El posible ‘paseíllo’ de Chaves y Griñán por los ERE en campaña inquieta al PSOE

El caso ERE sigue siendo una herida abierta en el PSOE que tardará muchos años en cicatrizar. Por el daño general a las siglas socialistas de un presunto fraude millonario, por cuestionar una forma de hacer política durante más de una década en Andalucía y por el peso político de los nombres propios afectados en la causa. Aunque la versión oficial diga que tanto mediática como electoralmente el caso está amortizado, en Andalucía, y más allá de Despeñaperros, pronunciar la palabra ERE sigue sacudiendo los cimientos del partido.

A las puertas de la campaña electoral, la posibilidad de que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán sean llamados a declarar por la juez Ángeles Núñez Bolaños ensombrece el rostro de muchos dirigentes. Los socialistas están convencidos de que no hay campaña electoral sin una “bomba” de los ERE y en privado se muestran convencidos de que conforme el caso Bárcenas y Gürtel cerquen a la cúpula del PP se repetirán “las presiones políticas” en los juzgados sevillanos. La marcha de Mercedes Alaya ha relajado el tono pero no ha cambiado esta percepción ni ese temor en las filas socialistas.

A principios de octubre y tras la renuncia al escaño de José Antonio Viera, el Supremo decidió devolver la causa al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde hay diligencias abiertas desde hace más de cuatro años. La competencia plena es ahora de la juez Núñez Bolaños, tras aprobar por unanimidad el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial la marcha definitiva de Mercedes Alaya. Junto a la titular queda el juez auxiliar Álvaro Martín, quien fuera mano derecha de la anterior instructora. Fuentes judiciales explican que no está claro que Chaves, Griñán y el exconsejero Gaspar Zarrías tengan que volver a prestar declaración tras una exhaustiva comparecencia en el Supremo donde acabaron imputados por un delito de prevaricación administrativa. Distinto, añaden varios abogados consultados, es el caso de Viera, sobre el que además pesa la imputación de malversación de fondos públicos.

La juez no ha incluido a los responsables políticos más relevantes del caso entre los citados en las próximas semanas. “No sería lógico que fueran llamados a declarar en los próximos dos meses, cuando ya hay citaciones pendientes”, advierte un letrado de la causa. Según ha podido saber El Confidencial, los abogados de los expresidentes no recibieron hasta el viernes una notificación oficial del Supremo de envío de la causa a Sevilla. Hasta esta semana, como muy pronto, según fuentes del caso, no se materializará ese traslado. A partir de ahí, señalan fuentes judiciales, el juzgado deberá notificar la recepción de la causa y desde entonces “dependerá de la celeridad que quiera darle la juez sin dejar de tener en cuenta que ya han declarado ante el Tribunal Supremo”. Por esta razón, explican, ninguno de los abogados que representan a los expresidentes y exconsejeros han movido ficha al respecto ni han pedido el fin de la instrucción para que sus defendidos pasen a ser juzgados de una vez.

Lo más llamativo, según coinciden varias fuentes judiciales del caso, ha sido hasta el momento el papel de la Fiscalía Anticorrupción, que no se ha pronunciado todavía sobre el fondo de la imputación de los exdirigentes socialistas. Más allá de las intervenciones del representante del Ministerio Público durante los interrogatorios en el Supremo, donde en diversas ocasiones formuló a los imputados duros reproches sobre el presunto fraude, no ha existido todavía un posicionamiento por escrito sobre el fondo de los delitos que se le atribuyen a los expresidentes. En su momento, cuando la juez Alaya envió al Supremo su exposición razonada para que el Alto Tribunal asumiera la causa, la Fiscalía eludió pronunciarse sobre el fondo del procedimiento, pero sí apoyó que Madrid asumiera la investigación de los aforados y los imputara.

“Que acabe ya y cuanto antes mejor”. Esta es la respuesta más repetida cuando se pregunta en la cúpula del PSOE sobre la instrucción del presunto fraude que investiga el reparto de 855 millones de fondos públicos durante una década. La división del caso en tres piezas a manos de la nueva instructora y atendiendo la petición de Anticorrupción, podría agilizar la causa. Cada pieza, intrusos en las pólizas de prejubilaciones, sobrecomisiones a sindicatos y aseguradoras y la parte de responsabilidades políticas, podría a partir de ahora llevar un recorrido distinto. Sin embargo, los abogados admiten que aún hay investigaciones abiertas que podrían ser clave e impiden trocear realmente la causa. El principal foco está ahora puesto en el ERE de la Faja Pirítica de Huelva, cofinanciado por el Gobierno central y la Junta, y donde la Guardia Civil localizó más de 300 intrusos que se habían beneficiado de pólizas que no les corresponderían por su categoría laboral o directamente por no estar vinculados a la empresa minera. Si en ese procedimiento se señala ilegalidad, las imputaciones políticas podrían trascender a la propia Junta de Andalucía y llegar al Gobierno de la Nación. Si por el contrario las investigaciones apuntan a que el sistema era legal y se colaron intrusos, la enmienda a la totalidad al sistema de los ERE formulada por Alaya, quedaría en entredicho. Y las responsabilidades políticas en el diseño del fondo de ayudas, advierten fuentes del caso, también.

Los socialistas admiten que el caso es ya casi “una tortura”. Aunque el delito de prevaricación administrativa que se les imputa a Chaves, Griñán y Zarrías no conlleva penas de cárcel sino de inhabilitación y todos están ya forzosamente retirados de la política, nadie duda de que una condena firme sería un “terrible mazazo”, en palabras de un dirigente del partido. “Se trata del honor y el nombre de referentes del partido, eso no puede negarse”, admite otra voz de la actual dirección del PSOE andaluz. Mientras, los expresidentes siguen su vida alejados lo máximo posible del foco público. Griñán enfrascado en la redacción de una biografía que acumula ya más de 600 páginas. Chaves dedicando a su familia el tiempo que le restó la vida pública. “La condena”, dice un veterano que fue amigo del expresidente, “ya la están cumpliendo”.