Así es la Feria que ha demandado a Rajoy: 550 millones de deuda y fuentes de 900.000 euros

Feria Valencia, la institución que ha presentado una demanda contra el Partido Popular por el impago del Congreso Nacional que ratificó a Mariano Rajoy en 2008, acumula más de 550 millones de euros de endeudamiento tras la ejecución de un desproporcionado plan de ampliación de instalaciones, iniciado en 2002, que ha desbordado todas las previsiones presupuestarias, y que puede acabar costando a las arcas de la Generalitat valenciana más de 1.000 millones de euros por su condición de avalista.

El recinto está ahora mismo bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción después de que la Intervención General de la Generalitat presentase el año pasado un primer informe previo sobre la gestión realizada hasta 2013 en el que apuntaba la existencia de sobrecostes injustificados y falta de control en las políticas de contratación, incumpliendo de forma reiterada la Ley de Contratos Públicos.

La etapa investigada se corresponde con gran parte de los años en los que estuvo al frente de la institución Alberto Catalá, un empresario afín al expresidente valenciano Francisco Camps y la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que fue sustituido en 2013 por el presidente de la patronal autonómica Cierval, José Vicente González. El relevo fue producto de la intervención de Feria Valencia por parte del empresariado local, la pasada legislatura autonómica, en un intento de poner orden en su gestión económica, reconducir al recinto para que prestase apoyo al tejido productivo valenciano y negociar con el Gobierno regional una fórmula jurídica que permita reconocer su naturaleza pública y, a la vez, agilizar la gestión operativa de los diferentes certámenes que acoge.

Previamente a la presentación de la demanda hubo un procedimiento monitorio, pero Génova se resiste a hacerse cargo de la factura

En esa clave de profesionalización de gestión se enmarca el intento de Feria Valencia de reclamar a Génova el pago de la factura de 580.000 euros por la convención que ratificó por primera vez a Mariano Rajoy al frente del Partido Popular, tras el dedazo inicial de José María Aznar de 2004. Tras finalizar el XVI Congreso Nacional, nadie se hizo cargo del coste del alquiler de espacios y servicios prestados por Feria Valencia. En 2014, los nuevos gestores, liderados por González, iniciaron un procedimiento monitorio para exigir el pago de los fondos que, ante la resistencia de Génova a aceptar el pago, desembocó a principios de noviembre en la presentación de una demanda civil en los juzgados de primera instancia de Madrid.

Feria Valencia quiere que declaren todos los integrantes del comité organizador, entre los que figura el extesorero Luis Bárcenas. El anterior gerente, Cristóbal Páez, fue quien negoció las condiciones de arrendamiento de la Feria, según relata la demanda. Pero también participaron en la supervisión del montaje de las instalaciones altos responsables populares en esa época como el propio Francisco Camps.

La espectacularidad del congreso popular iba en sintonía con los excesos de la época. Un derroche del que Feria Valencia fue víctima apenas dar comienzo las obras de ampliación en 2002, cuando Eduardo Zaplana aún era presidente autonómico. De los 325 millones de euros de coste de las obras inicialmente presupuestados se pasó a más de 587 millones. El primer tramo se financió con cargo a créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y con una emisión de obligaciones. La segunda parte corrió a cargo del propio BEI y de entidades como Dexia, Depfa, Bayern o el Instituto de Crédito Oficial.

En paralelo, Feria Valencia suscribió convenios con la Generalitat que la convertían en avalista de las operaciones. Como el recinto no tiene capacidad de generación de ingresos suficientes, es la Administración autonómica la que año tras año se hace cargo del grueso de los vencimientos de deuda, que no finalizan hasta 2029. El pasivo exigible actual de Feria Valencia entre deuda a largo y corto plazo es de 550 millones de euros. “Tanto la evolución de la cifra de negocios (superficie de exposición facturada), los resultados de explotación, así como la comparación con Ifema muestran una escasa incidencia de la inversión realizada con los resultados de Feria Valencia y en la mejora de su capacidad de respuesta ante los efectos de la crisis económica actual”, cuestiona el informe de la Intervención de la Generalitat, definitivo y ya con las alegaciones correspondientes, al que ha tenido acceso El Confidencial. Feria Valencia perdió el año pasado 5,8 millones de euros.

Los empresarios locales tomaron el control hace más de dos años para tratar de reconducir el recinto y ponerlo al servicio del tejido productivo regional

El informe no solo pone en cuestión la dimensión de la ampliación ejecutada. También señala irregularidades importantes en la contratación y advierte sobre excesos y sobreprecios en elementos de la construcción, incluido el hormigón empleado. Pone el foco, por ejemplo, en la compra por 2,6 millones de euros de muebles por decisión de la que fue directora de la Feria Belén Juste, que ahora finaliza mandato como diputada en el Congreso, “contratados directamente bajo pedido al proveedor y sin solicitar otro presupuesto”. Este es uno de los casos que estudia la Fiscalía.

Sobrecostes de hasta el 160%

Otro dato llamativo es el de las fuentes. Feria Valencia gastó más de nueve millones de euros en construir fuentes en la explanada que da acceso a los pabellones. Alguna de ellas llegó a costar más de 900.000 euros. El informe registra sobrecostes de más del 160% y apunta, por ejemplo, que se pagaron lotes de sillas con precios de más del 800% por encima de mercado.

La trama Gürtel tampoco es ajena a Feria Valencia. Uno de sus cabecillas, Álvaro Pérez, arrancó un contrato de prestación de servicios de promoción e imagen para su empresa Orange Market por el que llegó a facturar 800.000 euros. El expresidente de Feria Valencia Alberto Catalá aparece en varias ocasiones en las conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía entre 2008 y 2009 como una persona a la que la trama trataba de involucrar en sus negocios.