Barberá vs Torres: El combate contra el fiscal que la senadora va ganando a los puntos

La senadora Rita Barberá va ganando a los puntos el combate contra la Fiscalía Anticorrupción. Pese a las presiones políticas y los indicios que recaen sobre su participación y conocimiento de una presunta trama de blanqueo y donaciones irregulares para la campaña de las municipales del PP en Valencia, la exalcaldesa no suelta el acta parlamentaria que la blinda de tener que hacer el paseíllo ante un tribunal de instrucción al igual que los concejales y asesores del grupo municipal. Este fuero impide a los fiscales citarla a declarar y judicializar la investigación en su caso sin elevar su parte al Tribunal Supremo, que debería decidir entonces, a partir de la información relativa a ella, si procede imputarla e investigarla.

Barberá tiene la condición de aforada por el Supremo desde el pasado mes de julio, cuando asumió el cargo por la cuota territorial del Parlamento valenciano junto a otros representantes como el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, o el socialista Joan Lerma, que repetía mandato. Hasta las elecciones de mayo de 2015 ejercía de alcaldesa y de diputada autonómica. Esta última condición también le otorgaba cierta protección, en este caso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El salto al Senado, no obstante, es diferencial porque sitúa a la senadora fuera de la órbita judicial valenciana. Además de la Operación Taula, los delegados en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción tienen en el punto de mira a Rita Barberá en otros dos expedientes, el de Feria Valencia y el conocido como Ritaleaks. Ha sido hasta ahora el delegado Vicente Torres el que ha supervisado estos casos, aunque en el que estalló la semana pasada también ha colaborado el delegado de refuerzo Pablo Ponce. El tercer delegado de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada es Jesús Carrasco. Los tres se han convertido en una suerte de intocables de Eliot Ness que han destapado e investigado la mayor parte de los grandes casos de irregularidades en la gestión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Por su manos pasan o han pasado las pesquisas de asuntos como Gürtel, Valmor, Blasco (Cooperación), RTVV o Ferrocarrils. Conocen al dedillo a los protagonistas y sus conexiones pues muchos de los implicados aparecen en casos distintos.

Anticorrupción investiga desde 2014 obras en Feria Valencia y regalos a Barberá. Hace cinco meses dejó de pedir documentación y aún no hay denuncia

En lo que atañe a Rita Barberá, la Fiscalía investiga desde 2014 la entrega de regalos como objetos y complementos de lujo por parte de Feria Valencia por importe de más de 7.000 euros cuando el recinto estaba controlado por Alberto Catalá y Belen Juste, personas cercanas a la exalcaldesa. Estos obsequios (bolsos Bulgari, broches Hermés, tarjetas regalo de El Corte Inglés, etc) se enmarcan dentro de una investigación más amplia sobre los millonarios sobrecostes que sufrieron las obras de ampliación aprobadas por Feria Valencia cuando Barberá era presidenta del patronato. Un informe de la Intervención de la Generalitat denunció incumplimientos en materia de normas de contratación y el impacto sobre las cuentas públicas del elevado endeudamiento asumido por la institución para pagar las obras. En total el coste para la Administración autonómica puede elevarse a los 1.000 millones de euros. Durante la etapa de Catalá como presidente del comité ejecutivo y de Barberá en el patronato se celebró también en las instalaciones de la Feria el congreso que refrendó a Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular en 2008. La factura de esa convención supera los 500.000 euros y la formación de la gaviota no la ha pagado, lo que ha motivado una demanda de los nuevos gestores.

La Fiscalía ha investigado todas estas cuestiones en profundidad. Incluso designó un grupo de interventores de la Generalitat para que recopilasen toda la información. No obstante, dejó de reclamar documentación a la Feria hace unos cinco meses, coincidiendo con el nombramiento de Barberá como senadora, y todavía no ha presentado una demanda en el juzgado. Si involucra a la exalcaldesa ya no podrá hacerlo en un tribunal de primera instancia o en el TSJ, tendrá que hacerlo en el Tribunal Supremo a no ser que la senadora renuncie al acta. Lo mismo ocurre en el caso del conocido como Ritaleaks, la investigación sobre los gastos de representación realizados por la exalcaldesa y su antiguo equipo en el Ayuntamiento de Valencia.

El enroque de la exalcaldesa complica la investigación de los fiscales, que tienen que elevar su caso el Supremo hasta para pedirle que declare ante ellos

La más reciente circular de la Fiscalía General del Estado establece que los fiscales pueden realizar pesquisas sobre personas aforadas pero con unas limitaciones. No pueden citarlas a declarar, por ejemplo, sin antes dirigirse al Supremo y están obligados a judicializar en esta instancia cualquier causa relativa a ellos. Barberá sabe que esto es así y ha optado por enrocarse y no dimitir pese a las presiones que ha recibido de su propio partido. Tiene muy cerca el asesoramiento jurídico. Su cuñado José María Corbín es abogado de una de las imputadas, la secretaria del grupo municipal y persona de la máxima confianza de Barberá, Carmen García Fuster. Corbín está casado con Asunción Barberá, que fue jefa de gabinete de su hermana en la alcaldía y que también ha sido señala por algunos asesores en la presunta trama de blanqueo. Según han publicado medios como Valencia Plaza, todos se reunieron en casa de Barberá después de que García Fuster prestase declaración.

La posición de enroque de Barberá complica la investigación de los fiscales Anticorrupción. Si creen que hay indicios contra ella van a tener que suplicar al Supremo y separar su caso de los demás. Entonces será cuando, probablemente, Génova reclamará abiertamente el acta a la que ha sido personaje clave de los populares en la Comunidad Valenciana. Pero ni siquiera esta petición de la dirección de su partido puede que convenza a Rita Barberá para que a sus 67 años termine su carrera política fotografiada como imputada en un juzgado de primera instancia. De momento, se le está poniendo cara de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.