero, sobre todo, pone de manifiesto que los atentados fueron un fracaso del espionaje francés, que los diferentes cuerpos de seguridad del Estado no supieron coordinarse eficazmente y que, en un territorio donde las fronteras han dejado de existir, la comunicación entre los servicios de inteligencia de los diferentes países europeos deja mucho que desear.

También sacó a la luz detalles como la “pasividad inexplicable, insoportable”, en palabras del propio presidente de la comisión, el diputado Georges Fenech, de los militares el 13 de noviembre que, bajo la autoridad de la prefectura de policía de París y, por lo tanto, del ministerio del Interior, -lo habitual es que se sometan a la autoridad civil cuando están en territorio francés-, no recibieron la orden de atacar “porque no se encontraban en una situación de guerra”.

“Según el informe parlamentario, hubo un equipo de siete personas de la BAC (brigada anticriminal), la policía de proximidad, que llegó al poco del comienzo de la toma de rehenes en el Bataclan, y quedaron bloqueados entre el bulevar Voltaire y el pasaje Saint-Pierre Amelot por un terrorista que se había situado en la salida de emergencia del Bataclan y que disparaba en su dirección. Los policías, que solo tenían como arma algunas pistolas de mano con cargadores de diez balas, se sintieron impotentes contra un arma de guerra”, relata Gérard Chemla. En los segundos que siguieron a los primeros intercambios de disparos, dos grupos de cuatro militares de las fuerzas de Centinela llegaron al lugar, pero no recibieron la autorización para tomar parte en el combate. “Los policías que estaban sobre el terreno y que querían enfrentarse a los terroristas pidieron a los militares que les prestaran las armas, pero los militares rechazaron separarse de sus armas”, prosigue el abogado.

'Se dice que la Brigada de Investigación e Intervención intervino muy tarde porque todo el mundo estaba peleándose por saber quién debía hacer qué. Durante ese tiempo hubo gente agonizando y muriendo en la sala Bataclan”, relata el abogado

Aunque no estaban bajo sus órdenes, el ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, ha justificado la no intervención por parte de los soldados porque “no estaban formados para intervenir en presencia de rehenes”. Pero, no tenían que entrar, razona Chemla, “solo tenían que disparar al tipo que estaba en la puerta de la salida de emergencia de la sala Bataclan y que les disparaba”.

Al final fue un comisario de la policía quien “entró solo en la sala y disparó a Samy Amimour, por eso este terrorista se inmoló tan pronto y con ello se pudo parar la primera fase del atentado. Este comisario, al entrar, violó todos los reglamentos, no esperó una autorización, no iba bien armado para hacerlo. La gente no se acuerda de los reglamentos sino del héroe. Creemos que en este caso el reglamento ha servido más a los terroristas que a los rehenes”, reflexiona el abogado.

Sobre qué pasó en aquellos momentos corren todo tipo de rumores. “Se dice que las armas de los militares no están cargadas con munición real. También que la Brigada de Investigación e Intervención (BRI) (cuerpo de élite de la policía francesa) intervino muy tarde porque todo el mundo estaba peleándose por saber quién debía hacer qué y durante dos o tres horas los jefes se dedicaron a discutir, y nosotros sabemos que durante ese tiempo hubo gente agonizando y muriendo en la sala Bataclan”, relata el abogado.

Para arrojar luz sobre aquella noche, los familiares de las víctimas han solicitado al juez de instrucción que interrogue a cierto número de personas, especialmente a los policías y militares que llegaron primero al lugar y a quienes les comandaban. “Solo queremos saber qué pasó realmente porque, hasta el momento, las familias no han recibido ninguna información por parte de las autoridades de lo que sucedió aquella noche. ”, afirma el representante de las víctimas. Con este recurso, que aún no saben si será examinado por la justicia francesa o rechazado, solo buscan comprender cómo 90 personas acabaron masacradas en un concierto en pleno centro de París. “Necesitan tener la sensación de que la muerte de su ser querido no se queda en un número más, sino que se ha hecho algo para que no se repita. Y para que no se repita, la primera regla es saber qué ha pasado”, confía el abogado.

Lo mismo sucede con las víctimas representadas por Samia Maktouf. “La orden de las madres a las que represento es “nunca jamás”. No quieren que nadie pase más por este sufrimiento, un sufrimiento que se agrava al no tener respuestas a sus preguntas. Las víctimas no buscan indemnizaciones ni meter a gente en la cárcel, quieren que otras personas como ellas no sufran”, relata la abogada, que ya ha iniciado los trámites necesarios para demandar al Estado por no evitar que los yihadistas, algunos de ellos bajo vigilancia judicial, consiguieran llevar a cabo los atentados.

El caso de Samy Amimour, que estaba bajo control judicial y consiguió escapar a Siria, es el más sangrante, y fue incluso destacado en el informe de la comisión parlamentaria como uno de los posibles fallos del Estado, pero no es el único. El atentado de la iglesia de Saint-Étienne du Rouvray, en Normandía, en el que fue asesinado un párroco el pasado mes de julio, volvió a poner en cuestión la vigilancia de los sospechosos con ficha “S”, con la que los servicios de inteligencia encasillan a sospechosos de radicalismo hayan sido o no condenados. Uno de los terroristas había pasado por la cárcel, estaba bajo arresto domiciliario y portaba un brazalete electrónico. El atentado se cometió en las horas en las que tenía permiso para salir.

Para Maktouf, “hoy debemos replantearnos nuestra política judicial, hay que repensar la forma en la que se manipulan las fichas S, cuya información, si no se comunica a la policía para que, por ejemplo, intervenga cuando intenta cruzar una frontera, no sirve para nada. Y tenemos que reexaminar los perfiles de los terroristas, porque ha dejado de haber un perfil tipo, hoy pueden ser mujeres, o la persona que tienes a tu lado cuando te compras un helado”.