El Gobierno presenta los PGE 2016 como los 'únicos posibles' y anuncia menos impuestos

Lo ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la presentación del proyecto de ley de Presupuestos para 2016: “Quién quiera modificar los Presupuestos tendrá que explicar por qué lo hace”. O dicho de otra manera, según Montoro, la política de austeridad es “la que nos está sacando de la crisis”, y quien quiera cambiarla debe explicar las consecuencias. El Gobierno, asegura el titular de Hacienda, está realizando “la misma política” que se hizo antes de 2004, en tiempos de Aznar.

Montoro se refiere, lógicamente, a lo que puede suceder en la política económica tras las elecciones generales de noviembre-diciembre, y el principal argumento del Gobierno es, precisamente, que su política económica es la que permitiría que España recupere al final de la próxima legislatura los niveles de empleo que tenía antes de la crisis, algo más de 20 millones de ocupados. Justo lo contrario, dice Montoro, de lo que ha sucedido en otros países, como Grecia.

Para Montoro, esa estrategia fiscal pasa por seguir bajando los impuestos. En concreto, el Impuesto sobre la Renta, aunque también Sociedades, algo que ya está previsto. No ha dado detalles, pero si hay un compromiso del Gobierno de mantener el gasto público en niveles del 37-38% del PIB. Es decir, no aumentar la presión fiscal aunque crezca la recaudación por la mayor actividad económica. Una mayor actividad que permitirá que, por primera vez, desde 2007, España alcance superávit presupuestario. Es decir, sin el pago de intereses.

Y no sólo eso, España saldrá del procedimiento de déficit excesivo gracias a que el desequilibrio fiscal se situará en el 2,8% del PIB. El Gobierno, en todo caso, mantiene la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio durante 2016, y promete bonificaciones al 100% desde 2017..El argumento que se da es que se hace “en aras de contribuir a mantener la consolidación de las finanzas públicas”.

Más déficit del previsto en 2017

El presupuesto consolidado de ingresos para el año 2016 asciende a 299.035 millones de euros. La reducción del déficit, sin embargo, no será tan rápida como lo previsto inicialmente. El Gobierno ha incluido en el proyecto de ley de Presupuestos de 2016 una revisión al alza de tres décimas, hasta el 1,4%, en el déficit previsto para el año siguiente.

Las tres décimas adicionales de objetivo de déficit, sostiene Hacienda, se han repartido entre las comunidades autónomas, a las que se les asigna un déficit del 0,1%, y la Seguridad Social, con un déficit del 0,2%. En el caso de la Seguridad Social, este nuevo objetivo está relacionado con el carácter estructural del gasto en pensiones. Y en el caso de las comunidades autónomas, el objetivo es suavizar su senda de ajuste hacia el equilibrio presupuestario. Quedarían, por tanto, inalterados los objetivos de estabilidad de la Administración Central y las Corporaciones Locales.

El gran capítulo de ahorro del Estado, junto a la carga financiera, vendrá de la mano del desempleo. Tanto por la creación de puestos de trabajo como por el agotamiento de las prestaciones en parados de larga duración.

Los créditos destinados a atender la política de desempleo, en concreto, ascienden a 19.820 millones, lo que supone una disminución del 21,7% con respecto a 2015. De este importe, 19.521millones de euros se destinarán al pago de prestaciones y el resto a gastos de funcionamiento. Esto supone una disminución del conjunto de las prestaciones por desempleo por importe de 5.480 millones de euros. Nada menos que medio punto del PIB.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 son los primeros que se presentan desde el inicio de la crisis con un superávit primario de 0,35 puntos de PIB, que resulta de un déficit total de un 2,20% del PIB y una previsión de gasto de intereses en contabilidad nacional de 29.150 millones de euros, un 2,55% del PIB. El objetivo de déficit de 2018 se fija en el 0,3%, debiendo alcanzar las comunidades autónomas y las entidades locales el equilibrio presupuestario, mientras que la Seguridad Social podrá tener un déficit de hasta el 0,1% y la Administración Central del 0,2%.

En lo que concierne al objetivo de deuda para el conjunto de las Administraciones Públicas, comienza a reducirse en 2016 junto con la aparición de superávit primario en el conjunto de las Administraciones Públicas. El Consejo de Ministros fijó el objetivo de deuda en el 98,5% del PIB en 2016, para reducirse progresivamente hasta el 96,5% y 93,2% en 2017 y 2018.

Desde el lado del gasto público, de los 157.191 millones de euros del gasto no financiero estatal, 34.720 millones se destinan a financiar a las comunidades autónomas y corporaciones locales, lo que supone un 22% del gasto total. A la Seguridad Social se destinarán 17.680 millones del presupuesto estatal para financiar las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos y las prestaciones por desempleo. Finalmente, las transferencias a la Unión Europea ascienden a 13.758 millones en 2016, un 9% del gasto total.

A destacar, igualmente, que la dotación en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 para la política de Investigación, desarrollo e innovación civil (I+D+i) incluye créditos por importe de 5.793 millones de euros, un 2,2% más que en 2015. Por lo tanto, algo menos de lo que crecerá el PIB nominal, con inflación. En concreto, un 4%, lo que permitirá aumentar las bases imponibles y reducir la deuda respecto del PIB.

Por encima crecerá el capítulo 1, el destinado a pagar las nóminas del personal al servicio del Estado. Los gastos de personal experimentan un incremento del 4,9% como consecuencia de la actualización al 1% de las retribuciones de los empleados públicos, de la recuperación del 50% de la paga extra de 2012, y del incremento de la financiación del régimen de las mutualidades.

Ingresos públicos

El crecimiento de las bases imponibles de los impuestos será en 2016 alrededor de un punto porcentual superior al de 2015. Además, el impacto sobre la recaudación de la bajada de tipos en la imposición directa será en 2016 de menor cuantía que en 2015.

El Gobierno estima que los ingresos tributarios totales en 2016 ascenderán a 193.520 millones, lo que supone un aumento del 6,2% respecto del avance de liquidación de 2015.

La recaudación total prevista para el IRPF aumentará un 5,5%, el principal impulso a este crecimiento proviene del aumento de las rentas salariales. En el Impuesto sobre Sociedades se prevé un incremento de los ingresos totales del 10%, consecuencia de la evolución favorable del beneficio de las empresas.

Los ingresos por IVA totales crecerán un 4,6% en coherencia con la evolución prevista para el gasto sujeto al impuesto. Y, por último, los ingresos por Impuestos Especiales totales aumentarán un 4,8%. La mayor parte de este incremento proviene del impuesto de mayor recaudación, el Impuesto sobre Hidrocarburos, que subirá un 7,5%.

Otra fuente de ingresos vendrá de la mano de la Unión Europea. El importe del saldo financiero positivo estimado para 2016, derivado de los flujos de ingresos y pagos entre España y la UE, se calcula en 740 millones de euros, por encima de los 305 millones de euros previstos para el ejercicio 2015.